Ceuta y los límites del derecho penal

La película se llama _**Sleuth**_ , _**La huella**_**** en España, y solo tiene tres personajes; en el curso de la trama se descubre que el tercero es, en realidad, uno de los otros dos disfrazado con lo que, en realidad, en la película únicamente aparecen dos actores. Esta circunstancia puso en un curioso brete al director, **Joseph L. Mankiewicz** : si en los títulos de crédito iniciales solo aparecía el nombre de dos actores, todos sabrían de antemano que el tercero era ficticio, o uno de los otros dos embozado, con lo que el argumento se destriparía de antemano. Así que al inicio de la película hizo aparecer los nombres de tres actores: **Laurence Olivier** , **Michael Caine** y **Alec Cawthorne**. Este último no aparece en la película; de hecho, **no existe**. Es un nombre inventado, un artificio, un pequeño truco para simular que hay tres actores cuando, en realidad, el drama se desenvuelve únicamente entre dos. Todos los datos que nos llegan estos días, desde los últimos resultados electorales de **Alemania** , pasando por la resolución del Tribunal Supremo quitando el derecho al voto a centenares de miles de españoles, hasta las desoladoras consecuencias de la crisis de **Ceuta** (como la generalización de las agresiones fascistas, que en su impunidad alcanzan por igual a niños, periodistas y _pandeireteiras_) nos muestran una triste evidencia: **a Feijóo se le está poniendo cara de Alec Cawthorne**. En las próximas elecciones podrán aparecer, como en aquella película, tres personajes pero en realidad el relato se ventilará entre dos actores: entre Vox y el PSOE, entre la perfecta ultraderecha y la democracia imperfecta. El tercero en discordia es el mismo segundo disfrazado, un actor inexistente, sin discurso propio, convertido en una máscara, en un _**míster Celofán**_**invisible e indistinguible** a estas alturas del segundo actor que se esconde entre sus pliegues, apoyados ambos en potencias extranjeras y en la escuadra judicial para lograr la destrucción de esta idea feliz que es Europa como reducto de estados sociales y democráticos de derecho. Los desoladores acontecimientos de Ceuta, que ha dejado a centenares de inmigrantes vagando por la ciudad, no ayuda. Era importante que la derecha civilizada hubiera mantenido una cierta serenidad de juicio ante el reto mayúsculo que suponía el asalto, pero se ha dejado llevar por el **huracán de malismo y deshumanización** que nos sofoca. Un huracán que, como también era previsible, nos ha traído encima de la mesa a la Audiencia Nacional, que se ha apresurado a iniciar un procedimiento penal para investigar los hechos. El inicio de este procedimiento penal, recordarán, fue algo atrabiliario. Eso de encargar un informe a la Guardia Civil con instrucciones de no decir nada a sus superiores ya resultó un tanto inquietante: puede tener sentido que un juez le diga a la policía judicial que no pase borradores de su trabajo a sus jefes, pero es un despropósito, francamente, que les ordene ocultar a sus mandos lo que saben, sobre todo en un tema tan importante. Por lo demás, **seguimos sin saber el motivo de esta reserva de sigilo** ; que las decisiones judiciales se expliquen por escrito sigue siendo esencial, aunque es cada vez más habitual que se debatan y se resuelvan de pura palabra, en reservados conciliábulos entre policías y jueces, sin papeles ni abogados ni proceso. Tras el informe policial, la Audiencia Nacional ha abierto formalmente el procedimiento penal. Y la lectura del auto de incoación me plantea una serie de dudas relativas a los límites del derecho penal, frente a las que sinceramente no tengo respuestas. Por no tenerlas, me permitiré divagar para aportar algunos elementos para el debate. Dada su naturaleza de derecho interno, el Código Penal no regula ni se extiende a los actos de otras potencias soberanas; la excepción estaría en los crímenes de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra, donde el derecho interno ha ido trasponiendo normativa internacional que regula estos crímenes, los más horrendos. Pero dejando aparte estos, los actos soberanos de otros países no se castigan en España como delito. Podrá sorprender, pero el Código Penal no contempla como ilícito el hecho de declarar la guerra a nuestro país. No lo es, porque se trata de actos de gobierno que quedarían fuera del ámbito de nuestro enjuiciamiento penal. Como tampoco comete delito el soldado extranjero que, integrado en las tropas de su país, pelea contra nosotros; es otra dinámica. Si alguien nos declara la guerra, lógicamente, el Estado debe dar la respuesta que el desafío merece, respuesta que no pasa, entendamos, por abrir una causa penal contra el rey del país enemigo o contra sus tropas. Tampoco sería delito, y aquí ya nos adentramos en aguas pantanosas, el hecho de invadir España; no está previsto en nuestro Código Penal. No recuerdo que ningún pastor marroquí fuese castigado por invadir Perejil. Tal vez, si la invasión hubiera sido violenta, con tanques y tropas de infantería, podríamos estar ante un delito de agresión, en proceso de consolidación en la legislación internacional. Pero no habiendo tropas ni armas sino tratándose de una invasión no violenta, **¿de qué delito estamos hablando?** El Código Penal castiga en su artículo 318 bis a quien ayuda a un extracomunitario a entrar en España; es un **delito de contornos éticos oscuros** , pero **que podría encajar en la descripción de lo sucedido**. Sin embargo, la Audiencia Nacional no se queda aquí, entendiendo que la gravedad de los acontecimientos excede el hecho de ayudar a unos inmigrantes a pasar la frontera. La magistrada incluirá correctamente el **delito de homicidio** , por las decenas de ahogamientos en la entrada y, perdiendo ya algo de pie, intentará algún otro delito, como el nebuloso art. 590, que castiga a quienes expongan a los españoles a vejaciones o represalias. Pero no es esto. La magistrada opta entonces por traer a colación el art. 163 del **antiguo Código franquista de 1973** , referencia un tanto incomprensible, porque estamos hablando de un**delito que ya no existe**. Aquel delito castigaba a quien pretendiera sustituir por otro al gobierno de la nación o cambiar ilegalmente la organización del Estado, aunque fuera sin violencia. Este delito, propio de una dictadura, sigue existiendo ahora, parcialmente, como **delito de rebelión** , pero exige ya la presencia de un alzamiento violento y público que es difícil advertir en este caso. En definitiva, parece haber un intento de la Audiencia Nacional de ir más allá de investigar la entrada de migrantes, para perseguir lo sucedido como un delito cometido por potencia extranjera, como**un caso de ‘guerra híbrida’** , según dice literalmente. Y es aquí donde me cuestiono sobre los límites del derecho penal, en su conflicto con el ejercicio de soberanía que rige la diplomacia y las relaciones exteriores. Creo honestamente que la magistrada es consciente de estas limitaciones, por lo que la deriva de este procedimiento es tanto más impredecible: da por cierto que gendarmes marroquíes orientaron y guiaron a los inmigrantes, pero rechaza imputar a sus mandos, como se había apresurado a demandarle una de las acusaciones. ¿Cuál es el destino de este procedimiento? ¿Terminará imputando al ministro del Interior marroquí? ¿Por qué no al rey? ¿Dirigirá la acusación contra los inmigrantes, como insinúa el auto? ¿Imputará a las personas que, en Ceuta, están “proveyendo de cobertura”, recursos y “casas seguras” a los inmigrantes, como indica? ¡Qué horror! ¿O terminará todo esto imputando a Marlaska y a Pedro Sánchez por no haber visto venir la entrada masiva de gente? Una imputación semejante provocaría lógicamente un cambio de gobierno; y **no dejaría de ser paradójico que, por mediación de esta Justicia y al pairo de la tempestad ultra, los agresores obtuvieran el resultado delictivo que la propia magistrada advierte como finalidad** : un cambio de gobierno por medios ilícitos. Como digo, no tengo respuestas a nada de esto. Creo que España debería poder gestionar con mucha más eficacia sus relaciones internacionales, reforzando los vínculos con Europa, trazando alianzas de terceros, buscando el entendimiento con sus vecinos. Y nada de esta labor le corresponde al poder judicial. Por lo demás, estemos tranquilos: **Marruecos no ocupará nunca Ceuta ni Melilla**. Le renta más tenerlas ahí, agarradas por el cuello para proseguir su goteo de reclamaciones y exigencias. Tengo para mí que, sin enclaves españoles que defender, España nunca hubiera reconocido la soberanía marroquí sobre el Sáhara. Recuerdo con nostalgia cuando Ceuta era, en la medida de lo posible, una ciudad abierta, en mercado continuo con sus vecinos. Todo eso ha terminado. Hoy, extenuado el modelo capitalista, **los muros de Ceuta marcan la frontera entre dos mundos cada vez más diferentes** , con una insoportable diferencia de renta. Los vientos patrióticos que nos asolan, lejos de solucionar esta brecha cruel entre España y Marruecos, entre Europa y África, nos empujan a elevar los muros, cerrar aún más las fronteras, enclaustrar a sus habitantes en una cúpula de miedo, convertir a Ceuta en Minas Tirith, en una nueva _Diaspar_ bajo una bóveda de cristal y acero, encerrada en sí misma. Una ciudad amurallada, temerosa, aislada y triste. No lo permitamos. _________________ _**Carlos López-Keller**_ _es abogado, especialista en derecho penal. No ha escrito ningún libro._

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El “dividendo de Trump”: la zona gris que separa la compra de votos de las promesas electorales

**Donald Trump** prometió este miércoles, en la convención de mitad de mandato del **Partido Republicano** en Dallas (Texas), un pago único de 5.000 dólares a cada ciudadano estadounidense adulto si los republicanos conservan el control de la Cámara de Representantes y del Senado tras las elecciones del 3 de noviembre. La propuesta, bautizada como “dividendo de Trump”, ha desatado un inevitable debate jurídico y económico. ¿Es una promesa protegida por la libertad de expresión o roza la compra de voto? Si la trasladamos a España, ¿encajaría en el ordenamiento constitucional, electoral y penal? La cuestión central, más allá de la capacidad o no de cumplir esa promesa o de que la medida no se limitaría, tal y como se anunció, a los votantes republicanos, sino que alcanzaría a **todos los mayores de edad,** tiene que ver con la legitimidad de los compromisos que los partidos adoptan en campaña y con que impliquen o no beneficios económicos concretos o que tengan repercusión directa en el bolsillo de los electores. ¿Compra votos en **Almaraz** quien promete no cerrar la central nuclear? ¿Lo hace quien promete subir las pensiones por encima del IPC? ¿O solo se le puede reprochar a quien dice que va a repartir un cheque de dinero contante y sonante? Trump formuló la oferta con una condicionalidad partidista muy nítida: “Si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros y reciben 5.000 dólares”. Añadió una restricción de uso —el dinero debería gastarse dentro de **Estados Unidos,** “no en Canadá, China o Alemania”—, pero no ofreció detalles sobre el mecanismo de distribución, ni de dónde saldrían los fondos. El vicepresidente **J.D. Vance** sugirió después que podría financiarse con ingresos arancelarios, pero los datos disponibles muestran que la recaudación por aranceles desde 2025 ronda los 475.000 millones de dólares, de los que más de 100.000 millones han sido devueltos tras sentencias del Tribunal Supremo que tumbaron parte del régimen arancelario; insuficiente para cubrir un programa de esta magnitud. La promesa de Trump es, en la práctica, casi imposible de cumplir. La aritmética no deja lugar a dudas. Con cerca de 270 millones de adultos en EEUU, el coste se situaría en torno a **1,3 billones de dólares** ; otras estimaciones, con una base de 240-245 millones, arrojan alrededor de 1,2 billones. Por contextualizar: ese importe es comparable a los 1,27 billones que el Gobierno federal ya ha gastado en pagos de **intereses de la deuda** en el ejercicio fiscal en curso, y se produciría en un escenario de déficit federal cercano a los 2 billones y una deuda nacional que supera los 40 billones. Todos los economistas que se han pronunciado sobre esto advierten que un desembolso de este calibre alimentaría presiones inflacionistas y podría empujar al alza los **tipos de interés,** con efectos sobre la financiación futura y el valor del dólar. Pero más allá de las dificultades presupuestarias que implicaría hacer realidad una promesa semejante, la clave es si el “dividendo de Trump” es legal. Y aquí empieza **la zona gris.** No faltan analistas que advierten de que es contrario a la legislación de EEUU. Y quienes dicen lo opuesto. El primer frente legal derivaría del **derecho penal federal**. La norma más citada es la que castiga a quien “haga u ofrezca hacer un gasto a cualquier persona, bien para votar o abstenerse, o para votar a favor o en contra de un candidato”. También se invocan los artículos que prohíben pagar u ofrecer pago “por registrarse para votar o por votar” en elecciones con cargo federal y tipifican prometer beneficios del Gobierno como recompensa por apoyo político. Algunos analistas sostienen que la promesa de Trump encaja como un guante en una promesa de beneficio gubernamental condicionado al apoyo partidista (“si los republicanos ganan el **Congreso** , habrá pago”). Sin embargo, otros subrayan que, tal como se anunció, el pago acabaría en los bolsillos de todos los adultos con independencia de si votan, a quién votan o si se abstienen; por tanto, no habría contraprestación individual a cambio del voto. Desde ese punto de vista, la medida se asemejaría a una promesa de política general (como una bajada de impuestos). Esta segunda visión se apoya en una sentencia del **Tribunal Supremo** de 1982 que distinguió entre promesas amplias de política —legítimas— y la compra de votos —ilegal—. La conclusión es que no sería automático que un tribunal calificase la oferta, llegado el caso, como soborno, pero la formulación explícita (“si los republicanos ganan…”) abre la puerta a un riesgo real de impugnación. En el caso de **España** , nadie ha prometido nunca algo tan específico como un cheque a cada adulto en caso de ganar las elecciones. Pero sí ventajas económicas concretas y perfectamente cuantificables: rebajas fiscales, incrementos de ayudas o de pensiones o mantenimiento de actividades de las que dependen miles de empleos y, por consiguiente, los ingresos de otras tantas familias. La **LOREG (Ley Orgánica 5/1985)** y la doctrina de la **Junta Electoral Central (JEC)** prohíben realizar actos o propaganda que induzcan al voto mediante alusiones a logros o promesas de beneficios directos en periodo electoral. Pero nunca ha reprochado o prohibido a ningún partido hacer públicos compromisos de este tipo. Una fórmula que vincule explícitamente el pago de una determinada cantidad de dinero al resultado electoral (“si ganamos, cobráis”) se acercaría a una recompensa condicionada al apoyo político, susceptible de requerimiento de retirada y, en su caso, de sanción. Pero es un territorio inexplorado sobre el que tendría que pronunciarse la JEC. Los artículos 149 y siguientes del **Código Penal** tipifican los delitos contra los derechos de los ciudadanos a participar en asuntos públicos, incluyendo coacción electoral y compra de votos, sancionando a quien ofrezca dádivas o recompensas para determinar el sentido del voto. Pero en un caso como el del cheque de Trump, hablaríamos de dinero que solo se recibiría después de la votación. No antes, ni restringido a quienes hubiesen votado a un partido concreto. La doctrina penal distingue entre coacción (mediante amenazas o violencia) y compra del voto (pago, promesa de dinero u otra contraprestación). Y no toda promesa de ayuda social se considera ilícita; el riesgo aparece cuando se diseña como contraprestación al voto o al apoyo partidista. Así que la diferencia, según los analistas y los expertos en derecho electoral, no está en que sea “dinero en mano” o “menos impuestos”, sino en la condicionalidad y los requisitos. Si los beneficiarios potenciales se definen por categorías objetivas (tramos de renta, familias con hijos, empadronamiento) y no por haber votado a un partido, la jurisprudencia electoral y constitucional tiende a ver esas promesas como **programa político,** no como soborno. Hay quien, sin embargo, cree que el umbral de ilegalidad se cruzaría cuando la propaganda o el diseño normativo insinúan o establecen que el beneficio depende de un comportamiento electoral concreto (“vótanos y**solo tú** recibirás el beneficio”). Ahí la JEC podría, potencialmente, actuar en periodo electoral y, en supuestos graves, abrirse una vía penal por coacción o compra de voto. Lo cierto es que la propuesta de Trump sigue un patrón de anuncios similares pronunciados con anterioridad y que no se materializaron. A inicios de su segundo mandato, prometió repartir a los estadounidenses los “ahorros” del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado por Musk; esos pagos nunca llegaron. También propuso cheques de reembolso de aranceles de 2.000 dólares en julio y octubre de 2025, que no cuajaron después de que el Tribunal Supremo fallara en contra de su régimen arancelario. Pero, más allá de su viabilidad jurídica o presupuestaria, el “dividendo de Trump” actúa, ante todo, como una**zanahoria electoral:** su función primaria es mover el voto en una dirección, creando un incentivo económico masivo asociado al triunfo del partido y reforzando la narrativa de “si ganamos, vosotros ganáis”. Esa lógica no requiere que el pago sea inmediato, ni siquiera ejecutable. Basta con que la promesa sea creíble para una parte del electorado y domine el ciclo informativo. En ese sentido, opera como un **recurso de movilización** y encuadre: traslada el debate de la gestión a un beneficio tangible, condiciona la expectativa de los votantes al resultado partidista y pone a los adversarios en la tesitura de tener que reaccionar (tachándolo de compra de votos o de inviable) en lugar de marcar agenda propia. En España es habitual que los partidos anuncien en campaña medidas fiscales o ayudas sociales que solo ejecutarán si ganan. La diferencia con el “dividendo de Trump” no está en que haya condicionalidad —siempre la hay: necesitan ganar para cumplir—, sino en cómo se formula esa condicionalidad y si el beneficio se presenta como política general aplicable a categorías objetivas o como recompensa directa al apoyo electoral. Un ejemplo equiparable, que implica ventajas económicas concretas en caso de victoria, fue la promesa de reforma del IRPF del PP si ganaba las elecciones de 2011. En la campaña de 2015, **Mariano Rajoy** fue más allá y prometió una rebaja adicional de “dos puntos por tramo” como parte de un programa de reducción de la presión fiscal que supuestamente se habría ejecutado mediante ley si el PP hubiera renovado su mayoría. En 2019, el PP volvió a colocar en el centro de su programa una bajada de impuestos valorada en 16.000 millones de euros, con una rebaja del IRPF que “afectaría a todos los contribuyentes” y una reducción de tipos que, aseguraban, supondría una rebaja media de 705 euros al año por contribuyente. Por comparar con el “dividendo de Trump”: un _cheque_ de casi 3.000 euros a lo largo de toda la legislatura. En España, las promesas de este tipo, que anuncian ventajas económicas en caso de victoria, se diseñan como parte de políticas generales aplicables a categorías objetivas como rebajas fiscales para determinados tramos de renta o compromisos de subidas de **pensiones** o de las rentas de mínimo vital, que implícitamente tratan de promover un comportamiento electoral concreto. En el caso de Trump, el debate surge porque la retórica (“si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros y reciben 5.000 dólares”) presenta el pago como un _dividendo_ vinculado expresamente al triunfo del partido, lo que alimenta la discusión sobre si es compra de votos o una promesa de política general. Para impugnar una promesa, en teoría, en España basta con que sirva para inducir el voto mediante recompensa o dádiva. Por eso, una fórmula que vincule explícitamente el pago al triunfo del partido (“si ganamos, cobráis”) podría ser impugnada por la JEC en periodo electoral y, en su caso, activar el tipo del **artículo 146 de la LOREG** , aunque el beneficio sea universal en destinatarios. En la práctica, sin embargo, no hay una línea nítida entre una promesa legítima de política (bajada de impuestos, cheques, subidas de pensiones) y una recompensa ilícita.

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Los fiscales que me enseñaron a servir

_“La democracia es la sociedad en la cual no sólo es permitido, sino exigido, el ser persona”_(María Zambrano) Tuve la suerte de que mi primer destino como fiscal, hace ya casi cuatro décadas, fuera Barcelona. No lo supe entonces con la claridad con que lo sé ahora: aquella era una fiscalía-escuela, y sus maestros se llamaban Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena. De ellos aprendimos sucesivas promociones de fiscales que la justicia no es un poder que se posee, sino un servicio público que se presta; que los poderes no pertenecen a quienes los administramos, sino a la soberanía popular; y que el cumplimiento de las obligaciones del fiscal no se reclama: se ofrece. En los juzgados de El Prat de Llobregat, con el barrio de Sant Cosme devastado por la heroína, con las entradas y registros de los fines de semana y los **levantamientos de cadáveres de una generación entera** , entendí lo que aquellos jefes enseñaban con el ejemplo: una fiscalía con los pies en el barro social, al lado de las víctimas que no tienen otro abogado. Con los años he comprendido que aquella escuela no nació de la nada. Venía de lejos: de una tradición española de fiscales que entendieron la justicia como compromiso con los derechos humanos, con la legalidad y con los más vulnerables, y que pagaron ese entendimiento con la vida, con el exilio, con el destierro o con la carrera. Quiero glosar aquí a cuatro de ellos, cada uno referente en su época, porque su historia es la**genealogía de la justicia democrática** que hoy tengo el honor de servir desde la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Francisco Javier Elola Díaz-Varela, primer fiscal general de la Segunda República y magistrado del Tribunal Supremo, fue fusilado en el Camp de la Bota de Barcelona el 12 de mayo de 1939. Su pensamiento asombra por su modernidad: prefería hablar de “poder jurisdiccional” antes que de “poder judicial”, porque concebía la justicia como función y servicio al ciudadano, no como privilegio; y advirtió en las Cortes Constituyentes de 1931 del riesgo de que los jueces llegaran a formar un **poder oligárquico** capaz de imponerse a la democracia. Su rectitud fue transversal: fue apartado como instructor de la causa contra la sublevación de Madrid por aceptar pruebas propuestas por el general Fanjul, porque para él las garantías se debían también al enemigo. Pudo exiliarse y decidió quedarse: entendía que servir al Estado legítimo jamás podría llamarse rebelión. En las notas de defensa que el consejo de guerra le incautó dejó denunciada la “justicia al revés”: acusar de rebeldes a los servidores de la legalidad desde el poder nacido de un alzamiento en armas. Murió, como él mismo dejó escrito, pobre por honrado. Cuando en 2023 la Fiscalía General del Estado acogió la presentación del libro en su memoria (Tirant lo Blanc, 2024), dije que como país tenemos con él una deuda que estamos obligados a saldar. La Ley 20/2022 ha declarado radicalmente nula la condena que lo asesinó; pero la deuda solo se saldará cuando su nombre y su doctrina formen parte de la conciencia de cada fiscal español. Siendo ministra de Justicia descubrí, al servicio del Estado, la verdadera dimensión de un fenómeno que creía conocer: el exilio español. Y en él, la figura de José Luis Galbe Loshuertos, fiscal del Tribunal Supremo de la República, aragonés, periodista y poeta, pero sobre todo fiscal. Sus memorias, rescatadas por el historiador Alberto Sabio, son el gran testimonio del esfuerzo por sostener la justicia reglada en el verano del terror de 1936: proceso, prueba, defensa y sentencia frente a la venganza; protección de los presos –incluidos los enemigos– frente a las sacas; juicios saldados con absoluciones en plena guerra, lo contrario exacto del **sumarísimo franquista que era antesala del paredón**. Sabía, con Pascal, que la justicia sin la fuerza es impotente y la fuerza sin la justicia, tiránica. Pagó su lealtad con la arena y la alambrada de Saint-Cyprien y con 45 años de exilio en Cuba, donde fue catedrático, director de Prisiones y diplomático, y donde murió en 1985 sin volver a pisar España. Lo que Cuba ganó es lo que España perdió: la medida exacta de la amputación que el franquismo infligió a nuestra cultura jurídica. Por eso la Ley de Memoria Democrática reconoce a los exiliados como víctimas y consagra su día de homenaje: porque el destierro también fue exterminio. El 24 de octubre de 2019, delante de la fosa con el nombre del dictador, en el momento de su exhumación y expulsión del Valle de Cuelgamuros, antes de los caídos, pensé en estos dos fiscales. Mis maestros directos recogieron ese testigo bajo la **dictadura**. Carlos Jiménez Villarejo, fiscal en Barcelona desde 1962, cofundó en 1968 la asociación clandestina Justicia Democrática, que documentaba la tortura y apuraba los resquicios garantistas de las leyes para proteger a los detenidos; en 1973, por oponerse a la actuación policial ilegal contra la oposición democrática, fue castigado con el traslado forzoso a Huesca, con un informe de la Brigada Político-Social como aval. José María Mena, fiscal desde 1964, pidió en Tenerife penas de prisión para los empresarios responsables de la muerte de catorce trabajadores y fue trasladado forzosamente; **militó en la clandestinidad** y fue desterrado a Lleida en 1972 por las leyes franquistas. Ambos fueron después repuestos en sus destinos: la dictadura pudo desterrar a sus fiscales demócratas, pero no doblegarlos. En democracia hicieron historia juntos. En 1984 sostuvieron la querella de Banca Catalana contra el poder político más consolidado de Cataluña, un enfrentamiento encendido que terminó en un sobreseimiento en el que pesaron los acuerdos políticos al más alto nivel; el tiempo acabaría dándoles la razón. Jiménez Villarejo dirigió la fiscalía de Cataluña y en 1995 puso en pie la primera Fiscalía Anticorrupción, de la que fue cesado en 2003 siendo número uno del escalafón: respondió con la **jubilación voluntaria** , la protesta del que no acepta servir a una institución degradada. Mena, teniente fiscal responsable de la lucha contra la droga –donde coincidimos– y después fiscal jefe de Cataluña entre 1996 y 2006, lideró aquella fiscalía con coherencia, creando escuela. Y ambos dejaron doctrina que sigue interpelándonos. Mena, su deontología entera en una frase: “la honestidad profesional, anteponiendo lo justo a lo lucrativo, es inseparable de un uso digno de la herramienta del Derecho”; y su denuncia de que el trato a las víctimas sigue siendo la asignatura pendiente de nuestra justicia, que añade una **segunda victimización a la del delito**. Jiménez Villarejo, su demoledor análisis de 1981 sobre el sistema penal selectivo: eficaz contra el delito tradicional, casi inactivo frente a la delincuencia socioeconómica y los “homicidios blancos” –en 1978, de casi ciento treinta mil accidentes laborales en Barcelona, la justicia penal apenas conoció unas docenas–; y su exigencia de que jueces y fiscales cumplan los artículos 53.3 y 9.2 de la Constitución, protegiendo los derechos sociales y la igualdad real, porque solo así la justicia responde a su fundamento en la soberanía popular. Suya es también la demostración técnica de la nulidad radical del Bando de guerra de 1936 y de los consejos de guerra franquistas: el cimiento doctrinal sobre el que la Ley 20/2022 pudo declarar nulas aquellas condenas, empezando por la de Elola. Hay en el magisterio de Mena una lección más, especialmente necesaria en este tiempo: su **crítica de la judicialización de la política** y del uso torticero de los tribunales. Para erradicar esa patología, enseña, lo primero es que la política eleve sus niveles de honestidad y abandone la práctica –común a todos los colores– de alabar a los tribunales cuando les son favorables y denostarlos cuando no lo son; preservando siempre el derecho a la crítica, incluso desacertada, advierte que la mayor parte de las instrumentalizaciones se dirigen precisamente contra actuaciones correctas que incomodan a quien tiene poder. Y coherente con esa independencia intelectual frente a todos, no dudó en censurar la expansión analógica de los tipos penales con fines políticos, como la construcción de una sedición donde no cabía imputación alguna o la instrumentalización de los delitos de odio, nacidos para combatir la homofobia y el racismo. Esa es la vara de medir de un fiscal libre: la misma exigencia de legalidad frente al amigo y frente al adversario. Esta tradición fiscal confluyó con la judicial en momentos decisivos. En octubre de 1996, Jiménez Villarejo suscribió con el juez Baltasar Garzón y con cinco magistrados y fiscales europeos –Bertossa, Bruti Liberati, Colombo, Dejemeppe, Van Ruymbeke– la Apelación de Ginebra, un hito europeo: frente a la Europa de los **paraísos fiscales y del secreto bancario** que recicla el dinero de la droga, del terrorismo y de la corrupción, reclamaron un verdadero espacio judicial europeo, con comunicación directa entre jueces sin interferencia de los ejecutivos y levantamiento del secreto bancario. Todo el Derecho europeo posterior contra el blanqueo y el crimen organizado, hasta la Fiscalía Europea, está en germen en aquellas páginas. Y en 2008, los autos del Juzgado Central de Instrucción número 5 –el de 16 de octubre, que documentó 114.266 víctimas de desaparición forzada y calificó los crímenes del franquismo como crímenes contra la humanidad, y el de 18 de noviembre, que, extinguida por fallecimiento la responsabilidad penal de los máximos responsables, se inhibió en favor de los juzgados territoriales de las fosas para que la **tutela de las víctimas** continuara– dejaron establecido un principio que hoy guía mi trabajo: la muerte de los verdugos no extingue el deber del Estado de buscar a los desaparecidos y establecer la verdad. Jiménez Villarejo fue experto de aquel sumario. Y por instruirlo, a instancias de la acción popular de Manos Limpias y de Falange Española –los herederos de quienes fusilaron a Elola–, el juez fue procesado, suspendido e inhabilitado. En los procesos judiciales seguidos contra Baltasar Garzón Real, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en dictamen adoptado por unanimidad de sus dieciocho miembros, declaró que aquellos procesos (contra quien es hoy mi pareja) fueron arbitrarios, parciales, carentes de previsibilidad penal respecto de la conducta imputada y sin doble instancia. Es el pronunciamiento que Elola pidió ante sus verdugos y nunca obtuvo. Noventa años separan el paredón del Camp de la Bota de la inhabilitación de 2012; el patrón que los une debería avergonzarnos como país. Hoy, desde la Fiscalía de Sala creada por la Ley 20/2022, investigo las graves violaciones de derechos humanos del golpe, la guerra y la dictadura, y procuro que el derecho de las víctimas a la verdad y a la investigación sea una realidad y lo estamos consiguiendo. No concibo esta tarea sino como continuidad de la labor y la convicción de Elola, de Galbe y todos los juristas asesinados, exiliados y desterrados por servidores públicos y demócratas; de Mena y Jiménez Villarejo, mis maestros, con el reconocimiento de haber mantenido encendida, en la clandestinidad y en la democracia,**la llama de una fiscalía al servicio de la sociedad**. A las nuevas generaciones de fiscales quiero dejarles estos cuatro nombres como referentes. De ellos aprendí que**la independencia no es asepsia ni blindaje corporativo, sino compromiso** , independencia frente a todos los poderes y permeabilidad total frente al sufrimiento social, independencia fecundada de sociedad y de humanidad. Que la preparación técnica ha de ser constante. Que la honestidad es innegociable. Que las víctimas –las del delito común, las del crimen organizado, las de la corrupción y las del Estado– son la razón de ser de nuestro oficio. Y que la fuerza de la convicción en la justicia, la que enseñaron maestros como Fernando de los Ríos y Jiménez de Asúa, acaba marcando el camino, aunque el precio sea la vida, la patria, el destino o la toga. Ellos cumplieron ofreciendo lo que nadie les reclamaba. Esa es la medida de los referentes: no lo que exigieron, sino lo que dieron. Saldar su deuda es, sencillamente, parecernos a ellos. _*Dolores Delgado García es Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Fue ministra de Justica y fiscala general del Estado._

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La teoría de los dos textos

Encontrar una fuente de contraste no siempre es fácil. Una vez dispones de una fuente que te da información con sustancia, solo puedes reproducirla si la fuente tiene tal crédito que, sin necesidad de someter la información al principio de contradicción, puedes difundirla; eso sí, citando expresamente a esa fuente de autoridad. Carl Sagan escribió en su libro _El cerebro de Broca_ (1979) —aquí no tenemos problemas en repetir los mandamientos del oficio todas las semanas— que **“las afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias”**. Porque aplica al caso el principio de contradicción, que señala que una afirmación no puede ser verdadera y falsa a la vez. Conocemos el caso reciente, ya comentado aquí, del periodista Seymour Hersh y su novelón sin fuentes acreditadas ni contraste sobre los atentados contra el gasoducto Nord Stream, que podemos titular “Hombres rana de Panamá en el Mar del Norte”. La **autoridad de la fuente** , que debe ser citada, es pues el **único parapeto bajo el que cabe difundir una información sin necesidad de contrastarla con una fuente ajena** y eventualmente contradictoria. Y en eso descansa el periodismo que sigue los movimientos judiciales, en que basta con decir “tal juez emite un auto que dice tal o pascual”. En principio, nada que objetar. Pero, ¿estamos seguros? Veamos. En sentido estricto, un periodista que reproduce una decisión judicial, un auto, una sentencia, unas cautelares... sí tiene una fuente de contraste disponible sin mover un dedo.**La ley**. Los estudios de periodismo —ese intento voluntarista por convertir en profesión un oficio— solían incluir muchos años de Derecho y de una asignatura llamada **Pensamiento Político** que no era más que filosofía del Derecho (de Platón a Karl Smith pasando por René Descartes, Immanuel Kant, John Suart Mill o Karl Marx). En el temario estaba, por supuesto, el derecho constitucional, pero también el derecho internacional, el derecho comunitario e incluso el derecho autonómico, y la articulación de todos ellos en jerarquías estrictas. Es decir, que no hay coartada para reproducir a un actor judicial sin abrir los manuales de Constitución, Derecho Procesal, Derecho Penal o Filosofía del Derecho y ofrecerle al lector **una fuente de contradicción**. El punto de partida es simple: “El juez dice patatas, pero ¿qué dice la norma?”. Ustedes no han visto a nadie hacerlo, pero algunos lo hacíamos. Y lo hacemos. Por eso dejamos negro sobre blanco, sin temblor de piernas, que los juicios y sentencias del _procés_ , de Alberto Rodríguez o del fiscal general del Estado son algunos de los exitazos del Tribunal Supremo _marchenista_ contrarios al Derecho (español, comunitario e internacional) y a la verdad patente. Así que el reclamo que nos alcanza, en este caso, es cómo se pueden publicar las cautelares del Supremo respecto a la llamada Ley de Nietos sin contrastarlas con las leyes y no decir que España ha dejado de ser, de facto si no de iure, una democracia liberal. A menudo habrán leído que la democracia española —y todas las posteriores a la II Guerra Mundial— es garantista. Pero,**¿qué significa que una democracia es garantista?** Pues que **funciona con el principio de mínima intervención**. El liberalismo democrático establece el principio de mínima intervención del Estado —no particularmente en la economía, como repiten los depredadores, sino sobre todo en todo lo que afecta a las libertades individuales y los derechos civiles—, lo que significa, por ejemplo, que todo lo que no está expresamente prohibido, está permitido. Por eso el liberalismo democrático abjura de los códigos penales extensos o de tipos penales de redacción ambigua, que abren la puerta a la arbitrariedad judicial. Por eso –seguimos con los ejemplos– se aplican principios que limitan la acción penal del Estado, como el principio de irretroactividad de la ley penal (no puedes ser condenado por un comportamiento que no era delito cuando fue cometido, aunque lo sea cuando eres juzgado) y su inverso, el principio de **retroactividad benigna** (si estás condenado por un delito y una reforma del código penal mejora o relaja la pena para esa conducta, o la despenaliza, tienes derecho a acogerte a ese beneficio). Y por eso cualquier grieta de duda debe tumbar una causa penal, porque ese Estado debe probar, sin margen de duda e independientemente de cuál sea su convencimiento íntimo, la comisión de un delito. Ese es el _**in dubio pro reo**_ , que supone que si no hay pruebas fehacientes de la comisión de un delito por una persona específica, no cabe condena. Habrán oído hablar del _in dubio pro reo_ porque el atropello patente de este principio del Derecho le costó la carrera al fiscal general, Álvaro García Ortiz, sentando nuevos principios, desconocidos para la ley occidental, en el modus operandi del Tribunal Supremo. Pero sabemos que el _in dubio pro reo_ también fue vulnerado de forma palmaria en casos tan dispares como el de David Sánchez o José Luis Ábalos (al que nunca encontraron las perras, que **es como condenar a alguien por asesinato sin cuerpo ni arma**). Podríamos seguir todo el día, pero creo que se entiende. Este principio garantista es especialmente exigente con los derechos fundamentales. Por eso fue tan grave la **operación de hostigamiento del judicial al legislativo** , del presidente entonces del Supremo, Manuel Marchena, a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para retirar el acta de diputado al canario Alberto Rodríguez, tras condenarlo por un delito sin pruebas. En lugar de poner el cuerpo delante de la bala, la presidenta del Congreso temió ser procesada y retiró el acta al diputado, con lo que consolidó la violación flagrante, no ya del derecho pasivo de sufragio del diputado Rodríguez, sino del derecho de sufragio activo de 64.162 canarios que lo habían votado como su representante en las Cortes. Una de las muchas imágenes que uno ha robado a Enric Juliana es la de la rotura del precinto. La aplicación del artículo 155, la persecución a Podemos, la condena de Alberto Rodríguez, la condena a Álvaro García Ortiz… desde la rotura del precinto, **altas magistraturas españolas operan fuera del Derecho y de la Constitución** , van campo a través aplicando lógicas que ellos piensan imbatibles, sin que nadie les pinte la cara. Y, al igual que un adolescente que llega el viernes diez minutos tarde a casa y ve que no pasa nada, el fin de semana siguiente llegará hora y media tarde, los togados españoles cada día van un paso más allá en su vocación de soliviantar el derecho escrito e inventarse uno particular para sus propósitos políticos, que son emancipar el Estado de la brida de la democracia. El último episodio es el de la cautelar del Supremo que suspende el derecho de sufragio de las decenas de miles de descendientes de huidos del franquismo a los que se ha reconocido la nacionalidad. **La supresión de derechos como el sufragio ya es gravísima en una sentencia firme** , pero es que en este caso, el ponente, un tal Narváez —que cuentan por Madrid que con el segundo pacharán se destapa como más de derechas que el grifo del agua fría—, ha decidido esa supresión de derechos para miles y miles de personas en una medida cautelar que ni siquiera resuelve el fondo de la cuestión porque —lo de los togados y los juicios de valor es de no creer— puede contravenir “el deseo de los españoles”. El deber del periodista de judicial trasciende a la obligación de leer el auto y reproducir entrecomillados, porque no somos el gabinete de prensa de ninguna institución, y exige sacar la ley y leerla. En el actual brete, en el que estamos asistiendo a un cambio de régimen en tiempo real —por todo lo antedicho, es obvio que ya no somos una democracia garantista—, no es negociable ese deber de nuestro oficio de plantear la contradicción de los dos textos, el auto y la ley. Sé que somos un oficio de vagos y canaperos, pero**tenemos que empezar a ser más exigentes con nuestra forma de hacer** , porque los enemigos de la democracia —ya lo ven— van como pollo sin cabeza.

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Pueblos en pie de guerra contra la industria del biogás en Castilla y León

Guijuelo, Machacón, Doñinos, Castellanos de Villiquera, El Cubo de Tierra del Vino, Corrales del Vino, San Cebrián de Castro, Santovenia del Esla, Laguna de Negrillos, La Antigua, Valencia de Don Juan… Son pueblos de las provincias de **Salamanca** , **Zamora** y **León** , pueblos por los que un conductor que circule por la autovía A-66 iría pasando conforme avanza hacia el norte. Paralela a esta carretera, soterrado, avanza **uno de los principales gasoductos de España**. Su presencia explica que en este eje haya puesto sus miras una de las industrias que más apuesta por Castilla y León en los últimos años, la de las energías renovables. La del biogás, en concreto, un método de producción de gas que aprovecha los residuos, fundamentalmente los ganaderos, para sacar de ellos un rendimiento. **Una oportunidad, dice la industria. Un castigo, dicen muchos vecinos**. **Castilla y León** es una de las comunidades de España con **más proyectos en marcha**. Según plataformas ciudadanas como Zamora en Pie, Castilla y León tiene alrededor de un centenar de proyectos de plantas de biogás en diferente estado de tramitación a lo largo y ancho de todo su territorio. No es fácil dar cifras concretas porque "una de las características de estos proyectos es que son muy opacos". Quien habla es Jenaro Leal, vecino de Santa Clara de Avedillo (otro pueblo de Zamora con plantas de biogás en el horizonte) y portavoz de la federación ciudadana. Los proyectos siguen llegando a las oficinas de la Consejería de Industria y siguen viendo la luz en el Boletín Oficial de Castilla y León ante la desesperación de estos colectivos, que exigen a la Junta que apruebe "de una vez" el **Plan Regional 2024-2034**. Un documento, explica Leal, que debe fijar distancias, ubicaciones y requisitos técnicos de estas plantas. La Consejería de Medio publicó en septiembre de 2024 el Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico del Plan Regional de Ámbito Sectorial del Biogás 2024-2034. El documento establecía un plazo máximo de nueve meses para elaborar el estudio y someterlo a información pública junto con la versión inicial del plan. **El plazo venció en junio de 2025 sin que hubiera noticias del texto**. Sigue sin haberlas. Ahora, **los proyectos proliferan "sin control"** , argumentan las mismas fuentes, sin regirse por más condicionantes que los que se aplican a las granjas de cerdos. Es precisamente este tema, el de los **cerdos** , otro de los que preocupan en los pueblos. Las plantas de biogás necesitan de residuos ganaderos para funcionar. En ocasiones, de varios miles de toneladas anuales, lo que aterriza en la práctica en decenas de camiones cargados circulando cada día por las cercanías de los pueblos afectados. Aquí los números son aún más difusos y es casi imposible saber cuántas plazas de ganado porcino se han autorizado en los últimos tiempos, pero son miles. En solo un año, la provincia de Zamora ha visto como se ha dado el visto bueno a varias macrogranjas y se ha autorizado la **ampliación de algunas de las existentes en más de 20.000 cabezas**. En total, la provincia tiene cerca de 600.000 cerdos registrados según los datos oficiales del Ministerio, una cifra que multiplica por cuatro a la de habitantes. **"Quieren convertir los terrenos despoblados en zonas de sacrificio",** lamenta Jenaro Leal. "Estos pueblos, que se vacían, estas comarcas, han sido elegidas como territorios prescindibles, nos ponen estas empresas porque aquí no queda nadie para pelear, porque es más sencillo. Nos dan por perdidos", indica el activista. La cuestión es que un**Plan Regional del Biogás** permitiría, esperan las plataformas, dimensionar las nuevas industrias a los residuos que efectivamente se producen en el territorio. Según apunta Zamora en Pie, la cabaña ganadera de la comunidad autónoma es incapaz a día de hoy de proporcionar a las fábricas de biogás todo el combustible que necesitarían. "Así que la cuestión está clara, es necesario traer más cerdos para que las fábricas funcionen", dicen. Y eso son más olores y más molestias en los pueblos. "Para que sean rentables, tiene que haber granjas en los alrededores. Si no hay, hay que crearlas", apunta Jenaro Leal. La industria, mientras, se afana en intentar espantar fantasmas y en querer convencer a los habitantes de los pueblos. A lo largo del territorio se reproducen charlas dadas por expertos llevados por las empresas, empresas que incluso han pagado viajes a Alemania (donde el biogás está más extendido, aunque con instalaciones mucho más pequeñas que las que aquí se plantean) a alcaldes y concejales para que comprueben como funcionan las plantas. Según indican desde la Asociación Española del Gas (Sedigas), Castilla y León es la comunidad autónoma que presenta mayor potencial para la generación de biometano: cerca de 38TWh anuales, que permitirían cubrir el 177% de la actual demanda de gas natural de Castilla y León, con números proporcionados por la patronal sectorial. "**Constituiría un paso decisivo hacia su autonomía energética** y una solución al grave problema que la gestión sostenible de los residuos agropecuarios plantea", puntualizan las mismas fuentes. Las posiciones entre los dos frentes están muy lejos de encontrarse. En los pueblos hay inquietud, algo que no desaparece por más documentos y estudios que aporten las empresas. La tecnología, dicen en Sedigas, está "madura" y es "segura". "La experiencia de las más de 1.700 plantas de biometano que funcionan en Europa demuestra que se trata de una tecnología probada y absolutamente segura. Se trata —insisten las empresas— de instalaciones que no solo han de superar un exigente proceso de evaluación y autorización ambiental, sino que, además, una vez en funcionamiento, están sometidas a estrictos controles y auditorías para evitar cualquier impacto medioambiental". Tampoco se debe temer el transporte de residuos en camiones, que "debe cumplir con una estricta normativa" y que no pasará por los núcleos urbanos en la medida de lo posible, insisten. **"Las plantas de biometano no vienen a crear un problema medioambiental, todo lo contrario"** , concluyen en Sedigas. Sea como fuere, la polémica está abierta y prácticamente todas las partes coinciden en que una normativa clara al respecto vendría a ofrecer seguridad a las partes, tanto a las empresas, que tendrían unas normas claras a las que atenerse, como a los ciudadanos, que verían ya qué es posible instalar en el territorio y que no. Aunque algunos pueblos intentan introducir normativas en sus Planes de Ordenación para frenar a la industria, la normativa que aplica es la regional, que permite, a fecha de hoy, que una planta de biogás se encuentre a un kilómetro de viviendas habitadas. Ampliar esa distancia, e imposibilitar que las fábricas se concentren en pocos kilómetros a la redonda, es uno de los principales objetivos de las plataformas ciudadanas. "O nos movemos ahora o acabaremos yéndonos de los pueblos", concluyen.

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La climatización de las aulas mueve ya millones de euros, pero los planes se alargan hasta 2030

Comienza un nuevo curso escolar y, un año más, viene acompañado del calor en las aulas. Con máximas de **40,2 °C en Murcia** , 40,1 °C en Navarra, 38,8 °C en Madrid, 38,7 °C en Cataluña o 38,2 °C en Aragón durante los días en que los alumnos han comenzado sus clases, las altas temperaturas han vuelto a centrar el debate. Es la misma realidad que se vivió al finalizar el curso pasado, cuando muchos alumnos tuvieron que acudir a clases con temperaturas por encima de los 30 °C, ya que la mayoría de centros no cuentan con la **climatización necesaria**. Una situación que se repite desde hace años. Según una estimación de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA) difundida este junio, solo el 1% de los 19.368 centros educativos públicos cuenta con “aire acondicionado o climatización completa”. La constatación de que cada vez hace más calor y los veranos son más largos, sumada a una creciente presión por parte de asociaciones y sindicatos, está dando sus primeros frutos. Este verano, las administraciones han anunciado inversiones récord para la climatización de sus colegios e institutos que, aunque positivas, presentan un problema: muchas forman parte de planes de futuro que no terminarán de aplicarse **hasta 2030** o ni siquiera tienen una fecha concreta. A principios de este verano, el consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, se burló de este problema, asegurando que el calor que sufren los alumnos puede ser **“fuente de inspiración”**. La postura de la Comunidad parece haber cambiado y, este septiembre, su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado una inversión “histórica” de 1.240 millones de euros para mejorar la climatización y accesibilidad de los centros educativos públicos. Desde la FAPA Giner de los Ríos valoran “positivamente” esta inversión, pero denuncian que solo llega tras años de quejas y movilizaciones y después de que este junio realizaran un estudio en el que demostraron que una gran parte de las aulas madrileñas registraron temperaturas **por encima de los 35 grados**. Otra de las dudas que despierta este anuncio es que no viene acompañado de una hoja de ruta concreta. La Comunidad de Madrid no especifica cuándo se ejecutará la inversión, aunque será a lo largo de los próximos cursos. Sí ha explicado que se aportarán **840 millones** para actuar en cerca de 500 institutos públicos y escuelas infantiles que pertenecen a la Comunidad de Madrid, de los más de 1.900 centros que hay, y otros 400 millones para que 178 localidades de la región puedan realizar estas mejoras. En la Región de Murcia se han invertido en los últimos años hasta 79,3 millones de euros en partidas generales destinadas a mejorar las **condiciones térmicas y energéticas** , que se han podido aplicar en 108 centros de los 625 que componen la red de la comunidad. Sin embargo, este septiembre, su presidente, Fernando López Miras, ha seguido la senda de Ayuso y ha anunciado un plan específico para mejorar el confort térmico. El Plan ClimaTIZA está dotado con 89 millones de euros en total, pero, como explicó Miras, arranca con una primera partida de tan solo siete millones y la inversión total “estará completamente **finalizada en 2030** ”, según sus estimaciones. Parecida es la situación en Castilla-La Mancha, donde también este septiembre se ha anunciado el Plan E-Clima para mejorar el confort térmico de las aulas. Con más de 80 millones de euros, promete aire acondicionado en más de 12.000 aulas de unos 1.000 centros, de los casi 2.000 de la región, pero la propia planificación deja 26 millones de euros para 2027 y **16,52 millones para 2028**. Más de la mitad, 42,52 millones, se destinarán a inversiones futuras. A esto se suma el problema de que, una vez que se entrega el dinero a los centros, estos tienen que realizar sus propios estudios para determinar qué áreas necesitan mejorar. Como explica Juan Luis Cuenca, delegado de CSIF Educación en Castilla-La Mancha, la región es “muy variada” y hay centros que necesitan **aire acondicionado** , mientras que para otros es más beneficioso mejorar la “carpintería de ventanas y puertas” y, con ello, el aislamiento. Esta situación provoca que los trabajos de climatización tarden más de lo previsto, porque cada equipo directivo debe realizar un estudio concreto para determinar en qué va a invertir el dinero. “Hay algunos que enseguida se ponen manos a la obra y otros equipos a lo mejor tardan más y el proceso para tener un presupuesto cerrado **es más largo** ”, añade Cuenca. En la Comunitat Valenciana tienen activado desde este verano el plan estructural EduClima, con una partida de 140 millones de euros **hasta 2029** , de los que 32 millones están consignados para este año. En Extremadura, la Junta adjudicó 17,7 millones de euros en 2025 para mejorar la eficiencia energética e instalar sistemas de energías renovables y de climatización en 134 centros de los 600 que hay en total. Además, la Junta tiene prevista una convocatoria de 20,71 millones de euros para el periodo 2026-2028. Sin embargo, no todos los territorios tienen ya cerrados sus planes de climatización: el País Vasco activó en agosto su propio plan, pero ha comenzado con un proyecto piloto en solo cuatro centros de Bizkaia; Castilla y León anunció en julio **un “ambicioso plan”** de adaptación climática para toda la legislatura, pero todavía no hay cifras; y Navarra tiene previsto un plan plurianual, pero sin fechas ni cifras concretas. A estas cantidades se suma el plan PREE Docente, aprobado en junio por el Consejo de Ministros, con el que el Estado central quiere repartir **200 millones de euros** entre las comunidades para mejorar la climatización de sus centros educativos públicos. Son fondos que tienen que pedir los propios territorios y, por la complejidad del proceso, el plazo para solicitarlos estará abierto hasta el 31 de diciembre de 2030. De esta manera, se dibuja un panorama en el que la inversión en climatización ya es una realidad, pero su aplicación está todavía lejos de completarse, mientras el calor afecta cada vez más al alumnado en las aulas.

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Virginia P. Alonso: “Con Ceuta, el Gobierno ha perdido la ocasión de combatir 'in situ' el discurso de la ultraderecha"

“Marruecos utiliza la frontera con España como un elemento de chantaje”. Así de contundente se muestra **Virginia P. Alonso** , directora de **infoLibre** , sobre la crisis de Ceuta desencadenada tras el cruce masivo de 70.000 personas a finales de julio. Una emergencia a la que, según la periodista —una de las pocas mujeres al frente de un medio de comunicación en España— el Estado ha respondido de manera lenta, insuficiente y negligente. Una crisis política y humanitaria que ha servido para que las derechas agiten el fantasma de la xenofobia a través de la desinformación. En este contexto, Alonso reivindica el papel del periodismo independiente y de este periódico como herramienta de resistencia democrática, investigación y fiscalización de los poderes. “No es una única causa lo que provoca la entrada masiva en Ceuta de los días 30 y 31 de julio. Nada es casual. Marruecos y Estados Unidos son aliados. Y está claro que España, hoy por hoy, es uno de los enemigos número uno de Estados Unidos, de Israel, etcétera. Pienso que Marruecos juega un papel muy importante, posiblemente más por omisión que por acción. Habrá que dilucidar si esa omisión viene provocada por una acción, es decir, por una instrucción. No es la primera vez que ocurre. **Marruecos utiliza la frontera con España como un elemento de chantaje**. Pero Ceuta no solo es frontera de España, también es la frontera sur de la Unión Europea y la UE está pagando a Marruecos y a otros Estados de dudosas credenciales democráticas, por decirlo finamente, para que contengan los flujos migratorios en sus fronteras. A lo mejor la UE tiene que plantearse si esta externalización de fronteras sirve para algo o, lejos de eso, lo que hace es penalizar los derechos humanos. Yo creo que la Unión Europea ha dejado a España tirada completamente. Y me sorprende también la falta de contundencia del Gobierno a la hora de reclamar a la UE más apoyos”. “La gestión del Estado –teniendo en cuenta que el Estado no sólo lo conforma el Gobierno central, sino también las comunidades autónomas y otras administraciones– ha sido lenta, insuficiente y negligente. Por un lado, está el Gobierno español, que en mi opinión actúa tarde. No calibra bien las consecuencias que puede tener esta crisis, sobre todo humanitarias. **Se termina provocando una situación bastante insostenible para los propios ceutíes**. Por otro lado, el señor Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, tampoco es que haya puesto las cosas demasiado fáciles. Aunque sí que reclamó un mando único desde el principio, ha ido poniendo cortapisas a determinadas soluciones que planteaba el Gobierno para poder alojar a las personas que había pululando por la ciudad y poder darles una atención al menos digna. Y luego hay que hablar del resto de comunidades autónomas, especialmente de las que están gobernadas por PP y por Vox, que lo que han decidido es dar plantón en las reuniones en las que se ha intentado decidir a qué comunidades enviar a los menores migrantes que están en riesgo, niños, recordemos. El PP acompaña a Vox en todo esto, no dice de una forma explícita: “No vamos a acoger a migrantes”. Tampoco dice: “Vamos a acoger a migrantes”. Ni come ni deja comer. Recordemos que el Estado no es solo el Gobierno, son muchas más administraciones”. “La desinformación en fenómenos como estos que implican migración fluye a una velocidad de vértigo. Algunos medios contribuyen, pero creo que la mayoría estamos en lo contrario: en explicar lo que es desinformación. En la prensa seria que leo no he visto nada que me haya llamado extraordinariamente la atención para mal. Sin embargo, obviamente hay muchos medios ondeando la bandera del antisanchismo más alta que nunca, aprovechando la circunstancia. Pero creo que en este caso la desinformación por donde más ha circulado ha sido, como siempre, por las redes sociales. Estamos en un momento tan peligroso, tan sumamente peligroso, que deberíamos estar midiendo con una regla, por milímetros, la irresponsabilidad en la que podemos incurrir a la hora de titular unas cosas u otras. **Replicar una frase xenófoba que se haya dicho en una manifestación en un titular me parece una irresponsabilidad** brutal. Tenemos que plantearnos los periodistas si queremos salvaguardar la democracia o si queremos contribuir a que ésta termine en el barro. Tengo muchas dudas a veces, cuando leo la prensa, de si muchos directivos de medios se plantean esto, la verdad”. “Claro que un gobierno progresista puede soportar esto y sobreponerse. Y de hecho este Gobierno lo ha hecho en varias ocasiones. Posiblemente la peor de ellas fue durante la pandemia. Lo que pasa es que, para conseguirlo, tu gestión tiene que ser impecable. Y creo que en este caso no lo ha sido. Si Pedro Sánchez se hubiera involucrado a fondo y desde el minuto uno, igual que ha hecho en otras crisis, el mensaje ahora sería bien distinto. El problema es que, en esta, el Ejecutivo de Pedro Sánchez está en una encrucijada muy complicada. Recordemos que su Gobierno presidía la Unión Europea cuando se aprueba lo que se dio en llamar el Pacto de Asilo y Migración. No se debería llamar "de asilo". Es un pacto de control de fronteras y lo que hace es reforzar esa externalización de fronteras, permitir la creación en terceros países de centros de deportación. Todo esto va contra los valores fundacionales de la propia Unión y va contra lo que defiende cualquier Gobierno de izquierdas. **Es una encrucijada muy complicada,** porque España está dentro de la Unión Europea, es vecina de Marruecos y lógicamente hay que lidiar con todas estas dificultades. Por eso era más necesario que nunca que España hubiera estado involucrada en esta crisis al 100% desde el primer momento, enseñando al mundo que los migrantes no vienen por capricho ni son unos delincuentes. Se podían haber enseñado tantas cosas para combatir _in situ_ el discurso de la extrema derecha que me parece que se ha desaprovechado una gran oportunidad para poder hacerlo”. “Nos tenemos que quedar con cómo está actuando la población ceutí en su inmensa mayoría, que están ayudando a gente. Se quejan, claro, cómo no te vas a quejar si tu vida se ha visto alterada más tiempo del que sería deseable. Pero aunque se quejen, **están ayudando a todas estas personas, les están dando agua,** muchos de ellos**están acogiendo a niñas** en sus casas. Se ha impuesto de alguna forma la cordura y los ceutíes se han negado a ser utilizados como parte de un discurso que lo que busca es la foto de la sombrilla, o de la choza o de la chabola en llamas, la foto del odio. Fotos que se buscan de la misma manera y por las mismas personas en cualquier lugar de Europa donde llegan migrantes, porque los que buscan esa foto son los que están provocando altercados. Tenemos que sentirnos, si no orgullosos –que es un término que no me gusta utilizar en casos así–, satisfechos al menos de que los ceutíes hayan sido capaces de frenar varios conatos de xenofobia radical”. “Lo que está ocurriendo en Latinoamérica, el último caso es el de Colombia, podría hacernos creer que es el camino natural dadas las circunstancias internacionales. Pero no lo es. Y precisamente es de eso de lo que tenemos que aprender para revertirlo y darle la vuelta. No queda otra. Trump está intentando influir en un montón de gobiernos, en un montón de países, desde hace años. Por supuesto que lo está haciendo también en Latinoamérica. Cuando Trump entró con las armas en Venezuela, secuestró al presidente del Gobierno, nombró una presidenta interina... no hubo apenas una respuesta contundente. En Europa también lo está haciendo, aunque de otra forma. Trump tenía a su amiguete Orbán en Hungría, que era a través del cual maniobraba en toda la extrema derecha europea para ir extendiendo sus tentáculos. Ahora ya no está Orban y lo hace de otra manera. En **infoLibre** hemos publicado la cantidad de dinero que su gobierno quiere meter en medios de comunicación de la derecha en Europa. **Todo esto es una guerra híbrida,** es intentar cambiar hacia la extrema derecha las políticas a través de granjas de _bots_ , el pago directamente de un Gobierno a un medio de comunicación para que diga lo que le interesa, cerrar los ojos ante un movimiento masivo de migrantes para provocar una desestabilización... Se está buscando el caos, porque en el caos siempre hay tres o cuatro que ganan y esos tres o cuatro siempre son de la extrema derecha. El Gobierno de España debería estar tomando nota”. “La victoria de AfD en Sajonia-Anhalt es relevante. No es de las regiones más pobladas, pero sí ha obtenido un porcentaje de votos alto. Constata la línea por la que va Europa. Lo hemos visto en Francia, pero Alemania es ya una señal de alerta lo suficientemente importante como para no pasar de puntillas. Preocupa la diversidad de la gente que ha votado allí a la a la extrema derecha y cuesta entender por qué los partidos tradicionales no están entendiendo esto en conjunto como para dar una respuesta. En Alemania se da un fenómeno conocido, similar al que ocurre en los países del Este. Ese reflote de la extrema derecha al calor de la caída del Muro de Berlín, de ese imperio comunista. En todo lo que era Alemania Oriental la inclinación a la extrema derecha es mucho mayor que en la Alemania Occidental. Pero ahora **en la Alemania Occidental vemos que ya empieza a entrar la extrema derecha también**(en las elecciones federales de 2025, AfD fue segunda fuerza cuatro Länder occidentales). Tenemos un gran problema, muy complicado, pero creo que hay que seguir aprendiendo de los porqués. O sea, por qué los ciudadanos están votando a estos partidos y qué respuestas no están encontrando en otros sitios. Y obviamente no perder de vista cómo está influyendo la manipulación de la tecnología, de las redes sociales o la inteligencia artificial en esta inclinación del voto hacia la extrema derecha”. “Veo posibilidades de que haya un Gobierno progresista. Ahora, o se ponen las pilas todos o no va a haber manera humana de conseguirlo. Hay una necesidad, yo creo que mayor que nunca, de encontrar en la izquierda las herramientas para poder combatir todo este odio, todo este fascismo y toda esta mala sangre que no queremos las gentes de bien. No lo queremos a nuestro alrededor, no queremos perder los derechos que tanto nos ha costado conquistar. Estamos celebrando los 50 años de España en democracia. Estamos conmemorando, al menos, recordando que han pasado 90 años desde el golpe del 36. En **infoLibre** hemos pedido a nuestros lectores y lectoras que nos cuenten cómo cambió la vida en sus familias el golpe del 36. Creo que esa memoria es más importante que nunca, **que no se nos olviden las consecuencias de que los bárbaros den pasos hacia adelante**. Por eso creo que, con este panorama, un gobierno progresista tiene que tener más posibilidades que nunca. Ahora bien, el Gobierno tiene que echar el resto mostrando cuál es el camino y la respuesta progresistas a toda esta barbarie y a todo este odio. Hemos pasado la primera semana de septiembre y la izquierda alternativa sigue sin tener una voz propia, ni un candidato, ni una candidata a la que o al que se esté oyendo dar la cara en asuntos como ese. ¿A qué están esperando?”. “Me cuesta mucho entender y explicar por qué la izquierda a la izquierda del PSOE, la izquierda alternativa, no solo no se organiza, sino que no está dando pasos de gigante hacia adelante enseñando el camino que habría que seguir. No lo puedo entender, se me escapa. Además, **no van a encontrar mejor momento para poder tumbar todos estos discursos de odio** y de extrema derecha. Tampoco seamos ingenuos, sabemos que les es muy difícil ponerse de acuerdo a unas formaciones con otras, que es un espacio muy atomizado en el que hay multitud de partidos. Yo, aun así, sigo sin entenderlo. No sé a qué están esperando. Creía que íbamos a volver del verano y a encontrarnos con que había un candidato que se proclamaba, se anunciaba y esa era la persona que iba a liderar todo este camino. Ha pasado ya la primera semana de septiembre y no tenemos ese candidato o candidata”. “Me parece que ya es algo tan obsceno que da vergüenza ajena hasta a quien la haya votado. Veremos qué pasa, porque los caminos de los señores votantes del Partido Popular son inescrutables. Son personas que votan al PP como quien es del Real Madrid, del Atlético de Madrid, del Barça o del Depor. Son _hooligans_. No van a dejar a su equipo político caer por nada del mundo, haga lo que haga. Los últimos 30 años están llenos de ejemplos de este tipo, desde Camps a Esperanza Aguirre después del _Tamayazo_. **El ático ha sido la constatación de que Ayuso nos está tomando el pelo**. Quedan muchos meses para las elecciones pero no descarto que esto le termine pasando factura. Le ha pasado respecto a su relación con Génova, Feijóo no ha querido respaldar la gestión de Madrid con este asunto. Ayuso salió con su famoso “chao, pescao” porque el ático se ha puesto a la venta, como diciendo ya está, esto está zanjado. Pues no, Ayuso. Quienes decidimos si está zanjado o no está zanjado somos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid y los medios de comunicación; somos quienes tendremos que decir, o no, "chao, pescao": “De este Parlamento espero bastante poco. Junts, que permitió la investidura, ha pasado de no apoyar prácticamente ninguna medida del Gobierno a bloquear casi cualquier iniciativa que llegue al Parlamento. Podemos, un poco tres cuartos de lo mismo. Y por supuesto, en el PP y demás ya sabemos que todo va a ser no. Es una pena porque había medidas muy interesantes y que eran buenas para toda la ciudadanía. Que podían haber ayudado a muchas personas a vivir un poquito mejor o a tener un poco más de certezas en su día a día. El año que viene va a haber elecciones. La cuestión es si van a ser en julio, en marzo o si finalmente el presidente decide adelantar un poco, aunque no tendría por qué. **Será otro curso cargado de tensión, de reproches**. Tengo serias dudas de que el Gobierno consiga sacar adelante los presupuestos. Pero de peores situaciones le hemos visto salir a Pedro Sánchez, todo puede ser. Y para mí la gran incógnita es esta izquierda alternativa. Qué piensa hacer y por dónde va a salir, si es que va a salir por algún lado o piensa seguir estando en la retaguardia mucho más tiempo”. “Hay una mayoría de medios alineados con la derecha, financiados por la derecha, frente a una minoría de medios más de izquierdas que no tienen casi financiación de ningún tipo. En este sentido, me genera mucha curiosidad ver cómo arranca La Séptima, el nuevo canal de televisión, cómo se desempeña y qué papel viene a jugar. A lo largo de este verano en**infoLibre** hemos ido publicando una serie muy intensa y extensa sobre quiénes son los propietarios de los medios de comunicación en España. Es imposible resumirla aquí en unas palabras. Yo les recomiendo que la lean con atención porque **solo sabiendo quiénes son los propietarios de los medios se puede entender lo que se está leyendo** o viendo en un medio de comunicación. La mayoría de propietarios son desde fondos de inversión hasta familias conservadoras con intereses empresariales mucho más allá de la información. Con lo cual, yo en el terreno mediático, francamente no tengo ninguna expectativa en esta temporada, salvo por lo que te digo de ese nuevo canal y por supuesto, de lo que hagamos en **infoLibre"**. “Estamos teniendo en los últimos meses un crecimiento constante de suscriptores y suscriptoras, de socias y de socios. Eso nos dice que lo que estamos haciendo sirve para algo. Sirve para transmitir que esa resistencia democrática existe, que existe a través del periodismo. Un periodismo que resiste no es un periodismo que se atrinchera, **es un periodismo que hace cosas para que no ocurran otras. Es un periodismo que avanza** , que está en movimiento. Nosotros estamos haciendo investigaciones, estamos haciendo análisis. Creo que tenemos un papel importante, muy relevante en estos momentos, porque estamos mostrando la cara B de lo que muchos no quieren contar. Por ejemplo, insisto, esta serie sobre los dueños de los medios de comunicación.**Es la primera vez que un medio explica quiénes son los dueños de todos los medios, incluido este mismo.** Espero que **infoLibre** sea por muchos años –y desde luego en esta temporada va a seguir siéndolo– el medio donde nuestros lectores y lectoras van a encontrar aquello que otros no les quieren contar”.

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¿Qué fue la República Democrática Alemana?

Cuando las tropas soviéticas comenzaron el asalto a Berlín, a mediados de abril de 1945, millones de soldados del Ejército Rojo se habían establecido en Europa Central y del Este. **Las dos Alemanias surgieron de los escombros y las cenizas dejados por la Segunda Guerra Mundial**. Primero, como piezas de ajedrez manejadas por las diferentes potencias vencedoras del nazismo y, después, como dos Estados distintos: la República Federal de Alemania, con una nueva Constitución en mayo de 1949, y la República Democrática Alemana, creada en octubre del mismo año. A partir de ese momento, sus diferentes trayectorias reflejaron la polarización de la Guerra Fría. La República Democrática Alemana **fue un Estado con un único partido** , cuya autoridad descansaba en las divisiones del Ejército soviético y en el aparato del Partido Comunista bajo Walter Ulbricht, quien había pasado la guerra en Moscú y dominó su Comité Central desde 1945 hasta 1971. **Los democristianos de Konrad Adenauer y sus sucesores gobernaron la otra Alemania** durante la primera década, presidiendo un milagro económico que condujo a su población desde la ruina hasta la economía más rica de Europa occidental. La identificación y el castigo de los nazis habían acabado ya cuando se crearon las dos Alemanias y eran un asunto olvidado a comienzos de los años cincuenta. En 1952, **un tercio de los funcionarios** del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Federal de Alemania **eran antiguos nazis** , mientras que dos quintos de los miembros del cuerpo diplomático habían pertenecido a las SS. En la República Democrática, muchos exnazis pasaron a las filas del Partido Comunista, algo que también fue común en otros países de Europa del Este. **El proceso de desnazificación, por lo tanto, fue limitado**. En la recién creada República Federal de Alemania, Konrad Adenauer dijo en su primer discurso oficial ante el Parlamento, respecto al legado nazi, que su Gobierno, “en la creencia de que muchos han expiado subjetivamente una culpa que no era tan grande, está decidido, siempre que resulte aceptable hacerlo, a dejar atrás el pasado”. Ese año, la nueva Alemania occidental dio por finalizadas las investigaciones sobre el pasado de los funcionarios públicos y los oficiales del Ejército. Y en el otro Estado creado con la partición, Alemania del Este, el secretario del Partido Comunista y principal dirigente político, Walter Ulbricht, pensaba que el pueblo alemán había seguido a una “banda de criminales” y, como estrategia, “estaba menos interesado en castigar los crímenes nazis que en asegurar el poder comunista y barrer el capitalismo”. Europa Central y del Este **fue el principal campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial**. Todos esos países que habían luchado contra su atraso y su posición periférica cayeron en un profundo abismo. Los regímenes autoritarios ultraderechistas que habían surgido en los años veinte y treinta, nazificados durante la guerra, se desplomaron. El dominio y la ocupación alemanes fueron sustituidos por los soviéticos. Ese escenario de destrucción y desplome es el punto de partida para comprender los mecanismos de imposición de los regímenes comunistas, el tránsito del fascismo al comunismo en esa amplia región de Europa. En el avance hacia Berlín, el Ejército soviético, a la vez que aplastaba a los alemanes y ocupaba los territorios por los que pasaba, **inició “un sistemático desarme y destrucción de los partisanos antifascistas”**. A partir de ese momento, la presencia militar de la Unión Soviética en esa mitad de Europa se convirtió en un fenómeno duradero, de más de cuatro décadas. Stalin tenía razones ideológicas, tras derrotar al nazismo, pero también geoestratégicas, para establecer una amplia barrera de contención que impidiera nuevos ataques contra el territorio soviético. La tarea de reconstrucción en ese vasto territorio se llevó a cabo, como ha mostrado José María Faraldo, a través de la violencia: primero, una violencia de “soldadesca”, de ocupación; después, de “construcción nacional”. En Alemania, los obstáculos para establecer el orden fueron mayores en la zona soviética que en las otras tres zonas de ocupación. Por un lado, la llegada de las tropas soviéticas al este de Alemania estuvo acompañada de una violencia terrible contra la población civil y del incendio de pueblos y ciudades. Además, esa parte de Alemania, la primera en ser ocupada, **acogió a casi un tercio de los doce millones de alemanes refugiados** y expulsados de Europa del Este. En el momento del nacimiento de la República Democrática Alemana, en 1949, constituían una cuarta parte de la población total. Esa afluencia masiva significó que “millones de personas desarraigadas e instaladas contra su voluntad en la zona soviética”, desorientadas e inseguras sobre su futuro, sufrieran enormes problemas de integración social. El caos dejado por la guerra y la derrota del nazismo no resultó fácil de sustituir por un nuevo orden, aunque fuera mediante tanques y policía. La historia de la zona de ocupación soviética entre 1945 y 1949 es crucial para comprender el desarrollo a largo plazo de la República Democrática Alemana. Fue en esos primeros años de ocupación cuando se fijó el escenario para el futuro, con el comportamiento sexual depredador del Ejército Rojo —que causó una oleada de suicidios entre las mujeres y la enemistad de muchas otras con el comunismo—, el establecimiento de **los “campos especiales”, tanto para antiguos nazis como para opositores democráticos** , la creación del departamento K-5, embrión de la Stasi, y las reformas que quitaron las tierras a los grandes propietarios. En aquellos años de ocupación y en los primeros de la era Ulbricht hubo una persecución brutal de socialdemócratas, liberales y democristianos, disturbios laborales y una gran resistencia que, lejos de establecer una “dictadura de consenso”, preparó el camino para una amplia agitación social que estuvo a punto de derribar al régimen en junio de 1953. Solo en 1950 hubo 78.000 juicios contra opositores políticos. El 9 de junio de 1953, Walter Ulbricht anunció una serie de reformas que incrementaban las exigencias de producción de los trabajadores industriales. El 17 de junio hubo protestas en más de quinientas localidades. Al día siguiente había más de 200.000 trabajadores en huelga. En vez de negociar, el máximo dirigente comunista recurrió a los tanques para aplastar la revuelta. Hubo veinticinco muertes y seiscientas ejecuciones como consecuencia de la represión. Las quejas sociales frente a las condiciones de vida y laborales actuaron como catalizador de la lucha popular, alimentada por una “conciencia colectiva” de la agresión a los derechos civiles desde 1945. Según Gary Bruce, lo que ocurrió el 17 de junio de 1953 no fue solo un “levantamiento espontáneo” contra las condiciones represivas en el trabajo, una expresión de disidencia o desobediencia, sino una “defensa colectiva popular” basada en principios éticos y políticos. La existencia de un sistema político en la otra Alemania, la occidental, que **amparaba la libertad individual y permitía la participación política** , dos pilares de la democracia, influyó en los motivos y las aspiraciones de la protesta. Algunas de las reivindicaciones que exhibieron los trabajadores en huelga en diferentes lugares mostraban la naturaleza política, y no solo económica, de la revuelta. En la industria óptica Zeiss, en Jena, los huelguistas reclamaron elecciones libres. Se sumaron muchos campesinos con idénticas reivindicaciones, que incluían también la libertad de los presos. Los informes policiales **denunciaban ataques contra los funcionarios del Partido Socialista Unificado de Alemania** (SED) en las colectividades agrícolas. Hubo enfrentamientos en las calles de las principales ciudades, con jóvenes que arrojaban piedras y adoquines contra los tanques. Los principales objetivos de los manifestantes fueron los edificios relacionados con el aparato represivo: oficinas de policía, tribunales y prisiones. Las consecuencias más importantes de aquellos disturbios fueron “la expansión de los instrumentos de control” del SED. Se crearon “milicias de fábrica” y una policía motorizada de cuatro mil hombres, pero, sobre todo, se amplió la red de informantes de la Stasi, que no dejó de crecer hasta los años setenta. Tres años después de **esa revuelta, la “desestalinización” llegó también al Politburó del SED** , que renunció al culto a la personalidad y a los métodos terroristas del estalinismo, pero no afectó a las estructuras políticas ni al estricto control policial de los oponentes. Descendió el número de presos, aunque no el de sentencias por “crímenes contra el Estado”. Muchos ciudadanos, antes que enfrentarse a la represión, eligieron huir a Alemania Occidental. Varios cientos de miles huyeron antes de que, en la noche del 13 de agosto de 1961, se levantara un muro en el centro de Berlín. Fue la solución de los gobernantes comunistas, incapaces de frenar la hemorragia de población que tantos costes políticos y económicos ocasionaba. Siguiendo la estela de aquellos disturbios, las tensiones entre neoestalinistas y liberalizadores se agudizaron en otras ciudades del bloque comunista. La insurrección de octubre de 1956 en **Hungría mostró ya una profunda crisis en algunos de los pilares** sobre los que se sustentaba el dominio del sistema comunista. Doce años después, se utilizaron todavía más hombres, tanques y armas en la invasión de Checoslovaquia. El uso de la fuerza para aplastar la disensión rompió el mito de la Unión Soviética como faro de progreso al que muchos comunistas de Europa occidental se habían aferrado. La reivindicación comunista de un bienestar superior perdía atractivo en dictaduras en las que no existían libertades básicas. La invasión impidió saber si aquel sueño de una verdadera forma de socialismo democrático habría podido hacerse realidad. **Lo que llegó dos décadas después, en 1989, fue otra cosa.** Cuando ese año el sistema entero se derrumbó, se recordaron los legados de aquellas insurrecciones, las alternativas y las esperanzas aplastadas por Moscú. En realidad, por mucho que esas insurrecciones hubieran sembrado las semillas, el objetivo alcanzado en 1989 ya no fue la democratización del socialismo, sino, simplemente, la democracia y el libre mercado. La “tercera vía” entre el capitalismo y el socialismo de estilo soviético había quedado ya enterrada. El proyecto de Gorbachov de mediados de los años ochenta para renovar el comunismo ya no encontró eco en los países dominados por los soviéticos. El comunismo había perdido su credibilidad. Las revoluciones de 1989 fueron un auténtico acontecimiento histórico mundial, un corte que dividió la historia entre un antes y un después de esa fecha. Durante aquel año, lo que **aparecía como un sistema casi indestructible e inmutable** se desplomó con una celeridad impresionante. Los sistemas autocráticos, de partido único, dieron paso a formas de gobierno pluralistas. El resultado no fue, en todos los países y de forma automática, el establecimiento de democracias liberales que funcionaran correctamente. Pero en todos ellos se desmantelaron las dictaduras comunistas basadas en la uniformidad ideológica, la coerción política y la supresión de los derechos civiles. En la República Democrática Alemana, la desaparición del escudo protector de la Unión Soviética, una vez que Gorbachov dejó claro que no utilizaría la fuerza contra las manifestaciones de desobediencia civil, condujo a una “completa desbandada de la cúspide” y al derrumbe del aparato gubernamental y del partido. **La caída del Muro el 9 de noviembre de 1989 simbolizó esa quiebra**. El 3 de octubre del año siguiente, la RDA dejó de existir. Lo que ocurrió a partir de ese momento es la historia de una inversión sustancial de la situación anterior, pero con profundas desigualdades respecto a los estados que habían constituido la República Federal. Treinta y seis años después, la ultraderecha sacude los cimientos de la democracia y trae ecos y rimas de las páginas más negras de la Europa del siglo XX, con tendencias durante largo tiempo dormidas que incluyen el ultranacionalismo, el racismo y el fascismo. ________________________________ _**Julián Casanova**_ _es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, autor de 'Franco’ (Crítica, 2025)._

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Una guerra por dos alijos de cocaína entre España y Países Bajos deja un muerto y amenazas entre cárteles

El ataque a una vivienda de Overasselt, en **Países Bajos** , en el que murió un vigilante de seguridad y dos policías resultaron heridos, está relacionado directamente con una disputa por una doble partida de droga incautada en Francia y en **España**. La investigación apunta, desde el punto de vista intelectual, al entorno de Bolle Jos, el famoso narco que se sitúa en **Sierra Leona** y al que se atribuyen los 30.200 kilos de cocaína del mercante Arconian. Sus abogados niegan cualquier implicación en ambos asuntos. La imagen que se puede ver desde entonces en Narcodiario recuerda a los vídeos utilizados por los grandes cárteles latinoamericanos para amenazar a sus rivales. Cuatro hombres con el rostro cubierto, tres de ellos aparentemente armados, miran a cámara mientras uno lee en inglés un mensaje dirigido a Jan G., el joven que reside en la vivienda de**Overasselt** , en el este del país, que esta semana fue escenario de un violento asalto. A partir de ahí, el contenido es una amenaza directa. El joven es acusado de haber robado una gran partida de cocaína y recibe **un plazo de doce horas** para devolverla y ponerse en contacto con un supuesto socio belga. "After that we don't want our goods anymore", dice el hombre, asegurando que si no se cumple ese plazo, ya no querrán la cocaína. Después llega la advertencia: "We promise you that we are going to kill everyone you love". En castellano, "te prometemos que mataremos a cada una de las personas que quieres". El mensaje **amenaza también a familiares** , amigos y personas del entorno del joven. La policía neerlandesa tiene el vídeo en su poder y lo está investigando. Por el momento no ha confirmado quién lo grabó ni cuándo se realizó. Tampoco ha establecido que las acusaciones que aparecen en las imágenes sean ciertas. Los investigadores sí han constatado que el vídeo contiene algunos detalles que no habían sido difundidos públicamente. Las imágenes aparecieron después de una **madrugada de extrema violencia** en Overasselt. Una treintena de hombres, algunos de ellos armados, llegaron hasta la vivienda situada en la zona de Ewijkseweg. En el enfrentamiento murió un vigilante de seguridad de 51 años y dos agentes de policía resultaron heridos. La operación posterior terminó con 35 detenidos y movilizó a un importante dispositivo policial. Uno de los elementos que puede ayudar a explicar lo ocurrido se encuentra a cientos de kilómetros de Overasselt, en la frontera entre **Francia** y España. El pasado 27 de agosto, las autoridades francesas interceptaron 812 kilos de cocaína en un camión con matrícula neerlandesa que circulaba por la autopista A9, en la zona de **Le Perthus** , en los Pirineos Orientales. Probablemente ese era uno de los alijos reclamados, que fue cargado en la Península Ibérica. El cargamento fue localizado en uno de los controles realizados en la frontera y el fiscal de **Perpiñán** calificó la operación como una de las mayores incautaciones de cocaína realizadas por vía terrestre en Francia durante este año. El lugar es escenario de numerosas acciones policiales de este tipo cada poco tiempo. Según informaciones publicadas en Países Bajos, esa partida podría estar relacionada con el conflicto que desembocó en el ataque de Overasselt. La hipótesis que manejan fuentes citadas por **medios neerlandeses** es que una parte de la droga podría haber llegado a territorio neerlandés pese a la incautación del cargamento y que los responsables del dinero invertido en la operación habrían acudido posteriormente a reclamar la mercancía a un intermediario. La versión encaja con el contenido del vídeo, que se aclaró más aún pocas horas después, cuando las autoridades españolas informaron de la incautación de 1.283 kilos en un polígono industrial de Sevilla. Los hombres encapuchados del vídeo hablan de que se les deben**1.283 kilos de cocaína**. La noticia procedente de Dos Hermanas con el hallazgo de la droga bajo palés de cocos ha debido calmar los ánimos. Por ahora, la policía y la Fiscalía neerlandesas no han confirmado que los **812 kilos incautados en Francia** sean la misma droga a la que se refieren los hombres del vídeo. Tampoco han confirmado oficialmente que la disputa por esa mercancía sea el motivo del ataque. Pero la coincidencia ha llevado a los investigadores a estudiar ambas operaciones dentro de una misma línea de investigación. En esa investigación aparece otro nombre: **Jos Leijdekkers** , conocido como Bolle Jos, uno de los narcotraficantes neerlandeses más buscados de **Europa**. Leijdekkers está relacionado con redes internacionales de cocaína y su nombre ha aparecido en diferentes investigaciones sobre grandes cargamentos y organizaciones criminales que operan entre Países Bajos, **Bélgica** y otros países europeos. Las informaciones publicadas en Países Bajos relacionan la partida de cocaína con el entorno de Leijdekkers y apuntan a una posible conexión entre Jan G. y la organización del fugitivo. Según fuentes citadas por medios neerlandeses, el conflicto estaría relacionado con la**desaparición de la droga** y el grupo que acudió a Overasselt habría intentado recuperarla. Leijdekkers, sin embargo, niega cualquier participación en el ataque. Sus abogados han comunicado que su cliente no está implicado en los hechos. La diferencia es importante. Que el nombre de Bolle Jos aparezca en las investigaciones no significa que esté demostrado que ordenara el asalto o que tuviera conocimiento de lo ocurrido. La policía todavía tiene que determinar **quién organizó el ataque** , quién dio las órdenes y cuál fue exactamente el papel de cada uno de los detenidos. Lo que sí resulta evidente es la dimensión internacional de la operación. El primer alijo de droga fue localizada en la frontera entre **España y Francia**. El camión tenía matrícula neerlandesa. La mercancía estaba supuestamente destinada a Países Bajos. No hay demasiados datos sobre los 1.283 kilos de Sevilla, pero lo cierto es que el conflicto habría terminado con un grupo armado desplazándose hasta una pequeña localidad neerlandesa. Es el mapa actual del narcotráfico europeo. La decisión del alcalde de **Heumen** , Joerie Minses, de cerrar la vivienda durante un año, tampoco se produce en un inmueble ajeno a la actividad criminal. La casa de la Ewijkseweg ya había sido clausurada en ocasiones anteriores. En 2020 fue cerrada después de que se descubriera **un laboratorio de drogas** tras un incendio. En 2024 volvió a cerrarse después de que varias personas armadas fueran vistas frente al inmueble. Y el año pasado recibió al menos 25 impactos de bala. Después del último episodio, el alcalde ha ordenado su cierre durante un año. Además, uno de los residentes no podrá entrar en el término municipal durante dos semanas y el Ayuntamiento instalará **cámaras de vigilancia** en los alrededores cuando la policía termine sus trabajos. Minses ha explicado que el objetivo es recuperar la tranquilidad y restablecer el orden público después de un **episodio de violencia** que ha conmocionado a la localidad. Pero el alcalde también ha reconocido que no tiene competencias para cerrar la vivienda de manera permanente y obligar a sus residentes a abandonar el municipio. Legalmente, la clausura durante un año es la medida máxima que puede adoptar en este momento. La decisión refleja hasta qué punto el narcotráfico puede acabar**afectando a comunidades** que no tienen ninguna relación con el negocio de la droga. Lo ocurrido en Overasselt forma parte de una evolución que las autoridades europeas llevan años siguiendo con preocupación. El narcotráfico ha convertido Países Bajos en uno de los principales centros de distribución de cocaína y otras drogas en Europa y ha generado una **estructura criminal** cada vez más violenta y profesionalizada. Los asesinatos, los secuestros, los **ataques con armas** de fuego y las amenazas contra periodistas, abogados y políticos han dejado de ser episodios excepcionales. El asesinato del periodista neerlandés Peter R. de Vries en 2021 se convirtió en uno de los ejemplos más graves de esta escalada. Pero el fenómeno no se limita a los grandes centros urbanos. El caso de Overasselt demuestra que una disputa por una partida de cocaína puede trasladarse a una localidad pequeña y aparentemente tranquila y convertir sus calles en el escenario de **una operación armada**. Y hay otro elemento que preocupa: la utilización de las redes sociales para amplificar las amenazas. El vídeo de Overasselt no se limita a intimidar a una persona. Está **diseñado para ser visto**. Cuatro hombres encapuchados, armas visibles, un mensaje directo y un plazo concreto. Una estética que recuerda a la propaganda de los cárteles mexicanos y que también se ha visto en otros conflictos relacionados con el crimen organizado en Europa. La diferencia es que esta vez el vídeo aparece después de **un ataque real** en el que ya hay un muerto y dos policías heridos. Las autoridades tendrán que determinar ahora si las amenazas forman parte de una**guerra entre organizaciones** criminales, si el vídeo fue grabado por los mismos hombres que participaron en el ataque y, sobre todo, qué ocurrió realmente con la cocaína. De momento, hay un alijo en la frontera entre Francia y España y otro en un polígono de Sevilla, una vivienda cerrada durante un año,**35 personas detenidas** y cuatro hombres que, desde una grabación difundida en Internet, amenazan con matar a una familia si no se devuelve una partida de cocaína. Y detrás de todo ello aparece una realidad cada vez más difícil de ignorar: la **violencia asociada al narcotráfico** ya no es un fenómeno que Europa pueda observar desde lejos. Se está produciendo dentro de sus propias fronteras y, en casos como el de Overasselt, puede alcanzar a cualquiera que quede en medio de una guerra por millones de euros en droga.

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Llegó de Irán con 14 años y ahora puede ser expulsado: el rostro del endurecimiento migratorio en Suecia

**Shahrdad Sherbabaki** se siente como si hubiera sobrevivido a un milagro. Un “gato con siete vidas”, comenta con una sonrisa. Este joven iraní **forma parte de aquellas personas que han sido noticia en Suecia: extranjeros que llegaron al país siendo menores de edad, han pasado allí toda su vida y, de repente, se ven obligados a abandonarlo**. Su madre había conseguido, tras una dura lucha, un permiso de residencia permanente. Un día del invierno pasado, Shahrdad, de 26 años, tenía que coger un avión para viajar a Irán. Mientras organizaba su despedida, su novia, que vive en Gotemburgo, le convenció para que cambiara su billete para unos días después. Entre tanto, Donald Trump lanzó una campaña de bombardeos contra la República Islámica. Ese avión nunca despegó. Shahrdad nos citó en un campo deportivo del barrio de Skytteholm, al norte de Estocolmo, la capital sueca. “Cuando llegué, a los 14 años”, explica mientras recorre el lugar, “aquí fue donde aprendí sueco, jugando al fútbol. Más que en las aulas o en el trabajo”. Con un toque de orgullo, precisa que ahora ocupa el puesto de portero. Fuera del campo, **Shahrdad terminó el bachillerato, comenzó a estudiar economía y consiguió un empleo a tiempo completo en una guardería**. Pero para los servicios de inmigración no es suficiente. Su solicitud tardó dos años en ser denegada. En 2022 llegó al poder una coalición de partidos de derechas y, bajo la presión del partido de extrema derecha Demócratas de Suecia (SD), que no forma parte del Gobierno pero le proporciona un apoyo parlamentario indispensable, las condiciones para permanecer en el territorio se han endurecido notablemente. “Las normas han cambiado, pero yo no he cambiado”, protesta Shahrdad sin perder su tono sereno. **Ahora, el joven tiene la sensación de estar “en un limbo, sin estar obligado a marcharse al extranjero ni autorizado a trabajar o estudiar aquí”**. Animado por su madre a redactar una petición sobre su caso personal, se ha sumado a un amplio movimiento activista muy activo en las redes sociales, que alerta a la opinión pública sobre este tipo de situaciones. Con cierto éxito. Según el diario Aftonbladet, **121 jóvenes se encontrarían en su misma situación a finales de este verano.** Bajo presión, el Gobierno ha accedido a retrasar de los 18 a los 21 años la edad en la que la reagrupación familiar deja de proteger a las personas que llegaron siendo menores de edad. La medida es modesta, pero constituye una “primera victoria”, según Shahrdad. Y los socialdemócratas, principal fuerza de la oposición que, sin embargo, aprobó en el Parlamento la mayoría de los cambios, afirman que, en caso de volver al poder, pondrán en marcha una amplia “investigación” para corregir los excesos de la política migratoria. Hay que decir que estos excesos también afectan a perfiles menos esperados, como esos **458 ciudadanos británicos** devueltos al Reino Unido**después del Brexit, algunos de ellos tras décadas de residencia en Suecia**. Algo que empaña la reputación de un país que cuida mucho su imagen internacional. Por su parte, el partido de los Demócratas de Suecia se felicita por su balance en esta materia, que defiende a voz en grito de cara a las elecciones legislativas de este domingo 13 de septiembre, en las que se renovarán todos los escaños del Riksdag, el parlamento unicameral sueco. No hay que dejarse engañar por la tipografía infantil de sus carteles de campaña ni por la adorable abeja que le sirve de nuevo logotipo. **El partido** no solo se felicita por la significativa disminución del número de llegadas y de solicitudes de asilo presentadas, sino que pretende ir aún más lejos. **En su programa incluye la supresión de los permisos de residencia permanente ya expedidos** , o incluso un derecho de veto otorgado a los habitantes contra programas que puedan dar lugar a una “mezcla étnica forzada”. **“Cuando irrumpieron en la política, a principios de la década de 2010”,** recuerda Jenny Andersson, profesora de Historia en la Universidad de Uppsala, **“los Demócratas de Suecia apelaban a una nostalgia que no parecía muy alejada de la de los socialdemócratas** , cuyo electorado obrero codiciaban. Retomaban la retórica de un ‘hogar del pueblo’ a la que la izquierda había dotado históricamente de un contenido solidario.**Esa retórica ha desaparecido ahora en favor de una nostalgia mucho más radical** , a saber, la de un pueblo blanco sin traidores (ya sea por su color, su religión o sus opiniones políticas)”. **En cuatro elecciones, la extrema derecha sueca ha cuadruplicado su posición** Número (en % de votos) de Demócratas de Suecia en las elecciones legislativas desde la creación del partido en 1988 Es cierto que**,** desde su nacimiento en 1988 en los márgenes neonazis y supremacistas de la vida política sueca, “el partido SD se ha desradicalizado de forma gradual y sistemática”, recuerda el politólogo Anders Widfeldt, autor de _The Sweden Democrats in Transition_ (Routledge, 2024). **Oficialmente, el racismo y el antisemitismo están sancionados en el partido**. Sin ello, la formación nunca habría podido alcanzar el 20 % de los votos en las elecciones legislativas de 2022, en las que se presentó como una salida creíble a las actitudes xenófobas y autoritarias que existían desde hacía tiempo sin haber sido politizadas. **Sin embargo, la permeabilidad con los sectores más extremistas nunca ha desaparecido**. Así, el diario _Dagens ETC_ reveló que un allegado al líder del SD, miembro de su grupo musical, posee una tienda _on line_ que, hasta hace muy poco, vendía material neonazi. Además, el partido sigue haciendo guiños a sus orígenes como grupúsculo. Mientras que hace treinta y cinco años reclamaba que “Suecia siga siendo Suecia”, uno de sus lemas de campaña se felicita hoy de que “Suecia vuelva a ser Suecia”. Y con su abejita sonriente. **Jimmie Åkesson** tiene la firme intención de continuar con esta restauración identitaria. **Al frente del SD desde 2005** —lo que le convierte en el líder de partido con más antigüedad que participa en la contienda electoral—, **se ha fijado como objetivo formar parte de pleno derecho del próximo Gobierno**. Es lo que vino a defender el miércoles 9 de septiembre, en un escenario montado frente al ayuntamiento de Nörrköping, la undécima ciudad del país, al sur de Estocolmo. Para entretener a la gente reunida para la ocasión, una _dansband_ toca una canción tras otra, en un estilo muy local que fusiona la música ligera con el pop-rock, para hacer bailar a la gente. Se reparten generosamente pasteles de crema, así como un buen número de artículos promocionales, mientras un militante se empeña en que leamos la contraportada de Kafir (infiel, en árabe). Este folleto antiislámico ha sido redactado por el diputado Richard Jomshof, carcano a Åkesson, quien lo ha publicado en su propia editorial para evitar el riesgo de “censura”. **Entre el público se ven personas de pelo blanco, mezcladas sobre todo con mucha gente en activo**. Algunas acaban de cumplir la edad mínima para votar, mientras que otras tienen más bien el perfil de padres jóvenes que han acudido en familia. Entre ellas, Filipa afirma que ya votó al SD la última vez y se muestra especialmente satisfecha con el trabajo realizado en materia de seguridad: el número de tiroteos relacionados con la delincuencia de las bandas, especialmente mortífera en comparación con otros países europeos, ha disminuido efectivamente. “Espero que tengamos otros cuatro años tan buenos como estos”, confiesa. Al subir al escenario, Åkesson provoca abucheos cuando menciona la hipótesis de una “vuelta atrás” encarnada por Magdalena Andersson, líder de los socialdemócratas y posible primera ministra en caso de cambio de gobierno. **Alabando las reformas en materia de seguridad de la coalición saliente** , la salida del “caos” migratorio que esta habría permitido, o incluso la reducción del precio de la gasolina decidida para gran disgusto de los ecologistas —abucheos de nuevo—, **Åkesson continúa con la promesa de extender a toda la población la reducción de las tarifas de la asistencia dental** de la que ya se benefician las personas mayores. Quejándose de un grupo de manifestantes que habían acudido a defender a los exiliados en las inmediaciones del mitin, y pidiendo en vano a la policía que los expulsara, **el líder de extrema derecha** se resigna a su presencia e **invita a que suban a su lado a dos antiguos miembros de los Moderados, el gran partido de derecha neoliberal** al que los Demócratas de Suecia superaron en las urnas en 2022. La primera, en nombre de la lucha contra los pederastas, hace un llamamiento a apoyar la acción de un grupo que les tiende trampas en Internet con perfiles falsos de niños. El segundo es de origen armenio, pero nació en Suecia, en un barrio de la capital con una alta concentración de inmigrantes. En una maniobra bastante perversa, se le invitó a celebrar la adaptación a la cultura sueca con una frase impactante, que suscitó la aprobación de las pocas personas de no blancas que había entre el público: “Los inmigrantes están hartos de los inmigrantes que no saben comportarse”. La expresión hace referencia a una ley**aprobada el 15 de junio en el Riksdag que abre la posibilidad de retirar el derecho de residencia a las personas sospechosas de “mal comportamiento”** , un concepto muy controvertido debido a las posibles interpretaciones abusivas por parte de las autoridades. Una vez más, la huella de los Demócratas de Suecia fue evidente, coronando unos quince años durante los cuales **el partido, que entró en el Parlamento en 2010, ha ejercido presión sobre todo el espectro político** , **haciendo que la política del país resulte irreconocible en comparación con la de décadas anteriores.** “Para SD, su apoyo sin participación ha sido una situación en la que todos han salido ganando”, resume Anders Widfeldt.**“Ha formado parte del proceso de toma de decisiones del Gobierno, sin tener que asumir los costes de imagen que conlleva la gestión diaria**. Además, en comparación con el pasado, el partido puede contar con una sólida implantación local. Ahora tiene las dimensiones de un auténtico movimiento nacional.” **Shahrdad Sherbabaki** sabe muy bien a qué atenerse. En cuanto a las cuestiones migratorias, y basándose en las numerosas comparativas que consultan los votantes antes de votar, **dice que los Demócratas de Suecia son el partido más hostil hacia los derechos que él defiende** , mientras que las formaciones más receptivas —el Partido Verde, el de la izquierda radical e incluso el Partido del Centro— se encuentran en la oposición. Y en los actos en los que participa, a veces se cuelan extremistas de derecha. “Prefiero reírme de ellos, y **apuesto por acabar con una retórica que no deja de enfrentar a unas personas con otras”** , afirma, subrayando que, más allá de las elecciones —que bien podrían dar lugar a resultados decepcionantes, dado que el centro de gravedad ideológico se ha desplazado hacia la derecha—, lo importante es que la sociedad siga movilizándose y ejerciendo presión sobre quienes gobiernan en cada momento. **Traducción de Miguel López**

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El Pulpo y Dj Nano, los más contratados por Almeida para poner música a las fiestas populares de Madrid

A todos nos gusta una buena verbena, pero es altamente probable que, al menos en la ciudad de Madrid, a nadie más que a Carlos Moreno Arribas (Madrid, 1974), conocido artísticamente como **Dj El Pulpo**. No en vano, es el nombre más recurrente en las programaciones de las fiestas populares de las juntas de distrito de la capital desde la llegada a la alcaldía en junio de 2019 de José Luis Martínez-Almeida (PP) y el obligado largo parón pandémico de 2020. Como dirían en Galicia: "No pulpo, no feria". Algo así, pero en versión castiza. Es cierto que El Pulpo ya pinchaba en las fiestas capitalinas antes de la llegada de Almeida, pero también lo es que su presencia ha aumentado considerablemente desde entonces hasta alcanzar una cifra de bolos difícil de igualar: 21 en seis años y en nueve distritos. El último fue el pasado 16 de agosto de este 2026, en los Jardines de Las Vistillas, dentro de la programación de las Fiestas de la Virgen de la Paloma (Centro). Mucho más se movió el 'popular' pinchadiscos por los barrios madrileños en 2025, pues puso banda sonora a las fiestas de Dehesa de la Villa (Moncloa-Aravaca), Tetuán, El Carmen (Chamberí), La Paloma (Centro), San Miguel (Chamartín) y Barrio del Pilar (Fuencarral-El Pardo). Seis verbenas, dos más que en 2024, cuando pasó por las Fiestas del Barrio del Pilar, Vicálvaro, El Pilar (distrito de Salamanca) y Tetuán —también estaba prevista su presencia en Chamberí, pero canceló a última hora—. En algunas de estas celebraciones se ha hecho prácticamente indispensable. En 2023 ya había pinchado en las Fiestas del Carmen (Chamberí), San Miguel (Chamartín) y Barrio del Pilar, mientras que en 2022 había pasado -perdón por la reiteración, pero es precisa- por las Fiestas del Carmen (Chamberí), Barrio del Pilar, Fiestas del Pilar (Salamanca) y La Melonera (Arganzuela). Y así, retrocediendo, llegamos hasta 2021 para repetir festejos: Fiestas del Carmen (Chamberí), Barrio del Pilar y Fiestas del Pilar (Salamanca). Agrupadas por distritos y celebraciones, la persistente frecuencia de Dj El Pulpo queda así: Barrio del Pilar, cinco veces (2021-2025); Fiestas del Carmen de Chamberí, cuatro (2021, 2022, 2023 y 2025); Fiestas del Pilar de Salamanca, tres (2021, 2022 y 2024); San Miguel de Chamartín, dos (2023 y 2025); Tetuán, dos (2024 y 2025); Virgen de la Paloma, dos (2025 y 2026); La Melonera, una (2022); Vicálvaro, una (2024); y Dehesa de la Villa, una (2025). Lo dicho: **21 contratos públicos en seis años** , con un caché que, según han ido publicando diferentes medios a lo largo de este lustro, ronda los 3.500 euros por velada. Carlos Moreno empezó de adolescente su andadura como Dj y entró en la radio de la mano de José Antonio Abellán, en el programa _La Jungla_. Desde hace veinte años desarrolla su carrera como periodista y showman en la COPE, donde presenta el espacio de madrugada _**Poniendo las calles**_. Esa faceta de animador radiofónico es la que traslada a sus espectáculos, en los que pone canciones del pop-rock español e interactúa continuamente con el público. Aparte de trabajar para marcas y eventos privados, ha sido también animador en actos del PP —tanto nacional como de Madrid—, incluidos cierres de campaña, congresos y noches electorales en Génova. Él mismo se ha definido públicamente como simpatizante del Partido Popular, si bien desde instituciones como el Ayuntamiento de Madrid siempre se ha defendido que la programación de las fiestas se adjudica a empresas organizadoras, con las que luego se deciden las contrataciones en función de caché, disponibilidad y atractivo para el público. Esto último es, claro, aplicable a cualquier artista. Pero tanta repetición llama la atención, pues ese público al que se apela también se cansa de ver siempre a los mismos artistas. Las fiestas populares, además, organizadas con dinero de todos, debieran dar espacio y cabida a otras propuestas en favor de la diversidad. Sin embargo, eso no ocurre con El Pulpo, habitual también de festejos por toda la Comunidad de Madrid, como, entre otras: las Fiestas de Butarque en Leganés (2026), las Fiestas de Pozuelo (2026, 2025, 2023), Alcobendas (2026, 2025, 2024) o San Lorenzo de El Escorial (2026). **Dj Nano** En este espíritu viajero por la región madrileña coincide El Pulpo con Dj Nano, el segundo artista más contratado en las fiestas populares de Madrid durante el mandato de Almeida y a quien, más allá de los límites de la capital, se ha podido ver de manera persistente, por no decir irritante, en las Fiestas de San Sebastián de los Reyes (2026, 2025, 2024, 2023), y en otras como las de Aranjuez (2025), Torrejón (2023) o Arganda del Rey (este pasado jueves 10 de septiembre de 2026). Si tanta contratación despierta su curiosidad, en Villaviciosa de Odón se le podrá ver todavía este 2026 en la noche del viernes 25 de septiembre. Pero volvamos a Madrid capital, donde **Dj Nano** (José Luis Garaña de los Cobos, Madrid, 1977) ha actuado en 11 ocasiones desde la pandemia. No hace falta ir mucho atrás en el tiempo para empezar a contabilizar, pues ha puesto banda sonora este 2026 a las fiestas de Canillejas, San Antonio de la Florida y Vicálvaro, donde también estuvo en 2025, así como en Moratalaz, un distrito en el que, a su vez, igualmente actuó en 2024. Ha protagonizado, a su vez, shows en las Fiestas de San Isidro de 2024, 2023 y 2022, y en las del Barrio del Pilar 2023 y, de nuevo, San Antonio de la Florida 2022 (donde ejerció como pregonero, al ser vecino del barrio). Por tanto, estas serían las 11 apariciones por fiesta de Dj Nano: San Isidro, tres veces (2022, 2023 y 2024); San Antonio de la Florida, dos (2022 y 2026); Moratalaz, dos (2024 y 2025); Vicálvaro, dos (2025 y 2026); Barrio del Pilar, una (2023); y Canillejas, una (2026). A estas contrataciones se pueden sumar las del 40 aniversario del Consorcio Regional de Transportes en el Intercambiador de Moncloa en 2025 o la previa de la final del Mundial de Fútbol en el Movistar Arena, un evento organizado por la Comunidad, que también contó con él para el acto oficial de entrega de las Medallas de Madrid por San Isidro en Cibeles, presidido por Almeida y con Ayuso entre los asistentes. A diferencia de El Pulpo, que ha desarrollado su carrera como locutor y animador de celebraciones poniendo canciones populares, Dj Nano viene de la escena electrónica y de club: es Dj y productor, trabaja con _house_ , _trance_ , _progressive_ , _dance_ y música electrónica. Asimismo, ha construido espectáculos propios como _Oro Viejo_ (macrofiesta dedicada a los grandes himnos del _dance_ de los 90 y los 2000), y ha actuado en un par de ocasiones en Tomorrowland Bélgica, el mastodóntico festival de música electrónica más famoso del mundo. **Las Nancys Rubias de Mario Vaquerizo** Estos dos pinchadiscos son, como hemos visto y de manera destacada, los más contratados por el PP en Madrid para las fiestas populares en los últimos años. Tras ellos, encontramos a un numeroso grupo de artistas y bandas que, concierto arriba o concierto abajo, están en empate técnico. En los primeros años desde la llegada de Almeida al Ayuntamiento, las **Nancys Rubias** gozaron de una exposición reiterada e importante, que esta se ha reducido de un tiempo a esta parte: Fiestas de La Melonera 2019, La Paloma 2022, Moratalaz 2022, San Antonio de La Florida 2024, San Isidro 2024 y Fiestas del Carmen (Chamberí) 2025. El grupo, comandado por **Mario Vaquerizo** , mantiene un fuerte vínculo con el PP de Madrid, que, de hecho, invitó al cantante a ejercer como pregonero de las Fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma en el verano de 2021 (ese año, sin concierto en la programación, aunque sí al siguiente). Además, el _showman_ , que no debe ensayar demasiado para hacer sus playbacks, pone nombre a unos locales de ensayo en el barrio de Chamberí, inaugurados con presencia de Almeida en 2025. "Mario es un referente del Madrid transgresor y en libertad del que nos sentimos tan orgullosos”, dijo entonces, sin rastro de ironía, el alcalde. **Otros artistas recurrentes** Más allá de estos nombres que gustan especialmente al PP de Madrid (tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad), llama la atención la contratación de bandas de larga trayectoria que están ya lejos de sus años de mayor creatividad, y que ahora hacen extensas giras por fiestas populares de todo el país. Una solución fácil para los programadores que van a tiro hecho y que cierra la puerta a propuestas más jóvenes y desconocidas. Cierto es que, a base de rascar, siempre se encuentra algún nombre renovador, pero siguen siendo una inmensa minoría en los festejos contratados con dinero público. Es por ello que están abonadas a las verbenas de Madrid capital bandas como **Modestia Aparte** , hasta en siete ocasiones: Fiestas del Carmen de Chamberí (2022), Barrio del Pilar (2022), Dehesa de la Villa (2023), San Isidro (2025), Canillejas (2025), San Antonio de la Florida (2026) y La Paloma (2026). También site veces suma **Tam Tam Go!** : San Isidro (2022), San Juan en Retiro (2022), Butarque en Villaverde (2023), Tetuán (2023), Aluche (2024), Virgen del Carmen en Puente de Vallecas (2025) y Fiestas del Carmen en Chamberí (2026). Otras siete alcanza **Nacha Pop** , que desempolvó su repertorio clásico en San Isidro (2022), San Antonio de la Florida (2022), Fiestas del Carmen de Chamberí (2023, 2024), Barrio del Pilar (2024, 2025) y Fiestas de La Melonera (2025). Un poquito de aire más fresco aporta **Nena Daconte** , que sigue en activo como compositora y editando discos al mismo tiempo que disfruta de la oportunidad de cantar en celebraciones madrileñas como San Isidro (2022, 2026), Butarque en Villaverde (2022), Moratalaz (2022), Virgen de la Torre en Villa de Vallecas (2023), Virgen del Carmen en Puente de Vallecas (2025) y Villaverde Bajo (2025). Con seis se queda **La Frontera** , que sigue haciendo sonar sus éxitos de los 90 en festejos como las Fiestas del Carmen de Chamberí (2022), Virgen de la Torre de Villa de Vallecas (2022), San Isidro (2024), Ciudad de los Ángeles en Villaverde (2024), Vicálvaro (2026) y hace apenas unos días La Melonera (2026). Curiosamente, esta banda compartió cartel en esta última verbena, celebrada la semana pasada, con **Rafa Sánchez** , **de La Unión** , quien también llega a las seis actuaciones en distritos de la ciudad: Vicálvaro (2022), San Isidro (2023), Dehesa de la Villa (2024), La Paloma (2024), Hortaleza (2025) y, como decíamos, La Melonera (2026). El conteo no es interminable, aunque sí un tanto repetitivo, con lo que queda claro que hay un tipo de rueda en la que los mismos artistas son cromos intercambiables entre los diferentes barrios. Para qué complicarse la vida buscando artistas nuevos si se puede contratar hasta seis veces en un lustro a **Amistades Peligrosas** : San Isidro (2022, 2023, 2025, 2026), San Antonio de la Florida (2024) y Virgen de la Paloma (2024). Y con cinco actuaciones lo vamos a dejar. Esas son las que suman **Café Quijano** —La Melonera (2021), Barrio del Pilar (2023), San Isidro (2024), Vicálvaro (2025) y Virgen de la Paloma (2025)—, **OBK** —San Isidro (2022, 2025, 2026), Hortaleza (2024) y Dehesa de la Villa (2024)—, **Los Rebeldes** —San Isidro (2022), San Blas (2023), San Juan de Retiro (2023), Aluche (2024) y Virgen del Carmen de Puente de Vallecas (2024)—, y **Efecto Pasillo** —San Isidro (2022), San Blas (2023), San Juan de Retiro (2023), Aluche (2024) y Virgen del Carmen de Puente de Vallecas (2024)—. Parece mentira, pero hemos hablado tan solo de **15 artistas o bandas**. Viendo las fechas de las verbenas, parecen muchas más, pero las propuestas son casi siempre las mismas.

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Perelló obvia los datos de la UE y acude al CIS y la OCDE para decir que los españoles confían en la justicia

El Cuadro de Indicadores de la Justicia de la UE confirma, año tras año (también en 2026), que la confianza de los españoles en la**independencia de sus jueces es muy baja** –solo cuatro de cada diez creen que es buena o muy buena en su última edición– lo que sitúa a la magistratura española a la cola de Europa, solo por delante de Chipre, Eslovaquia, Hungría, Croacia y Bulgaria. El motivo más importante por el que los ciudadanos aprecian esa falta de independencia, según ese mismo informe de la Comisión Europea, se justifica por **"la interferencia o la presión del Gobierno y los políticos"**. Sin embargo, en su discurso en el acto de apertura del año judicial ante el rey, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, obvió ese dato que también se incluye en el Informe sobre el Estado de Derecho de la UE (la _biblia_ sobre la calidad democrática de los Veintisiete), y aseguró que "los ciudadanos confían" en la labor de los jueces. "Así lo atestiguan distintas encuestas de organismos especializados", señaló Perelló sin citar a qué organismos se refería. Fuentes del CGPJ explican que la presidenta se basó en el Informe sobre la calidad de la democracia publicado por el **Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)** en junio y la Encuesta sobre los factores que determinan la confianza en las instituciones de la **Organización para la Cooperación y el Desarollo Económico (OCDE)** conocido ese mismo mes. El documento del organismo que dirige **José Félix Tezanos** , sin embargo, daba una de cal y otra de arena a los jueces. El dato del CIS que subraya Perelló, según fuentes del órgano de gobierno de los jueces, es **la nota media de 4,74 de confianza que reciben en esa investigación los tribunales de justicia** , situándose por encima del Parlamento (4,07) y el Gobierno (3,79). Pero ese mismo estudio refleja, sin embargo, como segunda prioridad de los ciudadanos (solo por debajo de la lucha contra la corrupción) los **"cambios, renovación, mejoras y despolitización de la justicia y separación efectiva de poderes"**. Otro de los datos relevantes reflejado por el CIS es que algo más de **tres de cada cuatro españoles (el 76,9%) cree que la justicia no es imparcial cuando investiga a partidos políticos**. También que casi nueve de cada diez (el 88,8%) sostiene que los jueces **no tratan igual a los políticos que a cualquier otro ciudadano**. Casi ocho de cada diez (78%) consideran además que los tribunales **no tratan igual a ricos y a pobres**. El informe del instituto público coincidió en su publicación con dos encuestas publicadas por El País y La Vanguardia. El primero, elaborado por 40dB. reflejaba que **dos de cada tres españoles cree que entre los jueces españoles existe la práctica del** _**lawfare**_. En la de _La Vanguardia_ , elaborada por Ipsos, **seis de cada diez consultados observaban que "hay jueces haciendo política y políticos haciendo justicia"**. Entre los votantes del PSOE, esa percepción subía a ocho de cada diez, y algo más aún entre los partidarios de Sumar. Un día después de que se conociera la resolución de la Sala de lo Contencioso del Supremo que da alas al bulo de PP y Vox –muy extendido entre la ultraderecha global– de un pucherazo electoral del PSOE a través de la **concesión de la nacionalidad a hijos y nietos de exiliados del franquismo** privando del derecho de voto a medio millón de españoles, Perelló cargó muy duramente contra esta percepción cada vez más extendida –sobre todo entre la izquierda, pero no solo– que atribuye "propósitos políticos o ideológicos" a los jueces. **"Esta es una imputación de extraordinaria gravedad que puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva"** , llegó a decir. Pero esa impresión existe incluso en el órgano de gobierno de los jueces que la propia Perelló preside. Horas antes del acto, el vocal progresista **José María Fernández Seijo** , reflejando el sentir de otros ocho miembros del órgano, sostuvo en la Cadena SER que "hay algunos jueces que están actuando como operadores políticos en determinadas situaciones". La realidad es que **la cuestión del** _**lawfare**_**no solo fractura a la sociedad, sino también a la propia judicatura** y a su órgano de gobierno. La afirmación de que los ciudadanos tienen confianza en la labor de los jueces también la basó Perelló en la encuesta sobre confianza en las instituciones de la OCDE publicada el 29 de junio. El macrosondeo compara la confianza en los tribunales y el sistema judicial con la que los ciudadanos tienen respecto al Gobierno, las Fuerzas Armadas y la Policía. El dato que arroja es que **el 50% de la población tiene confianza en los jueces** –en general, no en su independencia o su imparcialidad–, una cifra que está **por debajo de la media de los 42 miembros de la organización analizados (54%)** , pero que supera a países de nuestro entorno como Francia e Italia. Muy lejos quedan otros Estados como Alemania, Dinamarca o Países Bajos con un apoyo popular muy superior. De todos los participantes en el estudio, **la justicia española queda en la posición 25**. La confianza en los jueces españoles es mayor que la que tiene el Gobierno (43%), pero inferior a la del Ejército (66%) y las fuerzas y cuerpos de seguridad (62%). La percepción de parcialidad, según varios jueces y vocales consultados, tal como sostuvo Fernández Seijo en su entrevista radiofónica, **tiene que ver con los casos más mediáticos, que suelen coincidir con los de mayor trascendencia política**. Procesos como el que acaba de privar provisionalmente del voto a más de 500.000 españoles y en el que los magistrados aprecian un riesgo cierto de pucherazo electoral a favor del PSOE organizado por ese partido y sus socios con una ley que aprobó el Parlamento –la Ley de Memoria Democrática– con todos los procedimientos y garantías necesarias hace ya cuatro años. O como en el caso del proceso independentista catalán en el que los magistrados de la Sala de lo Penal se negaron a aplicar otra ley –la ley de amnistía– a los políticos independentistas condenados o procesados por el _procés_. O la condena del anterior fiscal general del Estado, en la que al menos tres magistrados de esa misma Sala (dos en la sentencia y un tercero durante la instrucción) coincidieron, en contra de la mayoría, en que no había pruebas de cargo contra él y se habían vulnerado sus derechos fundamentales y garantías procesales, algo en lo que coincide la Fiscalía y amplios sectores de la propia carrera judicial. Otro de los factores que influye en la percepción creciente de politización es la participación cada vez más frecuente de jueces y magistrados en actos de marcado carácter político, las descalificaciones gruesas contra parlamentarios, gobernantes u otras instituciones (casi siempre desde un punto de vista de derechas) o los _posts_ partidistas en redes sociales que, en la inmensa mayoría de los casos, suscitan escándalos que, sin embargo, pasan sin el mínimo reproche disciplinario. Esa ineficacia para sancionar los excesos de los jueces –ya sea por la vía disciplinaria o la criminal– también se percibe en instrucciones muy polémicas, como la del juez Juan Carlos Peinado contra la esposa de Pedro Sánchez. Actuaciones estrambóticas, excesos y evidentes faltas de respeto a los imputados, testigos, fuerzas de seguridad o acusados que advierten muchos compañeros de la propia carrera no tienen ninguna consecuencia. Las manifestaciones de jueces con la toga puesta para tratar de influir en el Parlamento para que no apruebe una ley –como las que se produjeron con la amnistía– o para intentar **sabotear reformas judiciales defendidas durante décadas por Gobiernos de derechas e izquierdas** , tampoco ayudan a mejorar la apariencia de imparcialidad, según comparten en el sector progresista del Consejo. Pero más allá de las sensaciones, están los **datos objetivos** que indican que el cuerpo, en general, está escorado a la derecha. Lo demuestra los resultados de las elecciones a Salas de Gobierno en las que participan todos los jueces y magistrados y que, en su última convocatoria, en diciembre de 2024, dio a candidatos conservadores 104 de las 118 plazas en juego. Ese conservadurismo tan extendido no quiere decir que la gran mayoría de la magistratura no ejerza su función con total profesionalidad.

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"Yo seré un perro, pero no tengo amo", el zasca de Sánchez a Abascal en los memes de la semana

Este septiembre, el curso político ha comenzado a golpe de zasca. La primera sesión de control al Gobierno en el Congreso tras la crisis de Ceuta ha dejado un momento épico entre Pedro Sánchez y Santiago Abascal, que bien podría convertirse en un eslogan para camisetas de los mítines del PSOE. "A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo", le afeó el presidente del Gobierno al líder de Vox en alusión a su relación con **Trump y Netanyahu**. Estas palabras no tardaron en viralizarse en redes sociales: "El Perro ha vuelto con ganas", apunta @crispmarcote; "Vaya hostia a mano abierta", valora @Ivanjode; "Sánchez tiene a la fachosfera hundida", postea @Cidpedrosanchez. Ayuso, por su parte, ha aprovechado el **Debate sobre el Estado de la Región** en la Asamblea de Madrid para responder al presidente del Gobierno, al que ha convertido en protagonista de su discurso: “Sí que tiene dueño, como todos los perros que duermen en un palacio”. Las redes se han hecho eco de sus palabras y acusan a la presidenta de la Comunidad de Madrid de usar esta maniobra de distracción para intentar tapar la polémica del ático de lujo. Además, algunos sacan punta a sus palabras y la acusan de estar insultando al rey: "Díaz Ayuso acaba de llamar perro al rey Felipe VI. Ha dicho que es ‘un perro (Sánchez) como todos los que viven en palacios’", opina @rapelando. En el ámbito tecnológico, **la presentación del iPhone 18** también ha dado lugar a la mofa entre los usuarios de X y Bluesky que apuntan a que casi no existen las diferencias con el 17, a pesar de que Apple ha diseñado un nuevo modelo plegable. No te pierdas cada semana lo más destacado de las redes sociales resumido en nuestro tuitómetro.

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El jefe de gabinete del delegado de Ceuta asegura que informó a su superior del aviso del CNI el 29 de julio

El jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, ha presentado su renuncia después de asegurar que **trasladó al delegado, Miguel Ángel Pérez Triano** , la información recibida por WhatsApp del CNI el pasado 29 de julio, un día antes de la entrada masiva de miles de personas en la ciudad autónoma, en la que se alertaba de movimientos en redes sociales alentando a cruzar a nado hasta Ceuta. Así consta en el correo enviado este jueves a la Secretaría General de la Delegación del Gobierno, al que ha tenido acceso **infoLibre** , en el que Sanz explica que abandona su puesto tanto por “razones personales y familiares” como por **la contradicción** entre su relato de lo ocurrido y las declaraciones realizadas públicamente por Pérez Triano. En el mensaje, que ha trascendido este viernes, Sanz señala como motivo de su renuncia la **“evidente incompatibilidad”** entre su afirmación de que “la información de mensajería escrita que se transmitió por el CNI el día 29 de julio**fue transmitida por mi persona al propio delegado ese mismo día”** y las declaraciones del delegado “en distintos medios” en las que, según sostiene, afirma “no haber recibido información por mi parte”. La versión del hasta ahora jefe de gabinete introduce así un nuevo elemento en la controversia sobre la cadena de transmisión de la información que llegó a Ceuta antes de la crisis fronteriza. Sanz sostiene de forma expresa que **él mismo puso en conocimiento del delegado el aviso recibido** desde los servicios de inteligencia. Pese a la discrepancia entre ambos relatos, Sanz recalca que su decisión**no responde a un enfrentamiento personal con Pérez Triano**. “Tomo esta decisión sin la más mínima acritud hacia el delegado”, afirma en el correo. El jefe de gabinete **defiende además la actuación de la Delegación** durante los días previos y posteriores a la crisis y asegura que desde este organismo “se ha trabajado de forma denodada**para lograr acciones por parte del Gobierno central** desde el primer minuto”. Sanz añade que **tiene conocimiento de la existencia de informes** “que demuestran la labor de aviso y alerta que se realizó desde Delegación del Gobierno **hacia los distintos ministerios”** y expresa su deseo de que Ceuta “recupere cuanto antes la normalidad”. En el cierre del correo, solicita a la Secretaría General que**tramite su salida con carácter inmediato** : “Ruego, por tanto, y agradeciéndotelo infinitamente, procedas a realizar los trámites para que la renuncia sea efectiva hoy mismo a ser posible”.

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Las incógnitas aún por resolver del 11S

Veinticinco años después del 11 de septiembre de 2001, los atentados que llevaron a EEUU**a invadir Afganistán** aún presentan incógnitas. Dos aviones comerciales se estrellaron contra las Torres Gemelas, causando casi 3.000 fallecidos y dejando algunas de las imágenes más impactantes del ataque terrorista **más mortífero de la historia del país norteamericano**. Otro avión impactó contra el Pentágono y un cuarto cayó en un campo de Pensilvania después de que los pasajeros intentaran recuperar el control. Sin embargo, pese a la relevancia de los hechos y el tiempo transcurrido desde entonces, aún **no se ha celebrado un juicio** contra los supuestos responsables. Después de dos décadas de estancamiento legal, la fecha se ha aplazado en varias ocasiones, y la última conocida es el próximo **5 de junio de 2028** , 27 años después de los atentados. Las asociaciones de familiares de las víctimas han expresado su frustración porque muchos de ellos han muerto mientras esperaban justicia. El principal motivo de este retraso es uno:**las torturas** a las que fueron sometidos los acusados. Khalid Sheikh Mohammed (KSM), supuesto “cerebro” de los atentados, lleva todos estos años detenido **en la prisión de Guantánamo** , en la base estadounidense en Cuba. En 2007 aseguró ser “el responsable del 11S, de la A a la Z”, una confesión que ha sido**recientemente desestimada** por el juez militar del caso. Hace menos de dos semanas, el magistrado describió el trato que la CIA dio a Mohammed como un**"abuso físico y mental extraordinario"** y aseguró en su fallo que estas declaraciones no fueron voluntarias y que no podían utilizarse contra KSM en el juicio. Según un informe publicado por la agencia de inteligencia, técnicas de tortura como el ahogamiento simulado (_waterboard_) le fueron aplicadas al menos 183 veces. Otro asunto que aún genera interrogantes es la falta de reacción de las autoridades ante **los numerosos avisos** de los servicios de inteligencia. La Comisión del 11S, un organismo estadounidense creado tras los atentados para esclarecer sus causas y evitar futuros ataques, asegura que durante aquel verano hubo un aumento importante de las señales que apuntaban a una posible acción de Al Qaeda. En junio, analistas de la CIA, la DIA (Agencia de Inteligencia de Defensa, por sus siglas en inglés) y la NSA reportaron que **era probable** que se produjera un gran atentado terrorista en pocas semanas. Ese mismo mes, un informe de inteligencia sobre Al Qaeda también advertía de que algo **“muy, muy, muy, muy” grande** estaba a punto de suceder y de que buena parte de la red de Bin Laden **anticipaba un ataque**. El 6 de agosto, el entonces presidente George W. Bush recibió un informe titulado **“Bin Laden, decidido a atacar en EEUU”** (_Bin Ladin Determined To Strike in US_). Pese a estas alarmas, el Gobierno aseguró que la falta de respuesta se debió a una **gran descoordinación** entre las instituciones y a una creencia de que el ataque no se produciría en territorio estadounidense. “Si hubiera sabido que iba a haber un atentado contra Estados Unidos, habría movido montañas para impedirlo”, aseguró Bush. Respecto al informe, dijo: “Decía que Osama bin Laden tenía planes contra Estados Unidos. Bueno, **eso ya lo sabía** ”. Este martes, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, desclasificó más de 170.000 páginas de informes sobre el 11S. En ellos se demuestra que **la contaminación del aire** provocada tras la caída de las torres provocó la muerte de más de 9.400 personas por enfermedades relacionadas con la exposición a sustancias tóxicas, **más del triple** de las víctimas mortales de los atentados. Entre los materiales contaminantes se encontraba **el amianto** esparcido tras el derrumbe. "Son documentos que muestran lo que la ciudad sabía sobre el aire tóxico alrededor de la 'zona cero', cuándo lo supo y **cómo actuó para limitar su responsabilidad** ", asegura Mamdani. Tanto él como organizaciones por la salud denuncian este encubrimiento deliberado por parte del Gobierno local, que **aseguró entonces** que no existía riesgo por la contaminación. Familiares de víctimas y heridos llevan años reclamando al Departamento de Justicia del país **la desclasificación de todos los documentos** sobre los atentados. Mamdani ha habilitado una página web en la que se irá publicando durante los próximos 12 meses más documentación desclasificada.

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La mayoría de autonomías castigan al agricultor local al comprar verduras para sus comedores escolares

Un análisis de Ecologistas en Acción publicado este jueves desvela que la inmensa mayoría de las comunidades autónomas da más prioridad a **ofrecer alimentos lo más baratos posibles en los comedores escolares** que a cualquier otro criterio. Muchos de estos gobiernos autonómicos –liderados mayoritariamente por el Partido Popular, algunos en coalición con Vox– aseguran defender a sus agricultores y ganaderos, pero, al mismo tiempo, estos quedan eclipsados por las ofertas más económicas de la agroindustria. La asociación ecologista ha estudiado los pliegos de los contratos de 14 comunidades autónomas para abastecer a sus colegios y **10 de ellas dan más peso al precio que a ningún otro criterio** , incentivando una pugna a la baja que favorece la producción hiperintensiva al mínimo coste, donde las grandes empresas juegan con ventaja. **Extremadura es la que más fomenta esta competencia, otorgando 90 de 100 puntos a la variable precio, seguida de Madrid** (80 puntos), Comunitat Valenciana (61) y Castilla-La Mancha (60). De esta manera, resulta prácticamente imposible competir por esas licitaciones si no se presenta la oferta más barata. Los autores subrayan, además, que estas 14 comunidades están adscritas al Programa Escolar de Frutas, Hortalizas y Leche de la Unión Europea para**fomentar la alimentación saludable hasta los 18 años y dotado con subvenciones** que entregan directamente a los colegios para que compren los alimentos o que las consejerías autonómicas pueden utilizar directamente para adquirirlos al por mayor. Como Cantabria y el País Vasco no participan en el programa, no forman parte de esta investigación. Tampoco Galicia, debido a que los autores no han podido encontrar sus pliegos de contratación. El rastro que dejan estos fondos europeos confirma que la fórmula utilizada por la mayoría de regiones –ponderar principalmente el coste– beneficia a las grandes empresas. **Tres de ellas recibieron el curso pasado, 2025/2026, el 65,4%** de estas ayudas europeas, 8,68 millones de euros. La granadina Nude Fruit Lovers (Cortijo Cuevas SL) recibió 3,9 millones de euros y fue la mayor receptora, seguida de Afrucat (Asociación Empresarial de Fruta de Cataluña), con 3,02 millones imputados a ese curso —la mitad de los 6,05 millones concedidos para dos años—, y de la valenciana Frutas y Verduras Massanassa, con 1,79 millones. "Los datos del curso pasado demuestran que los fondos europeos se han ido a grandes grupos de la agroindustria, los que tienen capacidad para rebajar al mínimo los precios y dejar fuera a la agricultura local y a la agricultura ecológica", afirma a **infoLibre Kristiñe García, portavoz de Ecologistas en Acción** especializada en campañas contra el uso de pesticidas. El **criterio de cercanía** , explican los autores de este trabajo, sí que pondera en la mayoría de regiones, pero **de manera minoritaria**. Las tres comunidades autónomas que mejor valoran que las cadenas de transporte sean cortas son **Asturias (30 puntos), Islas Canarias (25 puntos) y Aragón (20 puntos)**. La proximidad no solo incentiva la economía local y reduce las emisiones de efecto invernadero, sino que es una manera de enseñar a los niños y niñas cuáles son los cultivos y la industria ganadera de su región. Al estar ligados a un programa europeo, estos fondos **deben ser coordinados por el Ministerio de Agricultura** , pero este delega en las comunidades autónomas para que elijan qué criterios tienen más o menos peso en los contratos con sus proveedores. El Gobierno central sí recoge en una guía sus recomendaciones para las autonomías –cercanía, comercio justo, prácticas ecológicas, protección del medioambiente, variedad–, pero**no son de obligado cumplimiento**. Kristiñe García reclama al Gobierno central que, en su próximo programa –este finaliza el curso 2028/29–, haga obligatorios estos requisitos. Los activistas también piden **dar más peso a que las frutas y hortalizas provengan de la agricultura ecológica** debido a que es la única que tiene garantía de estar libre de pesticidas. En este punto, **Canarias es también pionera** , dando 45 puntos sobre 100 a la etiqueta _bio_ , seguida de Andalucía (26 puntos) y La Rioja (20). El argumento de Ecologistas es que la educación pública debería promover el acceso a alimentos saludable y de calidad a hijos e hijas de familias vulnerables al menos durante la comida, ya que estas tienen más dificultades para comprar alimentos ecológicos en el supermercado. Aunque el grueso de las autonomías suspenden, el estudio también sirve para tomar de ejemplo las escasas regiones que tienen**buenas prácticas, principalmente Canarias y Aragón**. El archipiélago, además de tener una altísima ponderación para la proximidad y producción ecológica, tiene un incentivo directo para la producción sin intermediarios, dando hasta 25 puntos a los licitantes si son un productor primario o una asociación de productores primarios. En Aragón, según sus pliegos, se exige a cada aspirante entregar una declaración jurada del municipio del cual proceden sus alimentos, y otorga entre cinco y 20 puntos en función de la distancia del centro, dando la calificación máxima si se encuentra a 150 kilómetros o menos. Para abordar esta cuestión en profundidad, la ONG también envió cuestionarios a centros educativos de Andalucía, Aragón, Cataluña, Castilla y León, Madrid y Murcia, preguntando por el origen de las frutas y verduras y si eran o no ecológicas, y la conclusión fue que solo las mandarinas, las naranjas, las zanahorias y los tomates cherry distribuidos **en Andalucía estaban etiquetados como productos** _**bio**_. En las cajas de las naranjas utilizadas en Cataluña, de hecho, se indicaba explícitamente que contenía imazalil, un conocido fungicida considerado disruptor endocrino. En cuanto al cuestionario de cercanía, la mayoría de las respuestas señalaban que el origen de los alimentos era español, pero sí **se declararon manzanas procedentes de Polonia e Italia, así como zanahorias de Portugal:** "Alimentos que se podrían haber adquirido sin problemas en el mercado nacional", critica Ecologistas. Los activistas también denuncian que los concursos para hacerse con estos contratos millonarios están concebidos desde el principio de forma que dejan fuera a pequeños productores locales, porque se exigen importantes requisitos económicos a las empresas que optan a ellos y los pagos se realizan con posterioridad. También plantean que, antes de cada curso, los altos cargos de las comunidades autónomas se sienten con organizaciones cercanas del sector primario para adaptar la oferta a la situación del sector de ese año, en lugar de abrir concursos a ciegas.

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La literatura después del 11 de septiembre de 2001: del trauma global al conflicto local

El 11 de septiembre de 2026**se cumplen 25 años de los atentados** terroristas que destruyeron las Torres Gemelas de Nueva York. Desde entonces, la literatura ha intentado contar no solo lo que ocurrió aquel día, sino también cómo sus consecuencias transformaron la vida cotidiana y nuestra forma de entender la guerra, la seguridad y las fronteras. En los días y meses posteriores a los atentados, periódicos y revistas culturales como _The Guardian_ y _Harper’s Magazine_ **publicaron textos de reconocidos escritores** para ayudar a interpretar unas imágenes que millones de personas habían contemplado casi en directo. Ian McEwan escribió sobre las últimas llamadas de las víctimas; Martin Amis reflexionó sobre la vulnerabilidad estadounidense; Paul Auster dejó unas notas tomadas aquel mismo día, y Don DeLillo analizó en diciembre el significado histórico y político del ataque. Estas intervenciones inmediatas anticiparon cuestiones que después desarrollarían en su ficción. Las primeras novelas importantes sobre el 11-S se enfrentaron a una dificultad: los atentados ya parecían una ficción por su dimensión visual. El hombre del salto (2007), de **Don DeLillo** , comienza con**un superviviente que camina entre los restos de las Torres Gemelas** , y convierte una imagen contemplada globalmente en la experiencia corporal y desorientada de una persona: “Ya no era una calle sino **un mundo, un tiempo y un espacio de ceniza cayendo** y casi noche. Caminaba hacia el norte por los escombros y el barro y pasaban junto a él personas que corrían tapándose la cara con una toalla o cubriéndose la cabeza con la chaqueta. Iban con pañuelos apretados contra la boca. Llevaban los zapatos en la mano, una mujer con un zapato en cada mano pasó corriendo junto a él. Iban corriendo y se caían, algunos de ellos, confusos y desmañados, con los cascotes derrumbándoseles en torno, y había gente que buscaba cobijo debajo de los coches”. En Tan fuerte, tan cerca (2005), de **Jonathan Safran Foer,** la televisión, las fotografías, los sonidos y los objetos cotidianos ocupan un lugar central. Las obras no se limitan a reconstruir la destrucción de las torres: **se centran en la ausencia, el duelo y la dificultad de recuperar una vida normal.** **Paul Auster** siguió un camino similar en Un hombre en la oscuridad (2008). Frente a la saturación de imágenes, estas ficciones **devolvieron al acontecimiento una dimensión íntima**. El atentado empezó a medirse por sus efectos en un matrimonio, en una familia o en una persona incapaz de olvidar lo visto en televisión. Sin embargo, **aquella primera respuesta tuvo sus límites**. Una buena parte de la narrativa británica y estadounidense abordó el terrorismo desde las sociedades occidentales. Algunas obras reprodujeron, aun sin pretenderlo, la oposición entre “Occidente” y “el islam” del discurso oficial, mientras relegaban las posibles causas históricas y políticas de la violencia. A medida que avanzaban las guerras de Afganistán e Irak, otras novelas ampliaron el campo de visión. El fundamentalista reticente (2007), de Mohsin Hamid; La casa de los sentidos (2008), de Nadeem Aslam, y Sombras quemadas (2009), de Kamila Shamsie, situaron el 11-S más allá de una tragedia exclusivamente estadounidense. Lo relacionaron con la migración, la ocupación militar, la islamofobia, la tortura y la pérdida de derechos. En estas obras, un personaje musulmán puede convertirse en sospechoso en Nueva York o en Londres mientras su familia **sufre las consecuencias de la guerra en Pakistán, Afganistán o Irak**. La literatura muestra que la “guerra contra el terror” no se desarrolló solo en los campos de batalla: también se extendió a los aeropuertos, las aulas, los barrios y los lugares de trabajo. En mi investigación doctoral propuse leer estas obras de ficción como literatura de la “glocalización”. La idea es sencilla: lo global nunca ocurre en abstracto, sino que **se vive en un cuerpo, una casa o una ciudad**. _Sombras quemadas_ , por ejemplo, enlaza el bombardeo atómico de Nagasaki, la partición de la India, la Guerra Fría y la guerra contra el terror a través de dos familias. Las decisiones de los gobiernos terminan marcando la piel y las relaciones de personas concretas. La economía y las finanzas completan esa mirada. Netherland, de Joseph O’Neill; _El fundamentalista reticente_ y Kapitoil, de Teddy Wayne, relacionan terrorismo, finanzas, petróleo y especulación. Sus protagonistas se mueven cerca del centro financiero de Nueva York, pero sus decisiones repercuten en países y vidas alejados de Wall Street. El marco político creado tras el 11-S también condicionó otros atentados. Después del 11 de marzo de 2004, **la literatura española abordó los ataques a los trenes de Madrid** desde la memoria, el duelo y la dificultad de representar una violencia que afectaba a la ciudad. Así ocurre en El mapa de la vida, de Adolfo García Ortega. En Londres, Sábado (2005), de Ian McEwan, trasladó el miedo al terrorismo y el debate sobre la guerra de Irak a la vida cotidiana. Tras los atentados del 7 de julio de 2005, otras obras examinaron la vigilancia, la militarización y la sospecha dirigida a las comunidades musulmanas. Incendiary, de Chris Cleave, presenta una ciudad en la que el miedo nace tanto de la violencia como de su tratamiento político y mediático. **Los ataques de París de noviembre de 2015** prolongaron este imaginario de ciudades europeas sometidas a una amenaza permanente. Con el paso de los años, la ficción se ha alejado del instante del atentado para ocuparse de las consecuencias convertidas en crónicas. Las novelas más recientes muestran conflictos interconectados, desplazamientos forzosos y personajes que ya no encuentran un regreso claro a casa. La guerra aparece como**una red persistente de intervenciones, fronteras y negocios** , no como un episodio cerrado. La literatura posterior al 11-S no ofrece una interpretación única porque el trauma tampoco fue igual para todos. Desde las torres de Nueva York hasta los trenes de Madrid, el metro de Londres o las calles de París, la ficción ha desplazado **la mirada del acontecimiento hacia sus consecuencias humanas**. Ha convertido una historia global en historias locales y ha preguntado quién merece ser recordado, quién queda fuera de la imagen y qué significa vivir en una guerra interminable. Leer el 11-S desde la literatura permite recordar que detrás de palabras como terrorismo, seguridad, mercado o guerra hay vidas concretas. También revela una paradoja vigente:**las amenazas atraviesan las fronteras** , pero las respuestas destinadas a garantizar la seguridad pueden erosionar derechos y libertades y generar nuevas formas de incertidumbre. __________________ _**Adriana Kiczkowski**_ _es profesora de Filología Inglesa en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)._ Este artículo se publicó originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

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Medio pan y un periodismo libre: de la censura a las nuevas presiones

**“A mí la prensa siempre me ha tratado bien”,** decía **Francisco Franco** en 1968 (El Ciervo). Cabría incluso llegar a sorprenderse ante tal declaración. **“A mí Doña Rogelia jamás me ha llevado la contraria”,** que podría decir **Mari Carmen** de sus muñecos. Y es que, otra cosa no, pero Franco tuvo claros desde el principio los pilares del Nuevo Estado; y en él, los **medios de comunicación** eran un órgano fundamental de **adoctrinamiento político** al servicio del Movimiento Nacional. La prensa debía operar como una correa de transmisión vertical, un altavoz sin fisuras de la ortodoxia nacionalcatólica. Bajo esta premisa se impuso durante décadas la **Ley de Prensa de 1938** : cada titular pasaba por el filtro del lápiz rojo del censor; los diarios que osaban apartarse de la línea oficial sufrían multas fulminantes, secuestros de ediciones o el cierre directo. Ni siquiera la célebre Ley de Prensa e Imprenta de 1966, impulsada por Manuel Fraga –y a menudo blanqueada como un hito aperturista–, supuso el fin de la censura previa; más bien, su sofisticación. Pero… ¿y una vez muerto el dictador? La construcción de una democracia exigía como condición _sine qua non_ la conquista de la palabra pública. Es así como el **artículo 20** de la **Constitución de 1978** ponía fin –en teoría y no sin dificultades– a la larga noche del NO-DO. _Se reconocen y protegen los derechos:_ _A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción._ Durante el nuevo periodo político-institucional, la prensa actuó como actor político de primer orden, ejerciendo como mediadora entre las incipientes instituciones y una ciudadanía ávida de participación. Sin embargo, **aquella libertad de prensa nació con limitaciones estructurales importantes**. Al igual que ocurrió en otros muchos ámbitos, la “Transición periodística” no purgó las estructuras empresariales del tardofranquismo; muchos de los grandes editores y cabeceras cruzaron el puente democrático intactos, perpetuando una inercia conservadora y subordinada a los poderes fácticos económicos. Como advertía con lucidez el jurista Pedro Crespo de Lara (2014), uno de los artífices de la defensa de los periodistas en aquellos años convulsos: “Una prensa amordazada habría hecho imposible la transición pacífica; pero **la libertad conquistada en las redacciones pronto tropezó con los despachos de los consejos de administración** , donde el dinero empezó a dictar lo que era publicable y lo que constituía un riesgo inaceptable”. Cinco décadas después de aquellas redacciones humeantes de tabaco, la situación de los medios de comunicación en el Estado español atraviesa una crisis de proporciones sistémicas. Los datos del Informe Anual de la Profesión Periodística de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) reflejan una **erosión dramática** situando en mínimos históricos la confianza ciudadana en los medios. El periodismo de investigación, crítico y veraz se encuentra maniatado por una asfixiante concentración en manos de gigantescos conglomerados económicos y fondos de inversión ajenos al interés público. En este tablero, la mentira, el sensacionalismo y los discursos de odio se han convertido en un modelo de negocio altamente rentable. Un proceso que camina en paralelo a la precarización laboral, el _lawfare_ , la concentración empresarial y la intoxicación deliberada a través de agitadores reaccionarios que poco le deben al código deontológico. Como resultado, la tan ansiada independencia informativa se estrella contra un tecnocapitalismo agresivo, acelerado y cada vez más blindado por la **Inteligencia Artificial**. Hoy el peligro que acecha a nuestra convivencia democrática ya no viste uniforme militar ni lleva el sello del viejo Ministerio de Información y Turismo; se esconde tras una pantalla brillante y se disfraza de neutralidad informativa. Decía Bertolt Brecht que el arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma. Lo mismo ocurre con la comunicación: su función no debe ser complacer al mercado ni buscar la rentabilidad publicitaria, es **emancipar a la palabra, a sus lectoras y a sus redactoras** , interrogar el mundo que nos rodea, subvertirlo en aras de la rigurosidad informativa. Es por ello que reivindicar un periodismo radicalmente independiente se ha convertido, a todas luces, en una urgencia democrática de primer orden, en un derecho social inalienable: yo, si tuviera hambre y estuviera desvalida en la calle, **pediría medio pan y un periodismo libre**. **Bibliografía** Crespo de Lara, Pedro (2014): _Triunfó la libertad de prensa. 1977-2000. La transición sin ira del periodismo en España_ , Editorial Espasa. Montero, Mercedes; Rodríguez-Virgili, Jordi y García-Ortega, Carmela (2008): “La construcción mediática de la comunidad política. La prensa en la transición española a la democracia”, Palabra clave, 11 (2), 293-309. Zugasti Azagra, Ricardo (2008): “La prensa como actor colectivo en la transición española a la democracia. El ejemplo de los dos editoriales conjuntos de 1977”, Revista RE, Presentaciones Periodismo, Comunicación y Sociedad 2(4), 27-37.

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¿Es un mensaje de WhatsApp una alerta formal del CNI?

Si el objetivo era zanjar el tema de una vez por todas, es evidente que no se ha conseguido. La desclasificación de documentos relacionados con la crisis en Ceuta no ha logrado despejar las dudas existentes en torno al papel jugado por Marruecos. Ni tampoco acabar con la polémica sobre la disposición de datos suficientes como para adelantarse a la entrada masiva de inmigrantes que se registró en la ciudad autónoma entre el 30 y el 31 de julio. **El Gobierno insiste en que "nadie podía anticipar la crisis". La oposición, en que había "información" pero no se actuó**. Ambos, con los mismos papeles del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Policía o la Guardia Civil sobre la mesa. Los documentos sobre los que se ha levantado el velo muestran que en las Fuerzas de Seguridad **había preocupación por el incremento de entradas a nado durante el mes de julio**. "Es una amenaza consolidada y prioritaria", resaltaba el 29 de julio en una comunicación interna el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CNIF), órgano dependiente de la Comisaría General de Extranjería de la Policía Nacional. Pero no solo eso. También muestran a un Centro Nacional de Inteligencia (CNI) preocupado por una serie de grupos en redes sociales en los que se mencionaba la posibilidad de una entrada en Ceuta aprovechando la Fiesta del Trono en Marruecos. Los espías avisaron. El 29 de julio, a las 18:26 horas, remitieron una nota informativa urgente a la DGST y la DGDE –la inteligencia interior y exterior marroquíes– en la que alertaban de la **"planificación de varias convocatorias para llevar a cabo entradas a Ceuta, tanto a nado como a través de la valla"** para el día siguiente. Unas horas antes, un agente del CNI había advertido por WhatsApp de eso al servicio de Información de la Guardia Civil y a la Delegación del Gobierno. "**En redes hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana las 20h**. Aprovechando la Fiesta del Trono y que sus FCS estarán liados. Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores", escribió al jefe de Gabinete del delegado. "Sus rilas", respondió este. Hace un par de semanas, la Delegación en Ceuta señaló que lo único de lo que se les informó era del incremento de entradas a nado. En las últimas horas, el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, **Miguel Ángel Pérez Triano** , ha asegurado que a él no se le informó ni de ese mensaje ni de la llamada de once minutos de duración que esa misma noche mantuvieron el agente del CNI y su jefe de Gabinete. No obstante, ha defendido que ese mensaje recibido no era una advertencia formal: "Cuando el CNI tiene una alerta se hace un informe y **se entrega en un sobre lacrado dirigido a los organismos competentes** ". Algunas fuentes conocedoras del funcionamiento de los servicios de inteligencia consultadas por **infoLibre** explican que la práctica habitual del Centro Nacional de Inteligencia a la hora de informar **es a través de documentos escritos que son remitidos al ministro** de turno, en este caso ministra. Papeles que, al menos en el pasado, llegaban en un coche o una moto de La Casa –en función de la urgencia del mensaje– y a los que, en ocasiones, se añadían marcas para poder identificar al filtrador si se producía una _fuga_. "Una información mínimamente reservada no puedes enviarla por mensaje. Un WhatsApp no puede invocarse como una nota del CNI", apuntan esas mismas fuentes. Además, explican que "la difusión de la información" es un asunto tan "importante" que está atribuido al máximo responsable del Centro Nacional de Inteligencia. "**Desde la mesa del director salen todas las notas clasificadas**. Y en su ausencia, es el secretario general el responsable de la difusión. Un agente no se encarga de eso", resaltan las fuentes pulsadas, que ven "incomprensible" que no se hubiese realizado "informe" con los datos que se estaban manejando vía WhatsApp y se hubiese remitido el mismo por los canales oficiales. Fuentes del Ministerio de Defensa –de quien depende el CNI–, consultadas por este diario, justifican la comunicación telefónica: "La urgencia permite comunicarse por medios lo más ágiles posibles". Hay ejemplos de la **elaboración y remisión de informes y notas formales en cuestiones de especial relevancia y urgencia**. El 6 de noviembre del 2003, cuatro meses antes de los atentados del 11M, los servicios de inteligencia hicieron llegar tanto a la Secretaría de Estado de Seguridad como a la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía el documento C/15697, en la que alertaban del peligro que suponía Allekema Lamari, el terrorista argelino que murió en la explosión del piso de Leganés. Avisaban de su posible intención de cometer un atentado en España y aportaban desde su fotografía hasta dos números de teléfono desde los que había realizado llamadas un par de semanas antes. Los espías también enviaron una copia de un pasaporte falso que unos delincuentes habían preparado al terrorista. E, incluso, trasladaron al Ministerio del Interior que Lamari se había desplazado a Valencia en un Opel Vectra con una matrícula concreta. **Pero en este último caso ese aporte de información se hizo vía telefónica** , según publicó en su día el diario El Independiente tomando como base una carta que el 9 de mayo de 2004 el director general del CNI Alberto Saiz remitió al entonces ministro de Defensa, José Bono.

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Feijóo da un golpe de mano en el PP para impedir que Ayuso y MAR rompan su relato sobre Ceuta

Alberto Núñez Feijóo **quiere exprimir todo lo que pueda la crisis de Ceuta** y que nadie se adelante sin el permiso de Génova. Feijóo está convencido de que todavía quedan informaciones por aparecer que pueden aumentar el desgaste del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Precisamente por eso quiere controlar los tiempos y las palabras. **“Mando único comunicativo. Fijaremos postura cada día”,** resumen fuentes del equipo del líder del PP. El líder del PP le ha enviado un mensaje de WhatsApp a sus barones y a la dirección nacional para fijar y “coordinar” la posición del partido, tal y como ha adelantado El Mundo, y confirman a este periódico en la formación conservadora. La consigna incluye opinar “sin sobreactuar” y bajo las directrices de la dirección nacional. **“Vamos a gestionar la crisis con inteligencia** ”, explican las mismas fuentes. Y añaden: “**Nos jugamos la imagen del país** ”. El objetivo de esa directriz es precisamente centralizar desde Génova la respuesta para evitar posiciones que se aparten del discurso de Feijóo, pero no significa que Génova **quiera rebajar la ofensiva contra Sánchez** , sino que busca controlar cómo se ejerce. El movimiento se produce después de varios días en los que algunas de las voces con mayor capacidad para marcar el discurso del PP han llevado la ofensiva más allá de la posición formal de Génova. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha planteado directamente romper relaciones con Marruecos y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, ha asegurado que Sánchez y todos sus ministros acabarán siendo**“juzgados por traición”.** En Génova no confirman a **infoLibre** si el mensaje iba dirigido a ellos pero tampoco lo desmienten y, en el entorno de la presidenta, aseguran que “por supuesto” que acatarán las directrices y que nadie les “ha dicho nada”. “**Es normal que [Feijóo] pida unidad** ”, resumen. La dirección del PP ha trasladado así a sus dirigentes la necesidad de mantener la “prudencia” y evitar mensajes improvisados sobre la desclasificación de la documentación relacionada con Ceuta. Feijóo considera la desclasificación **una “voladura controlada** ” de un Ejecutivo que, en su opinión, ya no puede detener la aparición de informaciones procedentes de la Policía Nacional, el CNI y la Inteligencia Militar. “Esto es solo el principio y habrá más”, sostiene en el mensaje. Y añade: “**Les tenemos donde queremos, a mejor no van a ir y hay mucho en juego”.** En el equipo de Feijóo creen que Ceuta puede convertirse en uno de los golpes definitivos para un presidente del Gobierno al que consideran en una situación de “debilidad extrema” y que puede ser la “**estocada definitiva** ”. Algunas voces de la dirección del partido señalan que “**cuanto más dure [el Gobierno de Sánchez] mejor** ” para sus intereses. Y añaden: “Ahora mismo, quién da más votos a la derecha es Sánchez”. Y, aunque ese sentimiento es compartido, algunos barones que advierten del riesgo de que Vox siga creciendo, lo que podría otorgar a Abascal demasiado poder, como publicó **infoLibre**. El interés de Génova es, por tanto, mantener el foco sobre qué sabía el Gobierno antes de **la entrada masiva en Ceuta, cuándo lo supo, qué hicieron Interior y Defensa** con esa información y qué papel desempeñó Marruecos. Pero la dirección considera que la sucesión de informaciones puede ser larga y que precipitar ahora las conclusiones puede acabar perjudicando al propio PP. “**Tenemos la certeza de que esto no acaba en la publicación de ayer** ”, afirman fuentes del equipo directo de Feijóo. De ahí el “**mando único comunicativo** ” que pretende imponer la dirección y la decisión de “fijar postura cada día”. El planteamiento consiste en administrar políticamente las novedades según vayan apareciendo, en lugar de permitir que cada dirigente del PP **anticipe sus propias conclusiones** sobre una crisis que afecta simultáneamente a la seguridad nacional, la política exterior y una investigación judicial. La búsqueda de esa coordinación responde además a un problema que se repite desde que Feijóo llegó a la dirección nacional del PP, **la cacofonía que provoca un partido con numerosos centros de poder.** A menudo, Génova marca una posición, pero sobre el mismo asunto hablan inmediatamente presidentes autonómicos, vicesecretarios, portavoces parlamentarios y dirigentes territoriales con capacidad para generar su propia agenda. El primer problema para esa estrategia es la posición que Ayuso ha fijado sobre Rabat. En unas declaraciones en _Okdiario_ , la presidenta madrileña aseguró que militarizaría la frontera y, preguntada directamente sobre romper relaciones con Marruecos en caso de ocupar La Moncloa, respondió: “Desde luego, mientras esto siguiera así, sí”. El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, lo descartó poco después. El plan del PP, dijo, es “reorientar las relaciones bilaterales con Marruecos, exigiendo respeto y reciprocidad” y promover una relación “**que no admita amenazas ni chantajes** ”. Aunque Feijóo ha endurecido notablemente su discurso hacia Rabat y ha llegado a acusar a Sánchez de no ser un presidente “libre”, su planteamiento público pasa por reclamar actuaciones diplomáticas y esclarecer las responsabilidades de lo sucedido, no por anunciar la ruptura de relaciones entre los dos países. Este miércoles volvió a acusar al presidente del Gobierno de estar condicionado por Rabat con una frase dirigida a Sánchez: **“Si Marruecos canta, usted se va”** En el equipo del líder del PP explican que precisamente la dimensión internacional obliga a ir con cuidado. Hay “informaciones que apuntan a Marruecos”, señalan, pero el asunto tiene “vocación exterior” y las relaciones con el país vecino no pueden quedar condicionadas por una competición interna sobre quién pronuncia la frase más contundente. “Cautela en las relaciones”, sintetizan. Ahí está uno de los contrastes con Ayuso. Mientras la presidenta madrileña propone romperlas, el núcleo de Feijóo insiste en gestionarlas con **“responsabilidad” y “sentido de Estado”.** El mensaje de Génova no ha impedido que Ayuso haya vuelto a elevar el tono este mismo jueves durante el Debate sobre el Estado de la Región. La madrileña ha descrito a Sánchez como un presidente “**ausente y chantajeado por intereses inconfesables** ” y que, por tanto, ha “traicionado” a España. Ayuso ha ido todavía más allá al acusar al Ejecutivo de querer “promover una inmigración descontrolada” para obtener votos y colapsar servicios públicos autonómicos. En la Puerta del Sol afirman que ese mensaje es “completamente compatible” con el que lanza la dirección nacional del partido. **MAR da por hecho un juicio por “traición”** La diferencia se hace todavía más clara con el mensaje de Miguel Ángel Rodríguez. El jefe de gabinete de Ayuso escribió en X: “Lo que está saliendo de los informes del CNI y de la Policía avisando al **gobierno de la invasión de Ceuta y que Pedro Sánchez ni nadie del gobierno hiciera nada** , significa que Pedro Sánchez y todo el gobierno serán juzgados por traición”. Rodríguez, como ya ha hecho en otras ocasiones, da por hecho el desenlace judicial: todo el Ejecutivo “será juzgado por traición”. Es un terreno en el que hasta ahora se había situado únicamente Vox. Su portavoz parlamentaria, Pepa Millán, defendió este miércoles recurrir al mecanismo **previsto en el artículo 102 de la Constitución** para intentar llevar a los miembros del Gobierno ante el Tribunal Supremo por “traición”. Una vía, la constitucional, que el propio Feijóo ha descartado. En Génova sí sostienen, en cambio, que el asunto puede terminar teniendo consecuencias penales, pero insisten en que no se deben anticipar públicamente responsabilidades que todavía no han sido establecidas. “Esto no es cuestión de ver si ganamos el relato”, afirman en el PP. También afirman que no es casual que el Gobierno y sus socios estén mirando hacia el CNI porque, de esta manera, buscan **“protegerse en el ámbito penal** ”. En el equipo directo de Feijóo están convencidos de que lo conocido hasta ahora es sólo una parte de la historia. Su interpretación es que distintos ámbitos del Gobierno son conscientes de que seguirán apareciendo datos sobre las advertencias recibidas antes de la entrada masiva y **están tratando de delimitar qué sabía cada departamento** y hasta dónde llegaba su responsabilidad. Sobre esa misma cuestión el socio minoritario del Gobierno, Sumar, denuncia que hay un grave “descontrol” de la información de Inteligencia y plantea la tesis de que determinados sectores del CNI, la Policía, las fuerzas de seguridad y la judicatura estarían actuando por su cuenta —“el que pueda hacer, que haga” de José María Aznar— y podrían estar dificultando o boicoteando la acción del Gobierno. En ese contexto, IU reclama aclarar por qué determinada documentación no habría llegado a los máximos responsables del Ministerio del Interior y si esa falta de traslado fue ordenada por la Audiencia Nacional. Génova, por su parte, se ha personado en la causa y sostiene que **“los responsables del abandono” deberán rendir cuentas ante la Justicia**. Además, Feijóo ha reclamado que la directora del CNI explique en el Senado exactamente cuándo avisó Inteligencia, qué información trasladó y qué sabía el Gobierno antes de la entrada masiva .

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‘Oasis: Don’t Look Back in Anger’, flojo documental que disfraza de reconciliación una operación de marketing

En un momento dado de _**Oasis: Don’t Look Back in Anger**_ Noel Gallagher asegura que **“no somos de derechas”**. No viene a cuento de nada pero se ve obligado a decirlo por alguna razón, y fuerza a ir más allá del documental donde está teniendo lugar esta entrevista junto a su hermano Liam para preguntarse cuál es,**por qué necesitaba decirlo**. Recordamos entonces cuando el mismo Noel dijo que Jeremy Corbin era un “jodido comunista” o cuando Liam llamó a Robbie Williams “marica” en una gala de premios. También se nos pasa por la cabeza la fruición con la que utilizan la palabra “woke”. Pero sobre todo nos preguntamos si alguna vez Oasis, la banda reunificada gracias **a las paces que han hecho los Gallagher** , ha tenido algo parecido a una ideología definida. O, aunque sea, un discurso creativo, el que sea, que pueda venir representado por su música. Entonces nos topamos con algo parecido a**la nada**. Diseccionamos la memoria sentimental que esta banda de Manchester ha enhebrado en forma de exaltaciones genéricas del amor y, sobre todo, **chulería como medida de todas las cosas**. Un cansino empeño en ser los nuevos Beatles desde el principio, proclamando en cada tema las ganas que tienen de triunfar —quizá por eso, una vez lo hizo oficialmente, Oasis sufrió **un declive tan largo y vergonzante** — y proclamándolo en pos de un ideal de**“autenticidad”**. _I need to be myself/ I can’t be no one else_ , cantaba Liam en _Supersonic_. No era novedoso en los 90 y no lo es ahora, cuando Hans Laguna publica uno de los mejores ensayos del año en español y lo titula _Yo siendo yo_ para analizar cómo esa agotadora defensa de la autenticidad deviene rasgo central de las estrellas pop contemporáneas. Y ahí está la clave. **Estrellas pop, no de rock**. Laguna habla del**“rockismo”** como la actitud embrionaria, habiendo “investido a los músicos de rock de las virtudes del artista romántico”. “Del mismo modo que el artista romántico se erigió como modelo de resistencia individual frente a la sociedad industrial, los grupos de rock se constituyeron como **islas de libertad contra la sociedad de consumo** ”. Es lo que hizo Oasis en los 90, también. Solo que en su caso, esta “isla de libertad” pasaba por abanderar la cultura lad (una masculinidad barriobajera y descarada) y convertir a todos sus fans **en** _**hooligans**_. No era algo que diera mucho de sí —solo pareció darlo cuando se les quiso enfrentar **con Blur** por ser supuestamente más pijos y cosmopolitas que estos cazurros de Manchester—, y por eso lo más significativo que hizo Oasis fue abanderar una transición: permitir, gracias a su vacío conceptual, **que el rockismo pasara a pertenecerle al pop**. “Los cantantes pop adoptaron unos rasgos que hasta entonces eran patrimonio del rock”, prosigue Laguna. “Ya no se presentaban solo como _entertainers_ , sino como creadores totales que necesitaban reflejar su visión personal”. Se puede decir entonces que Oasis lo logró:**fue la última gran banda de** _**rock and roll**_ , y lo fue porque agotó del todo el relato legitimador del rockismo para entregárselo a quienes siempre habían sido sus rivales —al menos de boquilla, pues Laguna también apunta que “el rock ha tenido una actitud contraria a la cultura de masas siendo él mismo **un producto de masas** ”—, en un relevo ordenado y transparente. Es de lo más encantador, de hecho, que Liam y Noel decidieran disolver la banda el mismo verano de **la muerte de Michael Jackson** , en 2009. No solo porque Michael Jackson —que ha sido objeto de un _biopic_ este año tan falso, a su manera, como lo es este documental— fuera otra estrella sin discurso creativo convincente fuera de las polémicas rocambolescas, sino por la fuerza con la que estos dos hitos nos impulsaron a la presente época pop. Esta época ha cambiado los rockeros “auténticos” por **las estrellas del pop “auténticas”** , que en el vacío dejado por los rockeros vuelven a insistir en que**“** _**necesitan ser ellos, no pueden ser otros**_**”**. Curiosamente lo hacen sin los remilgos hipócritas que antes tenían los rockeros y les frenaban a la hora de asociarse con grandes empresas al margen de la música —recordemos que la ruptura de Liam y Noel fue precipitada por **la marca de ropa** que había lanzado el primero, Pretty Green—, preservando un orden industrial con hueco para**unos valores concretos de marca** : justamente esa individualidad, esa arrogante autonomía de la que tanto presumían los Gallagher. Así que lo único interesante de _Oasis: Don’t Look Back in Anger_ es cómo los Gallagher han tenido que actualizarse de cara a vender la gira que acometieron en 2025 y que continuarán en cuestión de meses: es **la gira de reconciliación** , el regreso tras 15 años sin hablarse, y tal es el centro emocional del documental. Un centro emocional, en realidad, sumamente parecido a aquel de Taylor Swift vendiendo su aparente politización en _Miss Americana_ (2020) o Jennifer Lopez presumiendo de lo empoderada que se sentía tras haber vuelto con Ben Affleck en _This is Me… Now: Una historia de amor_ (2024). Es decir, **un centro emocional que es un paripé**. Una maniobra publicitaria basada en el narcisismo —algo que nunca ha faltado entre rockeros y estrellas pop— y en busca de una narrativa legitimadora para vender marca atendiendo a **los rigores de autenticidad** de nuestra era. Oasis podría haberse limitado a grabar sus conciertos, como por cierto hizo la misma Swift y tan bien le salió en _**The Eras Tour**_. Además contaban con unos directores tan solventes como**Dylan Southern y Will Lovelace**(responsables de aquel _Shut Up and Play the Hits_ dedicado a LCD Soundsystem) para empaquetarlo todo y aliviar el FOMO de los fans que se quedaron sin entrada. Pero la época es la época, y las canciones tienen que estar acompañadas de**una insufrible morralla melodramática** con la que _Don’t Look Back in Anger_ intenta justificar su existencia. Noel y Liam, dos tipos insufribles de forma equivalente —la costumbre de Liam de decir continuamente**“d’you know what I mean”** dejó de tener gracia hace tiempo—, hablan y hablan, interrumpen los temas, muchas veces ni permiten que suenen enteros, para continuar con la mascarada. _Don’t Look Back in Anger_ no puede ser solo el registro de un _tour_ donde una banda legendaria encadena unas canciones que —mal que nos pese—**siguen siendo excelentes** , sino que necesita desplegar en torno a ellas un aparataje conmovedor,**hasta edificante**. El documental orquestado por Steven Knight (**el creador de los** _**Peaky Blinders**_ , lo que tiene bastante gracia por otra parte) no duda en sacrificar la grandeza escapista que las actuaciones recabarían por sí solas según varias decisiones cuestionables: por un lado acortando el formato de imagen a algo lindante los cuatro tercios —quizá por subrayar**lo “íntimo”** , como si fuera cualquier película de festival europeo—, por otro dejando que los Gallagher compartan lo que han aprendido en estos años, en modo sabios otoñales, y, por último, sosteniendo que el regreso de Oasis apunta a **una misión más o menos salvífica**. Al comienzo del documental se nos asegura que, tras ese verano de 2009 en que perdimos tanto a Michael Jackson como a Oasis en medio de la crisis económica,**todo ha ido a peor**. Y bueno, quién podría negarlo. La cuestión es que, partiendo de esa base, _Don’t Look Back in Anger_ apunta a la reconciliación fraternal como **una señal cósmica** de que las cosas podrían mejorar, **si fuéramos capaces de perdonar(nos)** y, en definitiva, “dejáramos de mirar atrás con ira”. Este afán de trascendencia va tan lejos como para que el documental no concluya con una canción de Oasis sino con el maldito _What the World Needs Now is Love_ de Burt Bacharach. **Que ya hay que ser hortera**. _Don’t Look Back in Anger_ es un documental tan engañoso como demanda el modelo —los Gallagher insistirán en que lo que ha amparado su reunión es el amor de los fans, y **no el obsceno lucro que este les proporcionará** — y como demandan los tiempos, proclives a que cualquier artefacto publicitario venda que salvará el mundo gracias a la salud mental o lo que sea. Pero incluso en este contexto es especialmente ridículo, por la particular condición de sus criaturas: los Gallagher han sido estrellas a caballo de dos épocas, no ajustándose ni al paradigma rockero ni al popero, ni contando con bastante ingenio para reinventarse acorde a lo que precise cada etapa. Esto lo planteó con acierto Nico Hillary al poco de que se anunciara el regreso, en su texto 30 years of hating Oasis. Comentaba, entonces, que tal era el motivo por el que Oasis nunca habían sido ni remotamente tan grandes como los Beatles, por muchas ganas que le echaran. No solo por su miopía política (que también), sino por **su rechazo al cambio**. Su música anclada en los 60 apenas experimentó evolución, sus letras nunca salieron de una inanidad que, hoy por hoy y por mucho que le pique a los Gallagher, deja bien atrás la complejidad de muchas creaciones de las estrellas pop actuales. Los Gallagher son un fósil atrapado en el tiempo,**un fin de ciclo por agotamiento de la fórmula** —la muerte del rockismo original sepultado por sus contradicciones popistas—, que en este documental se empeñan en rascar briznas de relato donde no las hay, **donde nunca las ha habido**. Por eso es difícil que _Oasis: Don’t Look Back in Anger_ engañe a alguien a estas alturas. Y, si lo hace, será solo porque preferimos centrarnos en el dulce engaño que por sí solas conjuraron originalmente las canciones. El único engaño (**el** _**auténtico**_**engaño**) que puede seguir apelándonos.

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Los periodistas exigen a Interior, a la Fiscalía y a los partidos que actúen para parar las agresiones

Están muy cansados. Llevan semanas trabajando casi sin parar, acumulando horas, haciendo frente a convocatorias que se superponen, a acontecimientos que no dan tregua. “A cualquier hora les ponen una rueda [de prensa] o salta algo en algún sitio; la demanda informativa es muy grande”, explica a **infoLibre** **Lorena Mejías** , la decana del **Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA)** , la organización profesional de rango autonómico que se ocupa de los profesionales que trabajan en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Además de todo eso, que ya de por sí significa tener que hacer frente a condiciones laborales muy complicadas, se ven sometidos a la presión de ser insultados o agredidos. “Están al límite. Y nadie se acuerda de ellos ni reconoce el trabajo que están haciendo”, lamenta. Para mostrar su solidaridad, Mejías acudió este miércoles a Ceuta con el fin de participar personalmente en la concentración de periodistas celebrada en la**Plaza de África** de la ciudad con el objetivo de denunciar las agresiones, físicas y verbales, en medio de las cuales muchos profesionales, en particular los que trabajan para medios audiovisuales, se están viendo obligados a desarrollar su labor. Fue una de las concentraciones simultáneas convocadas por el CPPA en nueve ciudades (**Ceuta, Melilla, Sevilla, Cádiz, Granada, Huelva, Algeciras, Jaén** y **Málaga)** con el apoyo de toda la profesión en España, y con el objetivo de impedir que se siga normalizando que, cada vez en más lugares, haya manifestantes y activistas políticos **dedicados a** hostigar**impunemente a los periodistas,** sin que los organizadores de las manifestaciones ni de las concentraciones, ni tampoco la policía, se tomen la molestia de garantizar que puedan hacer su trabajo con unas **mínimas condiciones de seguridad.** Frente a una treintena de sus compañeros que ejercen la profesión en Ceuta, la decana de los periodistas andaluces expresó el “reconocimiento y apoyo” del colectivo a los **profesionales agredidos** e intimidados en los últimos días, tanto en la ciudad autónoma como en la península. “Ninguna discrepancia, ninguna tensión justifica la violencia contra quien está cumpliendo con un deber fundamental, que es el de informar”, subrayó. Para Mejías, agredir a un profesional de los medios “no es solamente agredir a una persona; significa tratar de silenciar una mirada y limitar el derecho del conjunto de la sociedad a conocer lo que está sucediendo”. “Sin periodistas que puedan trabajar con libertad y seguridad”, remarcó, “no existe una ciudadanía plenamente informada. Y sin una ciudadanía informada, **la democracia se debilita”.** Para poner fin a esta deriva, la decana ha reclamado además que las agresiones a periodistas “en el ejercicio de su labor sean investigadas y tramitadas de oficio por**la Fiscalía”,** porque se trata de “un asunto de interés público”. Investigarlas de oficio supondría reconocer que “no solo se ataca a un profesional, sino que también se ataca un derecho constitucional que pertenece a toda la ciudadanía: el derecho a comunicar y a recibir información libremente”. La situación ha llegado a tal extremo que, **por primera vez en la historia, ha dado pie a un pronunciamiento unánime** suscrito por todas las organizaciones de periodistas, desde las sindicales a las asociaciones, pasando por los colegios profesionales y las plataformas de defensa del periodismo. Entre los firmantes, la Agrupación de Periodistas de UGT, Periodistas de CCOO, la **Federación de Sindicatos de Periodistas** , la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, la Asociación de la Prensa de Madrid, **Reporteros Sin Fronteras** España, la **Red de Colegios Profesionales de Periodistas** , el Col·legi de Periodistes de Catalunya, el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, el Colegio Profesional de Periodistas de Asturias, el Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León, el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, el Colegio Vasco de Periodistas y el Colegio Navarro de Periodistas, además de la Asociación de Periodistas Parlamentarios. Detrás de esas siglas hay modelos diferentes de entender qué es un periodista y cómo debe defenderse su oficio. Los **sindicatos** ponen el foco en las condiciones laborales: su prioridad son los convenios, los salarios, la estabilidad en las plantillas y la seguridad física en las manifestaciones. No les interesa regular el acceso a la profesión; les interesa que quien la ejerce tenga condiciones dignas y protección frente a despidos, EREs y agresiones. **FAPE** y las asociaciones de prensa, en cambio, se definen como la voz del colectivo en sentido amplio. Agrupan a periodistas con trayectorias muy distintas, sin exigir necesariamente un título concreto ni la pertenencia a un colegio. Su herramienta principal es la presión pública, los informes sobre libertad de prensa y las comisiones deontológicas que emiten resoluciones morales, sin poder real para sancionar. Se oponen a la colegiación obligatoria y a cualquier fórmula que, en la práctica, limite el ejercicio a quienes cumplan ciertos requisitos académicos o corporativos. Los **colegios profesionales** de periodistas ocupan otro lugar en el mapa. Nacidos de leyes autonómicas, y amparados por su condición de corporaciones de derecho público con funciones de ordenación del ejercicio profesional, velan por la deontología entre sus colegiados, luchan contra el intrusismo y los pseudomedios, y reclaman un Consejo General de Colegios que dé voz unitaria a la profesión. Su discurso gira en torno a la necesidad de regular el acceso y el ejercicio, y de dotar al periodismo de un estatus similar al de otras profesiones reguladas. Esa posición les ha enfrentado históricamente a FAPE, a las asociaciones de prensa y a los sindicatos. **Reporteros Sin Fronteras** añade una capa internacional. Su mandato no es regular la profesión ni negociar convenios, sino proteger a los periodistas como agentes de libertad informativa. Sus informes, rankings y campañas de presión se dirigen a gobiernos e instituciones europeas, con énfasis en la seguridad física y digital, la protección de fuentes y los marcos legales que garantizan o restringen el derecho a informar. Esas diferencias han marcado el ritmo del debate interno en el sector. Durante años, la pregunta “¿quién representa a los periodistas?” ha tenido tantas respuestas como organizaciones. Los colegios apostaban por un modelo de autorregulación “dura”, con códigos aplicables a colegiados y potenciales sanciones internas. FAPE y las asociaciones de prensa defendían un sistema menos exigente, basado en comisiones de quejas sin poder sancionador y en la autorregulación de los medios. Los sindicatos, por su parte, ponían el acento en la negociación colectiva y en cláusulas de conciencia, más que en estructuras deontológicas corporativas. Ese **mosaico de lealtades** explicaba que, ante una agresión o una campaña de desprestigio, cada organización emitiera su comunicado **por separado** , con énfasis distintos y, a veces, con mensajes contradictorios. Que todas esas organizaciones coincidan ahora en un mismo texto rompe esa dinámica y demuestra, más que ninguna declaración,**la gravedad de la situación.** Significa que, pese a sus diferencias de fondo, hay un mínimo común denominador: la protección física y profesional de quienes cubren conflictos sociales y la condena de las agresiones como ataque a la función informativa. Esa convergencia busca obligar a las instituciones a leer el mensaje como **una demanda transversal,** no como la postura de un solo actor con agenda propia. Rompe la narrativa de que el sector está demasiado fragmentado para defenderse y abre la puerta a que, más adelante, esas mismas organizaciones puedan acordar el impulso de medidas concretas. Las organizaciones firmantes se han comprometido a no “normalizar las agresiones, las amenazas, el acoso ni el señalamiento de periodistas mientras ejercen su trabajo”. Subrayan que la libertad de información “no es una concesión de los gobiernos, de los partidos políticos, de las instituciones ni de quienes ocupan temporalmente posiciones de poder”, sino **“un derecho constitucional** y humano de toda la ciudadanía y una condición imprescindible para que exista una democracia digna de este nombre”. Su manifiesto considera “intolerable” que periodistas, reporteros gráficos, cámaras y otros profesionales sean insultados, perseguidos, amenazados o agredidos al informar en manifestaciones, conflictos sociales o emergencias, y considera “todavía más grave” que desde algunos grupos políticos**se señale a periodistas** concretos, se les convierta en “adversarios personales” o se utilicen términos como “terrorista” para referirse a quienes están haciendo su trabajo. Advierten de que “cuando un responsable político señala a quien ejerce el periodismo ante miles de seguidores, cuando **se le deshumaniza,** se cuestiona su derecho a estar allí para informar a la ciudadanía o se le presenta como enemigo, está creando un clima que puede terminar convirtiendo la hostilidad en acoso y el acoso en violencia”. Ante ello, reclaman a todas las fuerzas políticas y responsables institucionales que “condenen de manera inequívoca cualquier agresión contra profesionales de la información” y abandonen “definitivamente las estrategias de señalamiento personal contra periodistas”. Piden a las**Fuerzas y Cuerpos de Seguridad** que garanticen el derecho a informar con seguridad, especialmente en situaciones de tensión, y exigen que las amenazas, coacciones y agresiones sean investigadas con diligencia y sus responsables respondan ante la ley, porque “la impunidad de una agresión no afecta únicamente a quien la sufre: envía a toda la profesión el mensaje de que informar puede tener un precio“. El texto cierra con un llamamiento a la solidaridad interna: “Cuando atacan a uno de nosotros mientras informamos, con rigor, veracidad y profesionalidad, nos atacan a todos”.

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Las chicas resisten mejor el desplome educativo en PISA y borran la brecha de género en ciencias

Los chicos siguen liderando en matemáticas y las chicas, en comprensión lectora. Es una de las conclusiones del Informe PISA 2025 que, aunque mantiene la tendencia de los últimos años, contiene ciertos matices que apuntan a una reducción de la **brecha educativa de género**. PISA desagrega estos resultados entre chicos y chicas, las dos categorías que utiliza el informe para analizar las diferencias de género. Chicos y chicas han caído en todas las áreas, pero ellas han conseguido mantenerse mejor, lo que ha permitido que su posición en comparación con la de hace una década mejore. En 2015, la ventaja de los adolescentes en **matemáticas** era de 16 puntos (según las estimaciones de la OCDE, 20 puntos equivalen a un curso completo) y ahora se ha reducido a 14. En el caso de la **lectura** , ellas mantienen la ventaja, que ha aumentado de 21 a 26 puntos. El cambio más llamativo se da en**ciencias** , donde en 2015 la brecha ya no era tan grande (siete puntos de ventaja para los chicos), pero en este informe las puntuaciones de ambos grupos se igualan por primera vez, con 477 puntos. Esta tendencia se repite en el resto de países de la Unión Europea, con ventajas parecidas en matemáticas y lectura y una disminución de la brecha en ciencias. En casos como Italia, Francia, Portugal o Alemania las chicas han superado por primera vez hasta por cuatro puntos a sus compañeros en esta última área. Sobre las variaciones entre grupos en las diferentes materias, Mar Gairal, especialista en equidad educativa en Save the Children, señala a **infoLibre** que “la explicación no es biológica, sino social y cultural”. “A pesar de los avances en la ruptura de los **estereotipos de género** , siguen existiendo ciertas realidades influenciadas por lo que la sociedad espera de cada uno. Aunque cada vez menos, todavía existe cierta asociación de ciencia con hombres y ciencias sociales con mujeres”, añade. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando para que, aun existiendo estos estereotipos, las chicas estén consiguiendo **frenar la caída** de sus competencias? La primera pista está en el propio informe PISA. En el documento, los investigadores apuntan a que la curiosidad y perseverancia son dos puntos fundamentales a la hora de obtener mejores resultados, y en ambos ellas están por delante. Según los datos recogidos, la curiosidad de las adolescentes en España está en **0,15 puntos** frente a los 0,09 de los chicos. En el caso de la perseverancia, ellas están en 0,37 y ellos en 0,14. Esta tendencia se repite, en mayor o menor medida, en casi todos los países europeos y en la mayoría de países del mundo. Una segunda clave está en los buenos resultados obtenidos por ellas en comprensión lectora, donde la puntuación media de las estudiantes en España es de 464 puntos, frente a los 439 de sus compañeros, y se sitúa por encima tanto de la media total de la OCDE (461) como de la de la UE (459). Según explica el informe, “las **competencias lectoras** sustentan el aprendizaje en todo el currículo y son esenciales para encontrar, evaluar, interpretar y reflexionar sobre la información en un mundo cada vez más digital”, por lo que son la base a la hora de aprender y poder entender el resto de áreas. Que las estudiantes lideren la lectura no es algo nuevo. Ya en 2024, la UNESCO publicó un estudio en el que indicaba que ellas tienen una mayor predisposición a leer. La conclusión fue que no tienen una mayor capacidad cognitiva, sino “mejores actitudes y **hábitos lectores** ”. Según los datos que analiza el informe, sacados del Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora (PIRLS) 2021, el último realizado hasta la fecha, el 46% de las chicas afirmaba que **le gustaba mucho leer** , frente al 37% de los chicos. También mostraban mayor confianza en sus capacidades lectoras: un 46% decía tener mucha confianza, frente al 40% de ellos. Además, ellas leen fuera del centro educativo con más frecuencia, una diferencia significativa en 43 de los 57 sistemas educativos que se estudiaron. En el propio informe PISA se indica que, aunque no pueden “afirmarlo con certeza”, la disminución de la**lectura por placer** es uno de los motivos que “pueden estar comprometiendo la capacidad de los estudiantes para enfrentarse a textos y datos complejos”. Para reducir esta brecha, el informe de la UNESCO reclamaba actuar desde edades tempranas y trabajar especialmente la “**motivación** , la confianza y el gusto por la lectura”, con la implicación de familias y docentes. Una de las claves pasa por ofrecer a los alumnos referentes masculinos que presenten la lectura como una actividad también propia de los chicos, ya que solo el 24% de los cuidadores varones decía disfrutar mucho de la lectura, frente al 36% de las cuidadoras. En cuanto a las ciencias, las ganas de aprender de las alumnas cobran un gran protagonismo. A las conclusiones del informe PISA se suma un estudio realizado a finales de 2025 por el British Council con **más de 2.000 estudiantes** de 6.º de Primaria de 53 colegios. La principal conclusión a la que llegó el estudio es que, “en términos globales, las chicas no solo muestran una mayor predisposición hacia la ciencia, sino que también obtienen mejores resultados en los bloques de iniciación a la actividad científica”. El estudio constata, además, que “las alumnas dedican más tiempo a reflexionar sobre sus respuestas, lo que se traduce en una mayor **comprensión conceptual y metodológica** ”. A esto se suma que cada vez se da más visibilidad a mujeres científicas, lo que ayuda a potenciar su interés al ofrecerles referentes en los que fijarse. Sin embargo, las matemáticas siguen siendo uno de los principales retos para conseguir la igualdad educativa. La media de la OCDE muestra una ventaja de 13 puntos para los chicos en matemáticas y **hay solo siete países** de los 91 analizados en el informe en los que las chicas tienen una ventaja estadísticamente significativa en esta área: Palestina, Bulgaria, Malta, Mongolia, Indonesia, Tailandia y Filipinas. Desde PISA son prudentes en su valoración y aseguran no tener identificada una**“causa concreta”** de la desventaja femenina en matemáticas, aunque sí mencionan como principal hipótesis que “los contextos sociales y culturales que refuerzan estereotipos de género pueden estar asociados con las diferencias de rendimiento”. Gairal coincide en esta tesis y explica que se refleja en las expectativas sobre los adolescentes. “En promedio, las chicas presentan **mayores niveles de ansiedad** y una menor percepción de su propia capacidad frente a las matemáticas que los chicos”, defiende. Los estudios realizados en los últimos años también apuntan en esta dirección. Uno de ellos, publicado en _Nature_ en 2025, siguió a más de 2,6 millones de estudiantes franceses y concluyó que chicos y chicas comenzaban primaria con resultados matemáticos prácticamente iguales, pero que la diferencia aparecía tan solo **cuatro meses después** y alcanzaba un tamaño de 0,20 desviaciones estándar al cabo de un año. En España, un análisis de los datos de PISA 2022 realizado en 2025 también encontró que las chicas presentan más “**ansiedad ante las matemáticas** y menor autoeficacia”, dos factores que son predictores significativos de su rendimiento. Otro estudio realizado en Italia concluyó que aproximadamente un tercio de las diferencias académicas de género puede explicarse estadísticamente por la ansiedad ante los exámenes. Esto indica que, aunque la dirección parece ser la correcta, todavía queda mucho camino que recorrer para conseguir una educación totalmente **igualitaria** , con el foco puesto en romper los estereotipos que aún persisten y reforzar las áreas en las que continúan las desigualdades.

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El rey abre el año judicial en pleno clima de sospechas sobre la parcialidad y la politización de los tribunales

Felipe VI accederá de nuevo por la escalera de honor al Salón de Plenos del Tribunal Supremo este jueves pocas horas después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo de ese Alto Tribunal haya dado la razón a Vox y a otro colectivo ultra en la cruzada judicial de la derecha por extender el bulo de que el Gobierno prepara un pucherazo electoral con la concesión de la nacionalidad española a los hijos y nietos de exiliados por el franquismo. Es el último acto de un curso, el que termina, de una **extraordinaria conflictividad entre el Poder Judicial y el Ejecutivo de Pedro Sánchez**. El nuevo año judicial –que se inicia ahora con el acto solemne de cada septiembre presidido por el monarca– llega, por primera vez, en un ambiente de**cuestionamiento social, académico y muy extendido en ámbitos jurídicos progresistas sin precedentes**. Las últimas encuestas publicadas en varios medios y por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) reflejan una falta de credibilidad trasversal (más extendida en la izquierda) y una sospecha de parcialidad y politización cada día más extendida. Si en 2024 y 2025, el caballo de batalla de la derecha judicial fue la ley de amnistía finalmente avalada por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el curso que toca a su fin otros dos procesos han tensionado hasta las costuras la apariencia de imparcialidad en los procesos de mayor trascendencia. El primero ha sido la condena del ex fiscal general Álvaro García Ortiz en un proceso que partió a la Sala de lo Penal del Supremo en dos con un voto particular discrepante en el que dos magistradas apreciaron **graves violaciones de los derechos fundamentales y garantías procesales** del acusado, además de falta de pruebas y excesos injustificables durante la instrucción, como el registro del despacho del máximo responsable de todo un órgano Constitucional como es el Ministerio Público. La condena ha sido recurrida al Tribunal Constitucional no solo por el propio García Ortiz, sino también por la propia Fiscalía. Su nueva responsable, Teresa Peramato, en su contribución al informe sobre el Estado de derecho de la UE, en el que la Comisión analiza cada año la calidad democrática de los Estados miembros, incluyó una amplia reflexión sobre este proceso y sus "irregularidades" que, a su juicio, generaron entre la población "la percepción de una influencia real de la política en el sistema judicial español", así como un incremento en la idea de la **"falta de independencia del Tribunal Supremo"**. Como sostuvo Peramato en ese escrito, la condena de García Ortiz "ha sido muy controvertida y criticada en ámbitos judiciales y legales". La fiscala general denunció además ante Bruselas la participación en actividades formativas de tres de los magistrados del tribunal que apoyaron la condena en una de las instituciones que sostenían la acusación, el **Colegio de Abogados de Madrid**. Uno de ellos fue, además, **director de tesis de dos de los abogados** que actuaban contra su antecesor en el cargo. Otro de los procesos que ha contribuido a incrementar dramáticamente la imagen de politización ha sido el caso abierto contra la esposa de Pedro Sánchez. La instrucción, plagada de excesos del juez Juan Carlos Peinado va a terminar, casi con total seguridad, por sentar a la pareja del presidente ante un jurado popular. Más allá de de la toma de declaración del propio Sánchez y de su ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, el intento de que el Supremo procesara a este último, la continua imputación de personas a las que previamente se tomó declaración como testigos y la falta de indicios contra Gómez y las extravagancias del proceso que, desde el inicio de la causa, denuncia el fiscal del caso, la última decisión estrambótica fue retirar el pasaporte a la investigada con la excusa de que los policías que la protegen podrían ayudarla a huir. Peinado ha generado varias quejas disciplinarias en el CGPJ que, por el momento, han quedado en nada. **El polémico instructor quedará impune porque se jubila** este mismo mes. Las consecuencias de todo esto aparecieron a principios de junio en sendas encuestas publicadas por _El País_ y _La Vanguardia_. Mientras que la derecha política y judicial ha pasado años acusando a Sánchez y al Gobierno de atacar la independencia de los jueces y la separación de poderes, ambos sondeos mostraron el descrédito que los ciudadanos perciben, con mayor intensidad entre la mitad del electorado que se decanta en cada elección por opciones de izquierdas. La encuesta de 40dB. para el diario de Prisa reflejaba que **dos de cada tres españoles considera que en la justicia española existe la práctica del** _**lawfare**_. En la de _La Vanguardia_ , elaborada por Ipsos, **seis de cada diez consultados observaban que "hay jueces haciendo política y políticos haciendo justicia"**. Entre los votantes del PSOE, esa percepción subía a ocho de cada diez, y algo más entre los partidarios de Sumar. Que la falta de credibilidad de la Justicia es un problema lo refleja también la posición de **nueve de los diez vocales progresistas del CGPJ** que, esta semana, han advertido del reto de superarla para el año judicial que se estrena este jueves. **"La confianza ciudadana en la justicia se encuentra seriamente dañada. Recuperarla requiere una institución capaz de escuchar el descontento** , reconocer los problemas y explicar con claridad tanto las actuaciones como las razones que las sustentan", decía el comunicado de esos nueve consejeros distribuido este martes. "Una justicia que no se comunica con transparencia se debilita como servicio público y como pilar del Estado de derecho", añadían para después concluir: **"No hay independencia judicial sólida sin responsabilidad, imparcialidad, transparencia, rendición de cuentas** y colaboración institucional". Este clima tan turbio se genera en medio de uno de los avances más importantes para el servicio público impulsados por un Gobierno en los últimos años. Los jueces, muy mayoritariamente escorados a la derecha –como demuestran los resultados de las elecciones a las Salas de Gobierno en la que todos votan (104 de las 118 plazas en juego fueron a candidatos conservadores en los últimos comicios de diciembre de 2024)– se han opuesto a todas las reformas judiciales planteadas por el Ejecutivo que, sin embargo, sí logró aprobar una: la ley de eficiencia. La norma, que da la vuelta al sector como a un calcetín, acaba con los órganos unipersonales e integra a sus titulares en tribunales de instancia en cada partido judicial, lo que permite ampliar la plantilla de jueces con un coste mucho menor. Gracias a ella, el ministro Bolaños ya ha anunciado la creación para este año de 500 nuevas plazas judiciales para acercar la tasa española de jueces por habitante a la media europea. Se trata de una reivindicación histórica de la magistratura. La última decisión de la Sala de lo Contencioso, que **priva provisionalmente del derecho al voto a medio millón de españoles sin poner en duda su nacionalidad,** ya ha recibido el reproche del presidente del Gobierno en la entrevista concedida a TVE este miércoles. **"No estamos a favor ni compartimos la resolución del Supremo y les hemos pedido que lo intenten resolver cuanto antes, desde luego, antes de las elecciones de 2027"** , ha dicho Sánchez a preguntas de Jesús Cintora. El jefe del Ejecutivo también ha vuelto a criticar el proceso abierto contra su esposa así como el de su hermano, condenado por el supuesto amaño de una oposición. Está por ver si la presidenta del Supremo, Isabel Perelló, en su discurso de este jueves ante el rey, vuelve utilizar las críticas del presidente para acusar al Gobierno de atentar contra la independencia judicial. Nueve vocales progresistas ya le han reclamado que aproveche la oportunidad para hacer autocrítica. El año pasado sostuvo que el cuestionamiento de las resoluciones por el Ejecutivo era "impropio de un Estado de derecho avanzado".

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El Sáhara devuelve al PP las contradicciones que explotó contra Sánchez

El Sáhara Occidental vuelve este jueves al Congreso y lo hace en un momento especialmente incómodo para el Gobierno de Pedro Sánchez tras la crisis de Ceuta, pero también para el Partido Popular. Apenas un día después de que **Alberto Núñez Feijóo haya elevado de nuevo el tono contra Sánchez y Marruecos** , el PP tendrá que retratarse ante una proposición de ley destinada a facilitar la nacionalidad española a los saharauis nacidos cuando el territorio estaba bajo administración española. Según se desprende de las declaraciones de los propios dirigentes conservadores, el partido optará por la abstención. La votación reúne en una sola decisión los tres equilibrios que el PP trata de mantener simultáneamente con Marruecos. El primero, endurecer su discurso contra Rabat después de la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de julio y disputar a Vox la bandera de la firmeza. El segundo, no romper con una posición mantenida durante años a favor de saldar lo que los propios dirigentes conservadores **califican como una “deuda” de España con los saharauis.** Y el tercero, no deteriorar hasta un punto irreversible la relación con un país que Feijóo necesitará como socio desde el primer día si consigue llegar a La Moncloa. La paradoja se ha hecho especialmente visible esta semana. Feijóo responsabiliza ya abiertamente a Marruecos de la crisis de Ceuta,**plantea incluso recurrir a las Fuerzas Armadas para blindar la frontera** ante una situación semejante y este miércoles llegó a lanzar contra Sánchez, en la sesión de control, una acusación de enorme carga política: “Si Marruecos canta, usted se va”, le espetó. El PP sostiene que el socialista está condicionado por Rabat y le exige que revele los términos reales de la relación bilateral. Pero en Génova también insisten en que no quieren romper con Marruecos. Feijóo ha defendido una relación “estable y constructiva”, “leal, transparente y recíproca” y mantiene su intención, anunciada en agosto, de que Rabat sea el destino de su primer viaje internacional si alcanza la Presidencia del Gobierno. El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, descartó el lunes que España deba romper relaciones con Marruecos, tal y como había manifestado la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El plan del PP, dijo, es “reorientar las relaciones bilaterales con Marruecos, exigiendo respeto y reciprocidad” y promover una relación “**que no admita amenazas ni chantajes** ”. La portavoz parlamentaria del PP, **Ester Muñoz** , evitó este miércoles confirmar formalmente el sentido del voto de su grupo, pero dejó prácticamente dibujada la abstención. “Estamos de acuerdo con darles la nacionalidad, no como lo está haciendo el Gobierno”, explicó. El argumento del PP es que no ha cambiado el fondo de su posición. Los conservadores defienden que los saharauis puedan acceder a la nacionalidad española, pero discrepan de que se haga a través de la carta de naturaleza. Prefieren una modificación que facilite el acceso mediante la residencia. “**Tenemos una deuda con el pueblo saharaui** ”, insistió Muñoz, aunque puso el foco en las garantías jurídicas del procedimiento previsto en la iniciativa. La distinción permite al PP buscar una posición intermedia: no votar contra una iniciativa favorable a los saharauis, pero tampoco respaldar el texto que llegará este jueves al pleno El recorrido parlamentario explica hasta qué punto esa posición se ha ido ajustando. Cuando Sumar llevó la proposición de ley al Congreso en febrero de 2025, el**PP votó a favor de su toma en consideración**. El texto salió adelante por 195 votos a favor frente a 116 en contra y 33 abstenciones.  En aquel momento fueron precisamente los socialistas quienes se opusieron a la iniciativa alegando, entre otras cuestiones, problemas con el procedimiento jurídico elegido. El diputado popular Carmelo Barrio respondió entonces al PSOE que no debía “esconderse” detrás de los argumentos jurídicos porque, a juicio del PP, existía una cuestión política pendiente con el Sáhara. “**No metan esta iniciativa en el congelador** ”, reclamó. Un año y medio después, los papeles se han movido. El PSOE ha terminado respaldando la iniciativa tras introducir modificaciones durante la tramitación y es ahora el PP quien fundamenta buena parte de sus reservas en el mecanismo jurídico escogido. Los de Alberto Núñez Feijóo votaron en contra del dictamen de la ponencia a finales de junio y después optaron **por la abstención en la Comisión de Justicia del pasado 23 de julio**. Este jueves apuntan a repetir esa abstención y mantienen vivas ocho enmiendas para el pleno. El texto que llega a la Cámara permitiría acceder a la nacionalidad a saharauis nacidos en el territorio cuando se encontraba bajo administración española y contempla distintos documentos para acreditar esa situación. Según las estimaciones manejadas por Sumar, **unas 80.000 personas podrían beneficiarse de la medida**. Para el PP, la abstención evita dos costes políticos. No desdice el apoyo que ha mostrado durante años hacia los saharauis ni se coloca junto a Vox, que rechaza la iniciativa. Pero tampoco da un sí a una ley sensible para Marruecos justo cuando los conservadores tratan de definir cómo sería su relación con Rabat desde el Gobierno. Génova encuadra sus reparos exclusivamente en el diseño de la ley, pero el contexto diplomático convierte la votación en algo más que un debate técnico sobre las vías de acceso a la nacionalidad. El primer equilibrio del PP es hoy el más visible. Feijóo ha abandonado progresivamente la prudencia que mantuvo durante las primeras semanas posteriores a la crisis migratoria de Ceuta y ha empezado a señalar directamente a Rabat. Afirma **que la operación “salió de Marruecos” y que existen indicios de que fue coordinada** desde allí. Génova, además, da credibilidad al informe policial que apunta a la posible participación de gendarmes marroquíes y lo utiliza como uno de sus principales argumentos contra Sánchez. El Ejecutivo, por su parte, sostiene que no dispone de pruebas concluyentes para atribuir al Gobierno marroquí la organización de lo sucedido. En ese endurecimiento ha pesado también José María Aznar, que, según el diario _El País,_ ha tenido un papel importante entre bambalinas para definir la posición del PP en la crisis de Ceuta, aconsejando a la dirección de Feijóo **que endureciera el tono.** El expresidente ha defendido tanto en público como en conversaciones con la dirección popular que frente a Marruecos hay que actuar con “contundencia” y que ante la crisis de Ceuta “solamente cabe la firmeza”. La presión de Vox completa el cuadro. La formación de Santiago Abascal sostiene una posición mucho más beligerante y ha llegado a defender **la ruptura del Tratado de Amistad con Marruecos** , una posibilidad de la que el PP se distancia. La competición a la derecha empuja a Feijóo a mostrar firmeza, pero la condición de candidato con posibilidades de gobernar le obliga al mismo tiempo a marcar un límite. En el PP tienen muy presente el precedente de Pedro Sánchez. En marzo de 2022, el presidente del Gobierno modificó la posición española sobre el Sáhara Occidental mediante una carta a Mohamed VI. España pasó a considerar la propuesta de autonomía presentada por Marruecos en 2007 como “la **base más seria, creíble y realista** ” para resolver el conflicto, aunque Sánchez mantuvo que la solución debía enmarcarse en Naciones Unidas y ser aceptada por las partes. El giro permitió iniciar una nueva etapa en las relaciones con Rabat después de la grave crisis diplomática de 2021, pero provocó una tormenta política en España y abrió otra crisis con Argelia. El PP convirtió desde el primer momento aquella decisión en uno de sus principales reproches en política exterior. Su entonces portavoz, Cuca Gamarra, calificó de “intolerable” que Sánchez modificase una posición vigente durante décadas como política de Estado sin informar ni buscar el consenso con el principal partido de la oposición. El PP de Pablo Casado exigió entonces que Sánchez compareciese en el Congreso y **reclamaron conocer el contenido completo de sus compromisos con Mohamed VI**. Feijóo mantuvo después esa ofensiva. En abril de ese año, todavía como presidente de la Xunta, calificó de “inadmisible” el cambio e insistió en que una decisión de esa relevancia no podía descansar únicamente en el presidente del Gobierno. Meses después siguió preguntando públicamente qué había pactado España con Marruecos y qué había obtenido a cambio. Pero, una vez en Génova 13, el líder del PP evitó comprometerse a revertir automáticamente la decisión si gobernaba. Su posición sobre el fondo del contencioso saharaui ha permanecido desde entonces calculadamente abierta. El argumento utilizado por Feijóo es que antes necesita conocer con precisión los compromisos adquiridos por Sánchez con Rabat. **Esa ambigüedad anticipa el dilema al que ahora se enfrenta el PP**. Durante cuatro años, el Sáhara ha sido una herramienta para acusar al Gobierno de subordinar la política exterior española a las necesidades de la relación con Marruecos. Pero gobernar obligaría también a Feijóo a administrar esa misma relación y sus dependencias. Los conservadores son conscientes de ello y, por ese motivo, **no quieren hacer anuncios ni compromisos que no saben si podrán cumplir.** La cooperación con Marruecos atraviesa el control migratorio, la seguridad y la lucha antiterrorista, Ceuta y Melilla, las relaciones comerciales y una larga lista de intereses compartidos. A ello se añade ahora la organización conjunta con Portugal del Mundial de fútbol de 2030. Entre los anteriores gobiernos del PP, José María Aznar hizo de Rabat su primer destino extranjero después de llegar a La Moncloa en 1996. Su sucesor, Mariano Rajoy, siguió también la tradición de conceder a Marruecos una consideración prioritaria, pese a que**los mandatos del PP tampoco estuvieron libres de fuertes tensiones bilaterales**. Feijóo quiere conservar esa tradición y, al mismo tiempo, diferenciarse radicalmente de Sánchez. Con la abstención, el PP busca defender que no reniega de los saharauis y que continúa considerando la nacionalidad una deuda histórica, aunque rechace el mecanismo planteado. **El Sáhara fue durante años uno de los asuntos con los que el PP denunció los equilibrios** y las concesiones de Sánchez ante Marruecos. El desafío para Feijóo va, sin embargo, mucho más allá de una votación. Su partido intenta ser más duro que Sánchez con Marruecos, evitar que Vox monopolice ese espacio, mantener una posición propia sobre el Sáhara y presentarse al mismo tiempo como una alternativa de Gobierno capaz de **reconstruir una relación estable con el reino alauí**.

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Los papeles desclasificados muestran el desconcierto de las Fuerzas de Seguridad sobre el rol de Marruecos

Los documentos desclasificados por el Gobierno relacionados con la entrada masiva de decenas de miles de inmigrantes a Ceuta dibujan una situación de desconcierto y caos absoluto durante las primeras horas. Sobre todo, en relación al papel jugado por las Fuerzas de Seguridad de Marruecos. Aquella mañana, en cuestión de minutos circularon informes, algunos dentro del mismo Cuerpo, que **hablaban abiertamente de "actitud negligente y pasiva"** junto con otros que no valoraban como "probable" que el cruce masivo de los llamados nadadores –aquellos que entran por mar en la ciudad autónoma– hubiera sido "consentido o incentivado" por el país alauita. El Reino de Marruecos estaba al tanto de lo que se estaba cociendo en redes sociales. El 29 de julio a las 18:26 horas el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) remitió una nota informativa urgente a la DGST y la DGDE –la inteligencia interior y exterior marroquíes– en la que alertaba de "la planificación de varias convocatorias para llevar a cabo entradas a Ceuta, tanto a nado como a través de la valla, aprovechando la celebración de la Fiesta del Trono". E identificaba esos grupos, que en conjunto sumaban más de 180.000 personas. **"Se agradece su inestimable y continua colaboración en este asunto"** , completaba la nota del CNI. Pocas horas después, el Regimiento de Guerra Electrónica nº32 del Ejército de Tierra valora, en un mensaje remitido al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), como "muy probable" que durante ese mismo día se intentara una "entrada masiva de migración irregular". Son las 12:06 horas del 30 de julio. Y para entonces las entradas ya han comenzado. A partir de ese momento, los informes de situación se suceden en las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o el Centro Nacional de Inteligencia. **Y en todos ellos se pone el ojo sobre el papel jugado por Marruecos en la crisis migratoria más grave de la historia reciente**. A las 13:00 horas, la inteligencia militar expone: **"Es muy probable que las autoridades marroquíes no estén favoreciendo activamente la oleada migratoria, pero hayan actuado hasta ahora de forma negligente y pasiva"**. En aquel informe, el CIFAS consideraba "probable" que las fuerzas de seguridad del país vecino incrementaran "su implicación" una vez finalizada la festividad. Y no descartaba que existiese un "cierto nivel de descontento" por la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Argelia o que Marruecos intentara "explotar la situación generada" en la ciudad autónoma "en beneficio de sus intereses estratégicos". Veinte minutos más tarde, un documento interno de la Guardia Civil insiste en la pasividad de unas fuerzas marroquíes que en las jornadas previas sí habían hecho esfuerzos para impedir llegadas –la jornada anterior habían interceptado a cerca de medio millar de personas intentando tocar suelo español–. "Por parte de las autoridades marroquíes se detecta pasividad y están permitiendo la llegada de candidatos hacia la zona fronteriza. **Hasta el día de ayer sí que se detectaba proactividad y colaboración adecuada** ", recogía dicho documento. Pero media hora después, la **Jefatura de Información** del mismo cuerpo emitía otro informe de situación en el que venía a descartar la dejación de funciones de las fuerzas de seguridad alauitas. Aquel documento recordaba que ningún medio oficialista había cargado contra las nuevas relaciones hispano-argelinas. Y, por tanto, consideraba "muy poco probable" que la monarquía de Mohamed VI estuviera **"utilizando la inmigración, en represalia y menos en un día tan importante para el Reino, contra los intereses de España"**. "Lo anterior, unido a las interceptaciones de las FSM en los días precedentes, hace que resulte poco probable que la aproximación en masa que se está produciendo al Tarajal, se deba a una dejación evidente de funciones de las autoridades marroquíes", continuaba. El documento señalaba, además, que "dada la idiosincrasia de Marruecos **puede resultar difícil pensar que nada suceda sin el conocimiento, la aprobación o el consentimiento del régimen** , tanto para favorecer sus intereses como para que un sector social o un problema pueda perjudicar su posición o relaciones con terceros". De esa premisa, sin embargo, el informe extrae la conclusión contraria. En la misma frase en que afirma darla "por hecho" y "sin descartar ninguna opción" –y tras recordar que Marruecos es "la principal amenaza no compartida de España"–, zanja: **"No se valora como probable que en este caso concreto haya sido así y que el paso masivo de nadadores sea consentido o incentivado"**. Una postura que el Servicio de Información mantuvo durante las horas posteriores, dando más peso a la hipótesis del "desbordamiento o sorpresa operativa" **que a la de la "connivencia de las autoridades marroquíes"**. El Centro Nacional de Inteligencia, por su parte, también se detuvo en la "postura marroquí" en una nota informativa remitida a las 21:20 horas del 30 de julio al Gobierno central y compartida con las autoridades ceutíes. "El gran volumen de migrantes magrebíes ha desbordado la capacidad de control de las pocas unidades en la zona. El control eficaz de la situación hubiese requerido del despliegue de un mayor número de efectivos especializados en el control de grandes masas de personas, como el activado con éxito en la crisis en Ceuta del 15.09.2024. **A nivel operativo, no se ha detectado reacción proactiva por parte de las autoridades marroquíes ante la pérdida de control de la situación** , más allá del despliegue de algunas unidades de antidisturbios en la frontera de Bab Sebta tres horas después del desbordamiento del espigón".

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Bruselas quiere blindar las restricciones a pisos turísticos: ¿qué cambiaría en España?

La vivienda sigue siendo uno de los problemas que más preocupan tanto en España como en el resto de Europa. Según Eurostat, la oficina estadística de la UE, “en 2024 los costes de la vivienda superaban el 40% de la renta disponible en casi uno de cada diez hogares de las ciudades de la UE y en el 6,3% de los hogares de las zonas rurales”. **En España, entre 2015 y 2024 los precios aumentaron un 60,3%** , siete puntos más que la media comunitaria. Tres años después de la entrada en vigor de la Ley por el Derecho a la Vivienda, la Comisión Europea ha presentado este miércoles una nueva propuesta que, en palabras de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, no presenta “ninguna contradicción” con la normativa española. Se trata de la propuesta de Reglamento de Vivienda Asequible**,** cuyo objetivo no es armonizar las políticas de vivienda de los Veintisiete ni obligar a las administraciones a imponer restricciones, sino establecer un **marco jurídico común** para determinar cuándo y bajo qué condiciones pueden limitarse determinados usos de la vivienda sin vulnerar las libertades del mercado interior. La Comisión busca así reducir la inseguridad jurídica y la litigiosidad a la que se enfrentan ayuntamientos y gobiernos que tratan de intervenir en mercados especialmente tensionados. La propuesta se centra fundamentalmente en dos tipos de actuaciones: las restricciones a los alquileres de corta duración y las que afecten a la compra o uso de inmuebles que no se destinen a la vivienda habitual. Pero Bruselas no concede a las administraciones nuevas competencias para adoptarlas:**esas facultades tendrán que existir ya en la legislación nacional**. Para poder acogerse a este marco, una administración deberá acreditar primero que se encuentra ante una **zona tensionada de vivienda**. Como regla general, el precio de una vivienda media tendrá que equivaler al menos a **ocho años de renta disponible per cápita** , esa relación entre precio y renta deberá haber aumentado durante los diez años anteriores y, atendiendo a la evolución de la población y de la oferta y demanda de vivienda, deberá ser improbable que la tensión desaparezca durante los tres años siguientes. Eso no bastará para imponer una restricción. La administración tendrá que probar también que los alquileres de corta duración **han perjudicado de forma significativa la disponibilidad o la asequibilidad de la vivienda durante al menos los tres años anteriores**. Además, deberá demostrar que no existe otra medida menos restrictiva igual de eficaz. Tras ser presentado, este reglamento pasará por el Parlamento Europeo y el Consejo para su aprobación y entrada en vigor, pero, ¿es esta una medida eficaz para erradicar el grave problema de la vivienda o se trata de otro parche? **Víctor Palomo** , abogado especialista en vivienda, aclara a **infoLibre** que la propuesta de Bruselas es una medida que habilita un marco regulatorio para que las administraciones puedan actuar con mayor seguridad jurídica, pero no las obliga a adoptar restricciones. “No es una obligación, sino unas posibles herramientas para que los ayuntamientos, si quieren, las puedan aplicar”, explica. Aunque se trata de un reglamento y, si se aprueba, será directamente aplicable, las administraciones no estarán obligadas a adoptar las restricciones que contempla. “Esto lo hemos visto también con la Ley de Vivienda, que **al suponer voluntariedad y no una imposición, los ayuntamientos no lo están aplicando** ”, puntualiza, lo que llevaría a ver esta medida “de parche, de buena intención o de cosmética”. En la práctica, de salir adelante esta medida de la Comisión Europea, la situación de la vivienda, al menos en el caso de España, podría quedar tal y como está. Para que se diese el cambio, según Palomo, **haría falta “voluntad y energías”** : “Hemos visto que con la Ley de Vivienda no ha funcionado y que incluso estar persiguiendo todos los pisos turísticos pesa mucho para una Administración”. Sin ir más lejos, solo Cataluña, Navarra, País Vasco, Asturias y Galicia han declarado zonas tensionadas al amparo de la Ley de Vivienda, con **resultados “muy tímidos”** , según Palomo. El abogado especialista en vivienda hace hincapié en los **pisos turísticos** , los cuales cree que **deberían ser eliminados y sancionados de manera contundente** para que este tipo de medidas prosperen. Menciona casos como los de Nueva York o París, en los que la regulación de pisos turísticos pasa por establecer usos acotados –solo 90 días al año por piso o solo se permite alquiler de habitaciones donde viva el propietario–. Aún así, estas medidas suponen un gran esfuerzo para las administraciones, las cuales deben invertir en crear un **amplio cuerpo de inspectores** para comprobar que estas medidas se cumplen. “**La propuesta de Bruselas tiene buena fe en principio** , pero lo que supone es que tengas que generar mucho gasto para perseguir si se están cumpliendo estas medidas o no”, señala. Habla también del caso de Madrid, ciudad en la que en la app de alojamientos turísticos Airbnb se ofertan alrededor de 18.000 pisos turísticos, pero cuando el Ayuntamiento de la capital da datos habla de alrededor de 1.900 pisos turísticos legales. “Estamos hablando de que aproximadamente un 90% de los pisos turísticos son ilegales; es decir, **la norma es lo ilegal**. Entonces, todo lo que no pase por la prohibición y eliminación del concepto de piso turístico, va a costar mucho para que triunfe”, concluye. “Para que sea eficiente habría que aplicar una normativa compleja e interpretativa”, agrega, porque la “vaguedad normativa” existente en España “es el caldo de cultivo que busca la gente que se dedica a alquilar pisos turísticos”. “Nuestro principal problema en España no se vería solucionado con esta ley, porque **el principal problema son los pisos turísticos ilegales**. Las viviendas son para vivir y no para hacer un negocio”, sentencia.

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La Agencia de Protección de Datos abre una investigación de oficio sobre el dosier de tertulianos de Interior

La **Agencia Española de Protección de Datos**(AEPD) ha decidido abrir una investigación de oficio en relación con las informaciones publicadas en las que se hace referencia a un informe de la Oficina de Comunicación del **Ministerio del Interior** que incluye nombres de periodistas junto a observaciones sobre su supuesta ideología o tendencias políticas. Según ha confirmado la agencia a **infoLibre** , la AEPD se dispone a analizar, entre otros aspectos, "la naturaleza, alcance, utilización y base jurídica de este tratamiento de datos personales, sin que el inicio de estas actuaciones prejuzgue la existencia de una infracción". Este organismo recuerda que todo tratamiento de datos personales ha de cumplir con los requisitos del artículo 5 del **Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)** —entre ellos, el principio de limitación de la finalidad— y del artículo 6 —existencia de una base de licitud—. El artículo 5 del RGPD es como un "código de buenas maneras" para los datos: dice que quien los usa debe ser claro y honesto, recoger solo lo necesario para un propósito concreto y no usarlos luego para otras cosas distintas, guardarlos el tiempo justo y protegerlos bien. El artículo 6 añade que, para poder usar esos datos, hace falta una razón válida: que tú hayas dicho que sí, que sea necesario para un contrato, para cumplir una ley, para protegerte en una emergencia, para una tarea pública o porque quien los usa tenga un interés legítimo que no te perjudique. Y si los datos hablan de tus ideas políticas o tu ideología, la regla es aún más estricta: por defecto no se pueden tocar, salvo en contadas excepciones muy justificadas. Ello sin perjuicio de que, además, cuando se trata de datos de categorías especiales, como la ideología o las opiniones políticas, ha de existir una causa que levante la prohibición general de su tratamiento establecida en el artículo 9.1 del RGPD. El propio presidente del Gobierno, **Pedro Sánchez** , consideró este miércoles que el dosier sobre la orientación ideológica de periodistas en poder del Ministerio del Interior es "muy poco apropiado", pero ha rechazado que el PP o Vox puedan darle "lecciones". Entrevistado en TVE, Sánchez ha recordado en ese contexto "amenazas" de cerrar o "triturar" medios y señalamientos de trabajadores de la televisión pública, y ha garantizado que su Gobierno respeta la autonomía y la independencia de los periodistas y de los medios de comunicación. Ha señalado que se trata de un dosier elaborado por el gabinete de comunicación de Interior y, aunque ha insistido en que le parece "muy poco afortunado", rechazó recibir lecciones de quienes "asustan y amenazan a los trabajadores de medios de comunicación", o financian con dinero público a "agitadores que claramente son ultraderechistas y que nada tienen que ver con el ejercicio de la profesión de periodista". El Ministerio del Interior pidió este martes disculpas tras conocerse que su Oficina de Comunicación elaboró en febrero de 2024 un dosier interno en el que clasificaba ideológicamente a decenas de periodistas y tertulianos de radio y televisión. El departamento, dirigido por **Fernando Grande-Marlaska** , calificó el documento como un texto de "carácter interno" y finalidad exclusivamente "consultiva", e insistió en que no tenía ningún propósito de censurar, restringir o limitar el ejercicio profesional de los periodistas citados. Interior asegura que su oficina atiende a todos los medios "sin establecer distinciones de ningún tipo" y con "pleno respeto a la libertad de prensa y al pluralismo informativo". El documento, titulado "Tertulianos. Radio y Televisión" y difundido por _El Confidencial_ , contiene fichas individuales con fotografía y comentarios explícitos sobre la adscripción ideológica de los periodistas y tertulianos incluidos, con calificaciones como "afín al PSOE", "tendencia conservadora" o "crítico con la amnistía". La revelación ha provocado una condena casi unánime de las organizaciones de periodistas y de la oposición política. La **FAPE** y la Red de Colegios Profesionales de Periodistas han tachado la práctica de "incompatible con el Estado de derecho" y de "atentado a la libertad de prensa", y han exigido el cese inmediato de cualquier clasificación de periodistas por organismos públicos y la depuración de responsabilidades. Dirigentes del PP han hablado de "la Stasi de Marlaska", mientras que el portavoz socialista en el Congreso, **Patxi López** , se desmarcó del ministerio y afirmó que "no me gustan absolutamente nada; ninguna lista en que se clasifique a nadie, ni por su pensamiento, ni por su ideología".

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Sánchez admite fallos en Ceuta ante "ataques híbridos" y recuperará a Zapatero en campaña

El presidente del Gobierno, **Pedro Sánchez** , ha admitido en TVE que el Estado debe mejorar su capacidad para afrontar episodios como el ocurrido en Ceuta hace un mes. Ha dicho que el deber del Estado **es “prepararse mejor” ante los “ataques híbridos”** , un concepto que no había utilizado hasta la fecha el socialista aunque ha defendido el grueso de la actuación de su Ejecutivo. El jefe del Ejecutivo también ha confirmado que pretende contar con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la campaña electoral de 2027 y ha reiterado su voluntad de volver a presentarse —previo paso por las primarias del PSOE—. Ha señalado, a su vez, que la respuesta al avance de la extrema derecha**debe consistir en hacer “más políticas progresistas** ”. Al mismo tiempo, ha cerrado filas con su mujer, Begoña Gómez, y con su hermano, David Sánchez, ante sus procedimientos judiciales y ha vuelto a negar tajantemente que exista financiación irregular en el PSOE. Preguntado directamente por los periodistas Jesús Cintora y Esther Palomera qué falló en Ceuta, Sánchez ha identificado dos ámbitos en los que, a su juicio, el Estado debe mejorar. El primero, “**cómo nos preparamos ante ataques híbridos de esta naturaleza** ” y también“ cómo Ceuta y Melilla **“se preparan para una realidad estructural** " de desigualdad “entre un lado y otro de la frontera”. El socialistal ha defendido la necesidad de seguir invirtiendo en el perímetro y el control de la frontera y de contar con una red de infraestructuras de acogida suficiente. Ha situado como objetivo disponer de unas 6.000 plazas activadas. Es una de las pocas concesiones explícitas a la autocrítica que ha realizado Sánchez. Ha admitido que el “Estado no estaba suficientemente preparado para una llegada de aquellas dimensiones”, pero ha rechazado que eso equivalga a una desatención política de la crisis. **“He estado al pie del cañón desde el minuto uno** ”, ha sostenido, y se ha reivindicado como el presidente que más veces ha viajado a Ceuta y ha defendido su decisión de mantener parte de sus vacaciones en agosto. Aunque Sánchez ha elevado la caracterización de lo sucedido en Ceuta, ha evitado responsabilizar directamente a Marruecos. El presidente del Gobierno incidió de nuevo en que los informes disponibles antes de los acontecimientos del 30 y 31 de julio **no anticiparon la magnitud de la entrada** y que, hasta el momento, no existen pruebas sólidas que permitan atribuir su organización al Gobierno marroquí. Así, según Sánchez, España no puede desencadenar una crisis diplomática de primera magnitud con Marruecos sin disponer de pruebas. Sánchez ha insistido además en que la respuesta a una crisis migratoria debe mantener el respeto a los derechos humanos. Los migrantes, ha venido a defender, “no son invasores”, sino personas que buscan una vida mejor, y ha rechazado las posiciones que plantean una actuación indiscriminada de las fuerzas de seguridad. En ese contexto ha situado también la futura visita del rey Felipe VI a Ceuta y Melilla. **Sánchez no ha concretado la fecha y ha pedido margen para trabajar el viaje con la Casa Real,** pero ha defendido que la presencia del monarca es ahora especialmente necesaria. Otro de los mensajes más claros de la entrevista ha llegado cuando Sánchez ha sido preguntado por José Luis Rodríguez Zapatero y por si el expresidente continúa ejerciendo como **una suerte de “faro moral** ” para el socialismo. Sánchez no ha asumido esa definición, pero sí ha hecho una defensa inequívoca de su antecesor. “Tanto la trayectoria como el legado de José Luis Rodríguez Zapatero es muy importante para el PSOE, también creo que para España”, ha afirmado, antes de mencionar particularmente sus avances en materia de igualdad. Y ha despejado después cualquier duda sobre el papel que quiere reservarle: “**Yo voy a contar con José Luis, como he contado siempre en las campañas electorales** ”. La afirmación llega en un momento especialmente delicado para Zapatero, investigado en el caso Plus Ultra. Sánchez ha vuelto a invocar la presunción de inocencia y ha afirmado que cree al expresidente, como ya hizo antes de las vacaciones de verano. Esa apelación a la presunción de inocencia se ha extendido también al entorno familiar del presidente. Sánchez ha vuelto a defender a su mujer, Begoña Gómez, después de los últimos movimientos en el procedimiento instruido por el juez Juan Carlos Peinado, y a su hermano, David Sánchez. Sobre Gómez, ha reivindicado su trayectoria profesional y ha asegurado que “**no se le ha hecho justicia”**. El presidente considera que tanto ella como su hermano han terminado ante los tribunales por su relación familiar con él. Sánchez ha enmarcado las actuaciones contra su entorno en lo que describe como una ofensiva de asociaciones ultras que, a su juicio, han traspasado la frontera de la crítica legítima al presidente para dirigirse contra sus familiares. Ha citado entre los episodios que más le llamaron la atención la retirada del pasaporte de Begoña Gómez. Preguntado por el concepto de _lawfare_ que defienden algunos ministros del Ejecutivo como Óscar Puente, Sánchez ha evitado ratificar que esté sufriendo una guerra judicial y ha emplazado al desenlace de los procedimientos judiciales. El socialista ha utilizado como ejemplo la ley de amnistía, cuya constitucionalidad ha sido avalada por el Tribunal Constitucional, y la ha defendido de nuevo **como un instrumento al servicio de la convivencia y el entendimiento.** El presidente del Gobierno también ha vuelto a negar que exista “financiación irregular del PSOE”, una afirmación que ya ha realizado de manera reiterada durante los últimos meses ante las investigaciones que afectan a antiguos responsables socialistas. Sánchez tampoco ha despejado algunas dudas sobre el calendario político. “No habrá “superdomingo electoral”, ha señalado, y **su horizonte sigue siendo 2027**. El presidente quiere agotar la legislatura y presentarse de nuevo a las generales, aunque ha recordado que antes deberá someterse al procedimiento de primarias del PSOE y que se puede producir un “adelanto técnico”. Su discurso mira ya abiertamente a una nueva candidatura. Sánchez ha reivindicado los ocho años que lleva al frente del Ejecutivo y enmarca la recta final de la legislatura no como una despedida, sino como la preparación de un nuevo ciclo. Apenas dos días antes afirmó ante los parlamentarios socialistas que el proyecto del PSOE mira incluso “a 2030” y pronosticó otros cuatro años de gobierno progresista. Un mensaje que volvió a repetir en la sesión de control al Gobierno ante el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo Para llegar hasta ahí, **Sánchez vuelve a apostar por una estrategia conocida** : confrontar políticamente con la derecha desde posiciones progresistas y presentar al PSOE como el principal dique frente al ascenso de la extrema derecha. Sánchez sostiene que existe una “internacional ultra” que busca hacer caer a gobiernos progresistas y ha endurecido especialmente su diagnóstico sobre el Partido Popular, al considerar que el PP está incorporando cada vez más elementos del discurso de Vox.

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La Fundación Alternativas alerta de que la dependencia de EEUU se ha convertido en “un lastre” para la UE

La Unión Europea ha llegado tarde a su propia autonomía y ahora está pagando la factura. Esa es la tesis que atraviesa el _**Informe sobre el estado de la Unión Europea 2026**_ , presentado este miércoles por la Fundación Alternativas en su sede de Madrid. El documento del centro independiente de pensamiento y debate para la transformación política y social sostiene que la histórica dependencia comunitaria de Estados Unidos **“se ha convertido en un lastre en lugar de una ventaja, porque condiciona la libertad de acción de la Unión** , también en sus políticas internas, pero sobre todo en su acción exterior”. La presentación ha corrido a cargo de **Diego López Garrido** , vicepresidente ejecutivo de la fundación y secretario de Estado para la Unión Europea entre 2008 y 2011, que ha ejercido también de moderador. El acto ha incluido una intervención especial de **Fernando Sampedro** , actual secretario de Estado para la UE, y un conversatorio con **Elena Muñoz** , coordinadora estatal del Servicio Jurídico de CEAR; **Mercedes Guinea** , profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid; y **Pablo Garde** , subsecretario de Industria y Turismo. El diagnóstico va más allá de la incomodidad estratégica. Esa subordinación, advierte el informe, llega a hacer de la UE **“cómplice ante otros países —aunque solo sea por pasividad— en acciones ilegales o ilegítimas emprendidas o respaldadas por Washington”**. Sitúa el punto de inflexión en el segundo mandato de Donald Trump, cuya política internacional “unilateral y abusiva” ha puesto de manifiesto, “más que nunca”, los riesgos de décadas de inacción europea. El informe recuerda que “las naciones que forman la Unión Europea han postergado durante décadas las decisiones y acciones necesarias para alcanzar su autonomía estratégica”. Algunas por desconfianza hacia las intenciones o la capacidad de sus socios, y muchas otras, sencillamente porque “estaban muy cómodas ocupadas en su desarrollo económico y comercial”. El resultado, según la Fundación, ha sido **delegar la seguridad del continente en una potencia sobre la que los europeos “no tienen ningún control y que naturalmente prioriza sus propios intereses”**. Frente a ese escenario, el informe propone convertir la soberanía estratégica en el “eje vertebrador de la Europa geopolítica, combinando autonomía energética, tecnológica, industrial y defensiva con democracia, cohesión social y multilateralismo”. La Fundación considera indisociable una **“participación amplia de los ciudadanos en todas y cada una de las distintas fases del proceso de toma de decisiones”** , desde la concepción hasta la aplicación de las políticas, como vía para recuperar la confianza en las instituciones. El documento fija como objetivo prioritario que la acción exterior comunitaria pase por “sostener y difundir un modelo alternativo al de la fuerza, la violencia, la dominación y la vulneración de todas las normas y todos los derechos, que parece prosperar de la mano de aspirantes a dictadores como Trump o Putin”. La UE, sostiene el informe, **debe proyectar en todo el mundo “los valores de solidaridad, cooperación, respeto mutuo, libertad y paz”** , porque sus intereses solo pueden desarrollarse en “un entorno democrático y pacífico”. En lo referido a Oriente Medio, el texto**reclama que la Unión “alcance una posición común”** que solo pueda sustentarse en los principios de legalidad y respeto a los derechos humanos consagrados como fundamento de su política exterior. Entre las “evoluciones positivas” del Estado de derecho en la Unión Europea, el informe sitúa como principales causas los **“cambios de gobierno en Polonia y Hungría”** , como fue el vuelco electoral que puso fin a 16 años de Viktor Orban en abril y a **la “presión constante” del Tribunal de Justicia de la UE** (TJUE). En el lado negativo, el documento no olvida la ineficacia del mecanismo de sanciones del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea. En materia industrial, el informe exige **“más ambición en el diseño de las políticas públicas industriales europeas”** y considera que, mientras se implementa la Brújula de Competitividad, Bruselas debería estar ya dise­ñando un nuevo plan capaz de situar a la industria europea en un nivel de competitividad “equiparable a la de EEUU y China”. El **Pacto Verde** , en esa lógica, deja de leerse exclusivamente como “un proyecto climático, sino que **se trata de un pro­yecto de soberanía económica, segu­ridad energética, reindustrialización y cohesión social** que utiliza la descarbo­nización como vector de transformación productiva”. En materia migratoria, el informe constata que la Unión ha hecho suyo el llamado enfoque de rutas. “Es el enfoque que ya viene implementando la Comisión desde hace tiempo” y que consiste en **ordenar la política migratoria en torno a los corredores por los que se llega a Europa, en lugar de negociar país por país**. La Fundación constata que en los próximos cinco años se debe reforzar los acuerdos ya firmados con terceros países, de origen, de tránsito y de acogida de población refugiada, y cerrar otros nuevos. Entre esos socios, el documento destaca a Egipto, Túnez, Jordania y Mauritania, y señala el Pacto del Mediterráneo como marco de referencia para los vecinos del sur. Son acuerdos que, sostiene el texto, **“la UE ha de seguir fomentando para evitar las llegadas irregulares y desmantelar las redes de tráfico de personas”** e "intensificar los retornos" de quienes se encuentran en situación irregular. Por otro lado, “intervenir en las causas profundas de la migración, fortalecer los sistemas de asilo de terceros países para que puedan ofrecer protección a los refugiados cerca de los países de origen y vías de reasentamiento en la UE”. Sobre el reto tecnológico, el informe vincula directamente a**“la supervivencia económica de la UE en un entorno geopolítico competitivo”** , pero pide a los europeos desarrollar “una alternativa conceptual a ciertas corrientes tecnocapitalistas procedentes de EEUU”. La **inteligencia artificial** , advierte, no es “una panacea para los problemas sociales, económicos o culturales”. **Mal utilizada puede agravarlos**. De ahí que la propuesta no sea plantear una alternativa a la IA, sino **“retomar el control y generar inteligencias artificiales alternativas para la mejora económica y social”**. El informe cierra reconociendo que **la autonomía energética plena es inalcanzable**. “La UE no puede aspirar a una independencia energética absoluta en un sistema global profundamente interconectado”. Su objetivo debe ser, en cambio, “la reducción de las dependencias críticas, la diversificación de riesgos y la construcción de una autonomía estratégica relativa capaz de limitar la exposición a presiones externas”.

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